A la espera de las posibles modificaciones de última hora que se introduzcan en la tramitación parlamentaria de esta semana en el Congreso de los Diputados, el nuevo impuesto para las grandes fortunas impulsado por el Gobierno central no supondrá una doble tributación para los aragoneses. Al menos, para la inmensa mayoría. La propuesta de la coalición PSOE-UP prevé los mismo tipos que ya aplica la Comunidad en su impuesto de Patrimonio, aunque no contempla la bonificación del 99% para las personas con discapacidad que ofrece la DGA.

El Ejecutivo busca con esta medida «armonizar» la presión fiscal a las grandes fortunas del país, después de que Andalucía -y Murcia a partir de 2023- se sumara a la bonificación total de este impuesto que aplica desde hace años la Comunidad de Madrid. Tres gobiernos del PP que, según la Moncloa, son «insolidarios» con el resto de territorios al «favorecer a los más privilegiados».

Aunque reticente en un principio, finalmente el PSOE asumió la propuesta de su socio de Gobierno e impulsó un Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas con el objetivo de reemplazar al de Patrimonio allá donde hubiera sido suprimido. Para ello, se ha previsto asemejar los tipos aplicables de ambos tributos: del 1,7% para las fortunas de entre 3 y 5,3 millones; del 2,1% entre 5,3 y 10,6 millones; y del 3,5% para las que superen los 10,6 millones.

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En Aragón, 14.000 contribuyentes aportan cada año una suma total de 50 millones de euros a las arcas del Pignatelli a través del impuesto de Patrimonio. De ellos, medio centenar declaran por encima de los 3 millones de euros, excluida la vivienda particular hasta los 300.000 euros y la riqueza empresarial.

Salvo sorpresa, estas grandes fortunas no deberán afrontar una doble tributación, y solventarán el tributo a nivel autonómico, aunque desde el departamento de Hacienda de la DGA prefieren esperar a conocer la letra pequeña del acuerdo parlamentario definitivo para descartarlo por completo.

Entre otros motivos, porque el de Patrimonio es un impuesto estatal cedido a las autonomías, y cada una de ellas lo ha regulado a su manera. Por ejemplo, varía el umbral mínimo, que en Aragón se sitúa en 400.000 euros, el más bajo del país, mientras que otras mantienen el original, de 700.000, y los ya citados que lo bonifican al 100%.

Pero hay otras diferencias. En Aragón se bonifica al 99% los patrimonios protegidos de las personas con discapacidad, una excepción que no se contempla en el nuevo tributo estatal.

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Nueve comunidades afectadas

De igual modo, algunos territorios han modificado los tipos aplicables y otro tipo de bonificaciones. De tal forma que, aunque el impuesto de solidaridad estaba pensado para gravar a las grandes fortunas en las autonomías sin impuesto de Patrimonio, sus efectos se harán notar en otras.

Según una simulación del Registro de Economistas Asesores Fiscales, los contribuyentes con un patrimonio superior a los 40 millones tendrán que afrontar la doble tributación en Andalucía, Asturias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Madrid y Murcia. A estas afecciones habría que añadir la referente a la bonificación por discapacidad que aplican Aragón, Asturias y Cataluña, y algún caso puntual en Baleares, donde el tipo máximo es levemente inferior (del 3,45% frente al 3,5% estatal). 

Una medida temporal y revisable que irá al Constitucional

El nuevo impuesto a las grandes fortunas ha estado envuelto en polémica desde el primer día. Los gobiernos autonómicos más afectados, Andalucía y Madrid, ya han advertido de que lo recurrirán en el Tribunal Constitucional (TC) al considerar que supone un «ataque» a las competencias de las comunidades. Además, los grupos parlamentarios de la oposición en el Congreso han denunciado la fórmula elegida por la coalición PSOE-UP para tramitar el tributo, a través de un enmienda a la proposición de Ley del impuesto a la banca y las energéticas, lo que limita su participación. Se trata de una maniobra legal pero muy cuestionada por el resto de grupos. Cs anunció que pedirá amparo al TC.

En cualquier caso, la Comisión de Asuntos Económicos dio luz verde esta semana al nuevo impuesto (21 votos a favor y 16 en contra), que tiene carácter temporal. En principio se aplicará los dos próximos años, pero pasado ese tiempo se estudiará prorrogarlo. El siguiente paso se dará el jueves, cuando el pleno debatirá y votará la propuesta para su posterior remisión al Senado, una vez aprobada.