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Rechazo al anteproyecto de ley de incentivos a la contratación promovido por el Gobierno

Cermi Aragón, que aglutina a diferentes entidades sociales, denuncia que el texto "pretende rebajar el apoyo al empleo de personas con discapacidad". 

Una imagen del Ministerio de Trabajo.
Una imagen del Ministerio de Trabajo.
Cermi-Aragón

Las diferentes entidades sociales de la discapacidad (física y orgánica, intelectual, visual, auditiva y salud mental) que aglutina CERMI-Aragón, Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad, muestran su "preocupación" por la publicación del anteproyecto de ley por la que se regulan los incentivos a la contratación laboral y otras medidas de impulso y mantenimiento del empleo estable y de calidad, promovido por el Ministerio de Trabajo y Economía Social del Gobierno de España.

En un comunicado publicado en su página web, explican que dicha iniciativa normativa "altera sustancialmente" la regulación de una parte fundamental de los incentivos a la contratación de personas con discapacidad, los relativos a las bonificaciones de la Seguridad Social, con un "impacto devastador" en especial para el empleo protegido de los CEE (Centros Especiales de Empleo), donde actualmente tiene una bonificación del 100 %, y otras entidades sociales asimiladas.

Desde CERMI-Aragón, y desde todas las entidades sociales que representa, se ha enviado ya una carta a las administraciones públicas de Aragón pidiendo su apoyo y respaldo contra la "alteración sustancial" que, a su juicio, supone la regulación de una parte fundamental de los incentivos a la contratación de personas con discapacidad.

Asimismo, por motivos de urgencia y gravedad, CERMI Estatal ha dirigido un escrito a las consejerías de empleo del Gobierno de las Comunidades Autónomas para poder "evitar la agresión" que este nuevo anteproyecto de ley podría provocar al empleo protegido de las personas con discapacidad y sus familias, así como a los centros especiales de empleo.

"De prosperar esta propuesta normativa, sorpresiva y no dialogada, además de una auténtica regresión en el esquema de empleo de personas con discapacidad existente estos últimos cuarenta años, la inclusión laboral de este sector de población correría un enorme peligro, no solo en el no crecimiento futuro, sino en la pérdida inmediata de miles de empleos de los ya creados y subsistentes", advierten en una nota, en la que puntualizan que "cualquier introducción de cambios en el modelo de empleo de personas con discapacidad, que los necesita -subrayan- no debe ni puede hacerse por la vía de los puros hechos unilaterales, de modo intempestivo y urgente, sin ningún tipo de diálogo y acuerdo previos, con todas las instancias concernidas".

En conscuencia, desde CERMI-Aragón se ofrecen a seguir trabajando con las administraciones públicas en este nuevo anteproyecto de ley para así "preservar con calidad los derechos de las personas con discapacidad y sus familias en el sistema público de Servicios Sociales".

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