Desde hace meses el Gobierno dice que la gestión de las ayudas europeas va "a velocidad de crucero" pero las empresas se quejan de su tardanza en llegar.Lo importante respecto a la velocidad en el despliegue de los fondos europeos es que exista un flujo continuado de inversión y una movilización de inversiones privadas que impulsen la economía hasta más allá de 2026. Los anuncios que hemos conocido estos días de inversiones tan significativas por parte de multinacionales como Maersk, Google, Volkswagen o Cisco no se entienden sin el Plan de Recuperación. Los proyectos estratégicos también están empezando a llegar a las empresas. Por ejemplo, el del vehículo eléctrico y conectado, con un importante apoyo a la planta de Stellantis, aquí en Figueruelas. Esto nos demuestra sin ninguna duda que el Plan de Recuperación ya está sirviendo para impulsar con fuerza el crecimiento económico y la creación de empleo.

Habla del Perte (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) VEC, el del vehículo eléctrico, y en el mismo solo se ha asignado el 30% de las ayudas incluidas en la convocatoria del paquete más importante. Queda mucho por hacer.Estamos hablando de una inversión sin precedentes, de 900 millones de euros, ya acordada. Seguiremos sacando convocatorias con los recursos asignados a este proyecto estratégico para apoyar proyectos que reúnen los requisitos marcados por las normas europeas, pero la apuesta del Gobierno es clara: queremos que España siga liderando la industria de la automoción en Europa y que estemos a la cabeza de la transición al vehículo eléctrico, que claramente es una oportunidad extraordinaria de cara al futuro.

El Perte más avanzado es el del coche eléctrico, pero los demás llevan retraso. Uno de ellos es el agroalimentario, que tanto interés genera en Aragón. Las ayudas no llegan.Ya se han transferido 660 millones de euros al gobierno autonómico, que está lanzando programas de educación y FP, de renovación de vivienda… Además, los programas de I+D, ciencia y digitalización están llegando a las empresas aragonesas. Hay 4.800 empresas y centros de investigación que ya han recibido los fondos europeos. Hoy mismo (el pasado miércoles) voy a visitar dos centros que han reibido ayudas en I+D (la empresa Libelium y el Instituto Tecnoloógico de Aragón, Itainnova) España es claramente el país más avanzado en el despliegue de los fondos en Europa. Respecto al Perte agroalimentario, hay un diálogo constante con el Ministerio de Industria y de aquí a final de año saldrá la convocatoria.

Cuando se anunció el Plan de Recuperación se habló de un porcentaje de incremento del PIB de al menos dos puntos. Con el retraso, y al cruzarse también la guerra de Ucrania, eso no está ocurriendo. ¿Se sigue considerando un incremento destacado del PIB?En 2020 y 2021 el Plan de Recuperación ha tenido un impacto significativo sobre las expectativas empresariales. Solo así se entiende el mantenimiento de los niveles de inversión, el dinamismo del empleo, la fuerza de la recuperación económica. A partir de mediados del año pasado ya ha comenzado a tener un efecto derivado de la propia llegada de financiación y del impulso de la inversión directamente por el Plan. Estimamos que el nivel del producto interior bruto de España va a subir en 2,6% de media anual hasta 2031 gracias al impacto de las inversiones y reformas del Plan. El periodo de máximo impacto será entre 2023 y 2025, y le aseguro que los inversores internacionales lo tienen clarísimo. Es curioso ver cómo a veces creen más en la capacidad de España fuera de nuestro país que nosotros mismos. Lo estamos haciendo bien.

¿Cómo encaja para el Gobierno central la guerra de impuestos entre comunidades autónomas, esa carrera por ver quién los baja más?Nosotros hemos bajado impuestos: el IVA, el impuesto especial de la energía, el proyecto de Presupuestos del Estado para el año que viene incorpora una bajada importante del Impuesto sobre la Renta para las rentas más bajas y también una bajada del Impuesto de Sociedades para las pymes. Lo que yo creo es que no podemos embarcarnos en una competencia a la baja, destructiva, por parte de las comunidades autónomas, que nos empobrece a todos. El ejemplo paradigmático es el de la Comunidad de Madrid, con una aproximación de bajadas masivas de impuestos que se corresponde claramente con un plan para desmantelar los servicios públicos.

Esta semana, en un foro de directivos en Zaragoza, Alejandra Kindelán, presidenta de la Asociación Española de la Banca (AEB), criticó el nuevo impuesto a la banca. Dijo que «nos empobrecerá como país».Entiendo que cada sector defienda sus propios intereses, pero en este momento todos tienen que arrimar el hombro, y tienen que contribuir más aquellos sectores que están teniendo unos beneficios extraordinarios por la subida de precios de la energía y el alza de los tipos de interés, como son el energético y el de la banca. Creo que es de justicia y tiene todo el sentido. Son muchos los países que están considerando una mayor progresividad de sus sistemas fiscales, con una contribución mayor de las grandes fortunas y de aquellos sectores que están teniendo beneficios.

¿No hay vuelta atrás en este gravamen, como solicita el sector, y por tanto se aplicará?Sin duda, y tendrá una duración de dos años, que es lo que corresponde en este momento. Tenemos que ser conscientes de que todas las medidas de ayuda que estamos adoptando para apoyar a los colectivos más vulnerables y a los sectores más afectados por la guerra en Ucrania tienen un impacto fiscal, y tenemos que decidir cómo se reparte este coste de la guerra. En el Gobierno lo tenemos claro.

Están negociando con la banca un acuerdo que apoye a los hipotecados que ahora tendrán que hacer frente a la subida de tipos de interés. ¿Qué quieren conseguir?Estamos trabajando en dos líneas. Por una parte, en reforzar el Código de Buenas Prácticas que ya existe para los colectivos vulnerables, ampliando la definición de colectivo y mejorando el funcionamiento de las medidas de alivio que pueden llegar incluso a la dación en pago. Por otra parte, disponer de un protocolo que cubra a las familias de clase media que no están en situación de vulnerabilidad pero que pueden estar en riesgo de estarlo como consecuencia de la rápida subida de los tipos de interés. También ahí estamos trabajando en el perímetro y el catálogo de medidas que se puede poner a disposición de estas familias. Es un tema muy complejo desde el punto de vista técnico y tenemos que asegurarnos de que tiene el efecto deseado de apoyo a los ciudadanos.

Incluiría entonces a clases medias en general.Las medidas que estaban vigentes hasta ahora estaban muy pensadas para la anterior crisis financiera, en la que el principal riesgo era que una persona pudiese perder su empleo y dejar de tener ingresos. Afortunadamente, estamos en un escenario muy distinto, con una economía que crea empleo, con récords históricos de máximos de afiliación y de mínimos en desempleo. Se trata de adaptar las medidas a una situación en la que el principal impacto en las familias se da por el alza acelerada de los tipos de interés, que se suma al alza de los precios.

El planteamiento de base del presupuesto del Gobierno resulta muy optimista, porque se habla de un escenario de la economía positivo, y todo previsiblemente va a peor.Justamente lo que estamos viendo estos días es que probablemente nos quedamos cortos al prever este año que la economía española crecería un 4,4%. Con los datos del tercer trimestre y lo que llevamos del cuarto está bastante claro. De hecho, todos los organismos están revisando estos días al alza sus previsiones de crecimiento para España.

Pero ese crecimiento no se dará el año que viene.El año que viene estaremos en un escenario de ralentización a nivel europeo, de mucha incertidumbre. Por eso lo que hemos hecho es ser particularmente prudentes en el proyecto de Presupuestos: con una previsión de ingresos fiscales baja y dándonos márgenes de actuación por si hay que tomar medidas adicionales.

Hay una gran preocupación por la inflación, y aunque se ha ido conteniendo en estos últimos meses sigue siendo demasiado elevada, por encima del 7%. Esto afecta mucho a los bolsillos de todos los ciudadanos y a la clase media en general. ¿Cómo afronta el Gobierno este problema?El reto más importante que tenemos en la economía española es la inflación. Afortunadamente, no tenemos en estos momentos otros problemas –como los de otros países europeos– de incertidumbre en el suministro energético o de dependencia de Rusia. En octubre los datos confirman que la inflación está en el entorno del 7% y que ha bajado un tercio con respecto al pico de julio. Nuestra previsión es que se mantenga en torno a estos niveles hasta finales de año y siga bajando ya en 2023. Se demuestra con esto que las medidas que estamos poniendo en marcha funcionan. Ojalá se mantenga la contención y la senda a la baja de los precios de la energía en los mercados internacionales, de las materias primas y de los alimentos, porque estos son los elementos más importantes en la evolución de la inflación.

¿Cambiarán alguna política en este frente, por ejemplo en medidas como las bonificaciones en el ámbito del consumo de gas? De aquí a final de año tenemos que ver qué medidas tenemos que mantener para el año 2023 y cuáles no, teniendo en cuenta el impacto fiscal, el impacto sobre la inflación y, sobre todo, el impacto sobre los ciudadanos. Por eso, la medida que sí hemos dicho que vamos a mantener es la del transporte público gratuito de cercanías, porque va en la línea de la transición ecológica, hacia la movilidad sostenible. Beneficia a toda la población, pero especialmente a la clase media, a los trabajadores, a los autónomos, a los estudiantes. Nos parece que es una medida que merece la pena mantener.

A diferencia del de otros, su discurso en general sobre la economía es muy optimista.Estamos en un momento muy complejo, pero España tiene fortalezas para abordar los retos que tenemos por delante.

¿No ve una amenaza de recesión?Como se dice normalmente en fútbol, partido a partido. Lo que veo es que un contexto internacional tan complicado estamos haciendo las cosas bien, la economía española sigue creciendo y creando empleo y ésta tiene que ser nuestra prioridad. Confiemos en nosotros mismos. Respondimos bien a la pandemia, estamos respondiendo bien a la guerra y tenemos que seguir en esta senda. Yo veo siempre los retos y las dificultades, pero también tenemos que ver las oportunidades y los elementos positivos. Justamente, Aragón es un gran ejemplo de una comunidad autónoma que está creciendo con fuerza, que tiene un ritmo de exportaciones impresionante, que está en mínimos históricos de desempleo y que está creando oportunidades, inversión, innovación y empleo de calidad. Tenemos que apostar por ello.