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La DGA reforzará y ampliará las ayudas a los dependientes y sus cuidadores
Ajustará con una orden los criterios a la norma nacional y abrirá las residencias a personas con discapacidad de grado 1.
La covid trajo consigo nuevos desafíos al afrontar el cuidado de personas mayores y con discapacidad. Motivó, además, la aprobación de un plan de choque nacional para la atención a la dependencia con mejoras a desarrollar, también, en las autonomías. La Consejería de Ciudadanía prepara una orden para aplicar en Aragón los beneficios en las prestaciones, tanto en la intensidad como en las cuantías, la ampliación de los servicios gratuitos, la nueva regulación del asistente personal y la simplificación de los trámites. La orden aragonesa reforzará la atención a los cuidadores y abrirá la puerta al acceso a la atención residencial a discapacitados con grado 1 (nulo), a los que se podrá proporcionar, tras examinar su situación sociofamiliar, atención en un centro de día e incluso accederán a un servicio de alojamiento en situaciones de exclusión o como acompañantes de otras personas.
También se prevé ofrecer servicios de alojamiento temporal para apoyar a los cuidadores si con ello se consigue el mantenimiento de los dependientes en su entorno habitual. La duración máxima sería de 60 días.
En cuanto a los cuidadores no profesionales, deberán ser mayores de edad, residir en España, ser familiares, convivir con el dependiente y someterse a las acciones formativas que resulten exigibles. En los núcleos despoblados, se admitirá que sea un vecino.
Mientras se ultima esta nueva orden, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) prevé afrontar 2023 con 416 millones de euros de presupuesto, la cuantía más elevada de toda su historia. Buena parte de los fondos europeos se destinarán a mejorar las infraestructuras y a reforzar la prestación de servicios. Incluida la asistencia a beneficiarios del ingreso mínimo de inserción_(IMV), a través de un programa dotado con 7,4 millones para activar políticas de inclusión.
En atención a la dependencia, el IASS se fija como objetivo ampliar las coberturas, reducir las listas de espera e impulsar nuevos servicios y prestaciones a través de la orden que está en elaboración.
La reformulación del sistema persigue garantizar el derecho de las personas dependientes a continuar residiendo en su vivienda para retrasar al máximo su institucionalización. Para conseguirlo, se plantea facilitar apoyo y formación a los cuidadores y configurar unidades residenciales más pequeñas.
La atención a la dependencia tiene asignado un crédito de 111,4 millones, y en los gastos de personal se incluye la contratación de 33 trabajadores para el plan de choque que debería reducir las listas de espera. Para financiar las prestaciones económicas vinculadas al servicio y al cuidado en el entorno familiar se reservan 81 millones, y hay 21 más para la ayuda a domicilio.
Más de 125,8 millones se dedicarán a la atención al mayor, con una especial atención a los que sufren soledad no deseada. Se mantendrán el teléfono del mayor y los programas de envejecimiento activo a través de una red de hogares que cuenta, en la actualidad, con más de 103.300 socios en la Comunidad. Incluye, también, el personal que atiende a los 1.911 usuarios de las residencias (1.144 en Zaragoza, a 231 en Huesca y 536 en Teruel) y a los 367 de los centros de día.
El IASS destina 87,6 millones a la atención de personas con discapacidad, y entre las actuaciones más destacadas en este área figura la reorganización de un nuevo centro de referencia para la atención especializada de los niños del CATI (Centro de Atención a la Infancia) de Zaragoza.
En los cuatro centros de valoración en funcionamiento se atiende a 24.000 personas al año, se realizan 21.000 reconocimientos de discapacidad y 30.000 tratamientos de rehabilitación. Los centros residenciales asisten a 264 personas, de los que 234 son internos. Está previsto reforzar la plantilla con 9 trabajadores para agilizar los procesos, según figura en el proyecto de presupuestos. Los créditos para concertar plazas en centros especializados rondan los 53,5 millones.
A la atención temprana de menores discapacitados se dedican 8 millones, que permitirán financiar 18.474 sesiones de atención regular, 228 de intensiva, 144 de intensiva a domicilio y 1.093 de seguimiento.
Menores en dificultad social
Asume, también, el Gobierno de Aragón la tutela de menores en dificultad social mediante acogimientos familiares, programas de emancipación juvenil y de intervención familiar y residencias. El presupuesto asignado supera los 43,3 millones y se ofertan 202 plazas en equipamientos con fines variados, que van desde centros de acogida y viviendas hogar a los de internamiento.
A la remuneración de las familias con menores en acogimiento temporal se destinan 850.000 euros y a la atención a menores migrantes no acompañados, 2,2 millones, para 81 plazas concertadas.
La crisis económica por la covid y por Ucrania sitúa el foco en la protección de vulnerables, para los que se reservan 17,7 millones. A combatir la pobreza energética irán 1,1 millones, a la privación de alimentos otro millón, hay bonos digitales y 270.000 euros para entidades que atienden las necesidades básicas de personas beneficiarias de protección temporal por el conflicto en Ucrania.
