La fiscalidad diferenciada para los territorios con los índices de despoblación más preocupantes sigue en el centro del debate político nacional. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reivindicó este miércoles en el Congreso de los Diputados el plan diseñado por el Gobierno central para bonificar hasta el 20% de las cotizaciones de los contratos indefinidos nuevos en Teruel, Cuenca y Soria. Pero ante las críticas de las tres provincias por entender que estas ayudas son «insuficientes» y que no agotan lo autorizado por la Unión Europa, la dirigente socialista abrió la puerta a mejorar la propuesta en el marco de la negociación presupuestaria. Los próximos días serán, por tanto, claves para definir el real decreto que anunció el presidente Pedro Sánchez hace ya dos semanas.

«La tramitación de los presupuestos son una oportunidad única para ver cómo generamos empleo de calidad y mayor asentamiento en zonas históricamente descuidadas», apuntó Montero durante su comparecencia en el debate de totalidad de las cuentas de 2023, en respuesta a las críticas de Teruel Existe por la falta de ambición de la propuesta de ayudas del Ejecutivo.

La titular de Hacienda defendió las inversiones previstas por los diferentes ministerios para la España rural y despoblada, y reivindicó que «este Gobierno les ha puesto en el centro de las políticas por primera vez en la historia». Respecto a las ayudas al coste de funcionamiento de las empresas –una excepción que contempla Europa para las zonas con una densidad de población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado–, Montero calificó su aplicación en España como «un paso de gigante».

Por un lado, se prevén bonificaciones en la cotización de la Seguridad Social por contingencias comunes de los contratos indefinidos nuevos de hasta el 20% si se firman en municipios de menos de mil habitantes, y del 15% para los que superen ese censo. En cambio, los ya existentes se beneficiarán de un descuento del 5%. Estas diferencias han sido criticadas por los agentes sociales, pero para la ministra es una propuesta «muy razonable, discutible como todo, pero razonable».

Fase de enmiendas

Sin embargo, dos Consejos de Ministros después del anuncio del presidente, el real decreto sigue pendiente de aprobación. Frente a las «cuestiones técnicas» que ha apuntado la Moncloa como motivo del retraso, lo cierto es que la propuesta sigue abierta. De hecho, el propio ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, comunicó esta semana en el Senado que las ayudas se complementarán con una prórroga de dos años de la cuota reducida para los nuevos autónomos que inicien su actividad en estos territorios.

Precisamente los autónomos son uno de los colectivos que más rechazo ha mostrado al plan de ayudas, puesto que les excluye salvo que tengan empleados a su cargo. Montero no se refirió a esta discriminación, pero se mostró dispuesta a hacer más concesiones. «Es una historia que acaba de empezar, seguiremos avanzando y hablando», aclaró.

Momentos antes, el portavoz de Teruel Existe en el Congreso, Tomás Guitarte, trasladó la «desazón» de la provincia por un plan de ayudas que calificó de «insignificante», una postura compartida por todos los agentes sociales y partidos políticos de la Comunidad. A su juicio, «si la propuesta no llega a un mínimo se convierte en un simple decorado». Por ello, volvió a advertir que si no se mejora no apoyarán los presupuestos del próximo año. «La pelota está en su tejado», concluyó.