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Hasta 27 municipios tienen autorización para instalar más de 340 videocámaras
Utebo y Barbastro, de los más poblados en Aragón, pueden disponer de 40 dispositivos cada uno. La Delegación del Gobierno contabiliza 13 cámaras en trámite para ser colocadas, seis de ellas en Zaragoza.
Para mejorar la seguridad, poder detectar a posibles infractores y evitar nuevos delitos, hasta 27 municipios aragoneses cuentan ya con autorización para instalar más de 340 videocámaras en total. El uso de estos dispositivos se ha extendido gracias a la utilidad que tienen y la posibilidad que brindan a la hora de mejorar la seguridad de la ciudadanía.
Según los datos contabilizados por la Delegación del Gobierno en Aragón, los municipios de Utebo, el tercero más grande de Zaragoza, y Barbastro, el tercero más poblado de Huesca tienen autorización para colocar 40 cámaras cada uno. Caspe es el siguiente, con 39. Además, hay expedientes en trámite para autorizar 13 sistemas de seguridad más en Aragón, seis de ellas en Zaragoza, tres en Huesca y cuatro en Fraga. Llama la atención el caso de municipios como Aguatón, que con tan solo 17 habitantes censados –según datos del INE de 2021–, tiene pendiente la instalación de cuatro cámaras de seguridad; también destaca Balconchán, que con la misma población tiene autorizados tres dispositivos.
En Huesca, hasta 107 dispositivos están en trámite para ser renovados –hay 110 en total–. También se van a restaurar 14 en la capital aragonesa y 25 en Fraga. Huesa del Común es el municipio que menos cámaras tiene, con tres, y tan solo 73 habitantes en 2021.
El Ayuntamiento de Longares –con casi 1.000 habitantes– instaló el pasado mes de octubre dos cámaras de videovigilancia en la plaza de España para evitar posibles actos vandálicos que se venían repitiendo en los últimos meses. Ese es uno de los principales objetivos de estos dispositivos. Precisamente, en Zaragoza, la calle Dato estrenará en 2023 un sistema con un programa piloto para prevenir actos violentos que ya habían ocurrido en la mencionada vía, un innovador modelo que no solo registra imágenes en movimiento, sino que permite detectar comportamientos sospechosos a partir de los datos que capten del movimiento de personas, objetos y vehículos.
No todas las videocámaras tienen sistemas tan avanzados. Son los propios ayuntamientos los que deben especificar el tipo de cámara y sus condiciones técnicas en su solicitud. "Los municipios que quieren instalar cámaras deben presentar en la subdelegación correspondiente un informe de solicitud, que es estudiado por la Policía Nacional o la Guardia Civil, en función de si el municipio tiene Policía Local o no. Se lleva a la Comisión de Garantías de Videovigilancia y esta ofrece informe favorable a la instalación o no", indican desde la Delegación del Gobierno. Una vez instaladas, dependen de los Ayuntamientos, tanto del tratamiento de las imágenes como de su mantenimiento.
Dicha comisión tiene como objetivo analizar la utilización de estos dispositivos de manera que no se infrinjan los derechos y libertades de los ciudadanos.
