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Polémica en Albarracín por la instalación de videocámaras: “Esto no es Gran Hermano”, dice el PP

El grupo municipal en la oposición recoge firmas contra la videovigilancia y la ordenanza de convivencia que impulsa el equipo de gobierno, del PSOE

El Ayuntamiento de Albarracín ha instalado ya una cámara a modo de prueba.
El Ayuntamiento de Albarracín ha instalado ya una cámara a modo de prueba.
Heraldo

El Partido Popular en Albarracín, que ejerce la oposición en el Ayuntamiento de la ciudad con cuatro concejales frente a los cinco del PSOE, ha iniciado una recogida de firmas entre los vecinos para mostrar su rechazo a la instalación de videocámaras en las calles así como a la ordenanza de convivencia que prepara el equipo de gobierno socialista y que en estos momentos se encuentra en fase de exposición pública.

El portavoz de los populares en Albarracín, Tomás Almazán, estima que, con la videovigilancia, “esto va a ser Gran Hermano y no creo que seamos tan incívicos”. El concejal del PP considera que la instalación de las 25 cámaras previstas “será muy costosa económicamente y obligará a levantar las calles de medio Albarracín para poder instalar la fibra óptica”. “Es un gasto innecesario y supondrá más perjuicio que beneficio en una ciudad que ya es Monumento Nacional y que aspira a ser Patrimonio Universal de la Humanidad”.

Según Almazán, en Albarracín no se producen actos vandálicos y el turismo, de tipo familiar, respeta la ciudad. “Vivimos todos en armonía desde hace años, no hace falta una ordenanza; la prueba es que esta Semana Santa han venido 5.000 personas y no ha pasado nada”, subraya. A su juicio, el coste de las videocámaras podría ir destinado “a otros fines más urgentes, como medidas para atraer vecinos, pues Albarracín ya tiene menos de 1.000 habitantes”.

Por ahora, el grupo popular ha reunido alrededor de 200 firmas en contra de la ordenanza propuesta por el equipo de gobierno, si bien la campaña de recogida durará hasta el próximo 27 de abril.

El alcalde de Albarracín, el socialista Michel Villalta, sostiene que la única finalidad de las cámaras de vigilancia será “disuasoria de aquellas conductas que puedan perjudicar al patrimonio arquitectónico de la localidad, que debe protegerse”. Explica que los aparatos irán instalados en las farolas y pasarán “desapercibidos”, sin que sea necesario abrir zanjas en las calles para instalar el cableado. Quince de las videocámaras se distribuirán por el Casco Histórico y enfocarán los principales monumentos, mientras que las 10 restantes se instalarán en las zonas de aparcamiento.

Villalta destaca que el problema de Albarracín es el “botellón indiscriminado” que se registra en el conjunto histórico, una práctica que el Consistorio quiere erradicar por la gran cantidad de basura que genera, con papeleras colmatadas tras cada fin de semana.

El alcalde considera que la oposición municipal está siendo “incoherente, pues quiere reducir los residuos urbanos, pero no quiere poner medidas para ello”. Añade que la instalación de las videocámaras, ya autorizada por la Subdelegación del Gobierno en Teruel, costará alrededor de 90.000 euros de los cuales el Consistorio deberá aportar solo un pequeño porcentaje debido a la ayuda que recibirá del Fite, el Fondo de Inversiones de Teruel. 

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