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Heraldo del Campo

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Lo que vale y lo que cuesta

El sector primario y la industria alimentaria no pierden de vista todas las propuestas con las que se quiere limitar la inflación de la cesta de la compra porque temen ser sus paganos. Reconocen que los alimentos valen (en precio) mucho más, pero advierten que producirlos es también mucho más costoso.

Las medidas propuestas para frenar el encarecimiento de la cesta de la compra despiertan recelos e inquietud entre los productores.
Las medidas propuestas para frenar el encarecimiento de la cesta de la compra despiertan recelos e inquietud entre los productores.
Pixabay

Poco se ha escuchado la voz de los primeros eslabones de la cadena alimentaria entre todo el ruido mediático generado desde que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lanzara la propuesta de topar los precios de los alimentos básicos para conseguir así frenar el encarecimiento sin freno de la cesta de la compra. No es que no quisieran hablar. "Nadie nos ha preguntado ni nos ha tenido en cuenta", coinciden en señalar los representantes de las organizaciones agrarias aragonesas (UAGA, Asaja, Araga y UPA) y de las industrias alimentarias (AIAA).

No por ello han dejado de estar atentos al rifirrafe que se ha generado en las propias filas del Gobierno central o en el resultado de las reuniones de la ministra con la gran distribución, que terminó por dejar prácticamente en papel mojado las pretensiones de Díaz. Tampoco han perdido de vista la iniciativa de Carrefour que ofrece una cesta de 30 productos ¿básicos? por 30 euros y a cuya estela se ha sumado otra marcas: Mi Super.

Y no han perdido detalle de todas las propuestas que se cocinaban tanto en el Gobierno como en las grandes empresas de distribución porque temen que "suceda lo de siempre" y que para proteger el acceso a los alimentos del eslabón final, el consumidor, se termine "atacando" la viabilidad de aquellos que los producen, los agricultores y ganaderos y las industrias agroalimentarias.

Tanto los productores primarios como la transformación recuerdan que los precios no deben fijarse al final de la cadena, sino en el origen. Insisten en que la inflación de la cesta de la compra tiene su origen en el disparatado coste de la energía y de las materias primas por lo que si se quiere frenar el incremento de la alimentación las medidas tienen que comenzar por los gastos que asfixian a las explotaciones agrarias y las industrias alimentarias.

A los que piden responsabilidad para contener precios, el sector les recuerda que los agricultores y ganaderos, como los industriales, están haciendo un ímprobo esfuerzo para no repercutir sus costes en el bolsillo del consumidor. Pero advierten, eso sí, que tampoco podrán soportar mucho tiempo teniendo que producir por debajo de costes y acumulando unas pérdidas que están poniendo al borde de la quiebra a las explotaciones familiares.Si hay un remedio que con la voz más alta exigen los productores de alimentos ese es que "de una vez por todas" se cumpla la ley de la cadena alimentaria y se impida la "constante especulación" con la que llena la cesta de la compra.

El precio de los alimentos ha suscitado en las últimas semanas las más variadas propuestas.
El precio de los alimentos ha suscitado en las últimas semanas las más variadas propuestas.
Pixabay

Han visto el toro desde la barrera. Y no porque no quisieran estar en el ruedo, sino porque nadie les ha invitado a saltar a la arena. Es una de las principales críticas de los representantes de las organizaciones agrarias y de las industrias alimentarias de la Comunidad, que califican de "insulto a la inteligencia", "tomadura de pelo" y "simple estrategia electoralista o comercial" que se lancen propuestas para topar los precios de los alimentos o para ofrecer una cesta de la compra barata sin tener en cuenta la opinión y la valoración de quienes los producen.

Contundentes son las palabras del secretario general de UAGA, José María Alcubierre, que asegura que poner un tope a estos precios "puede ser valorable", pero advierte que si se hace con el producto final, pero no con el coste de los fertilizantes, de las semillas o del gasóleo, "el problema va a ser mayúsculo" y va a llevar al abandono de la actividad a las explotaciones familiares.

Recuerda Alcubierre que los dos eslabones más débiles de la cadena alimentaria son el consumidor y el productor, y aunque reconoce que nadie está en contra de facilitar a las familias el acceso a una alimentación asequible, insiste en que la experiencia siempre ha demostrado que son los agricultores los que terminan siendo los paganos. Y sucede así a pesar de que, como evidencia el índice de precios en origen y destino (IPOD), el precio de los alimentos se incrementa hasta casi un 600% en su viaje del campo al lineal del supermercado.

"La ley de la cadena alimentaria es un fracaso. No se están repercutiendo los costes de producción al agricultor y al ganadero", señala el líder de UAGA, que asegura con vehemencia que no cree en las palabras del ministro Luis Planas, que, durante su reciente visita a Aragón, aseguró que no permitirá jamás que la oferta de alimentos baratos recaiga en las espaldas de los productores.

"Si alguien no tiene credibilidad para UAGA es el ministro Planas. Hace dos años en Jaca nos dijo que la PAC sería para los profesionales y que veía mal los derechos históricos y luego ha hecho todo lo contrario. Nos dijo que la ley de la cadena era para salvaguardar al sector de la fruta y ha sido para todo lo contrario", insiste Alcubierre, que critica que el ministro "manifiesta públicamente su defensa por el sector primario y luego, en privado, siempre se coloca del lado de los eslabones más fuertes de la cadena".

"Hay mucha especulación"

Una "tomadura de pelo" le parece al secretario general de Asaja Aragón, Ángel Samper, la propuesta de topar los precios. "Todos sabemos cómo termina eso, perjudicando al productor", señala, para dejar claro que lo que hay que hacer es "poner orden en la cadena alimentaria, en la que hay mucha especulación". Y reitera también que es en los disparatados costes de producción que soporta el campo donde tiene que actuar al Gobierno. "Pero con responsabilidad, no con sus ocurrencias".

"No se puede desproteger al consumidor, pero tampoco que las medidas para hacerlo den en la línea de flotación de las explotaciones agrarias", añade José Manuel Roche, secretario general de UPA en Aragón, que celebra que la propuesta de Yolanda Díaz "se va a quedar en agua de borrajas, aunque con ella la ministra ya ha tenido su semana de protagonismo mediático".

Para Roche el camino es la ley de la cadena alimentaria, que, según denuncia, está todavía por desarrollar. "Los problemas de la cadena alimentaria tienen que ser una cuestión de Estado y no una batalla política", añade el líder de UPA en Aragón, que lamenta que falta de coordinación entre las comunidades autónomas y la Administración central para que haya mayor control y las sanciones por los incumplimientos de esta norma "sean ejemplares".

Hacia la PAC vuelve su mirada el presidente de Araga, Jorge Valero, cuando hace referencia a las medidas que sería posible poner en marcha para abaratar los precios de los alimentos sin perjudicar a los productores. Pero se remite esa Política Agraria Común que en su origen tenía como objetivo compensar la pérdida de renta de los agricultores para que los consumidores pudieran acceder a alimentos de calidad a precios asequible. "Esa PAC se ha pervertido y se ha convertido en un reparto de pagos por hacer prácticas respetuosas con el medio ambiente. Se debe volver a los orígenes, que ya está todo inventado", señala.

Bajar el IVA o la presión fiscal

Desde su posición intermedia en la cadena, la industria alimentaria aragonesa ha estado muy atenta a todos los movimientos que en los últimos días han marcado el devenir de la cesta de la compra. "Ante cualquier propuesta de topar, regular o aconsejar precios, la ley es clara y lo impide", señala el gerente de la Asociación de Industrias de la Alimentación de Aragón (AIAA), José Ignacio Domingo, para quien, en la actual coyuntura, controlar los precios finales al consumidor no es precisamente "la mejor opción". El origen de la elevada inflación en la cesta de la compra es el incremento de los precios de las materias primas y la energía. "Ahí es donde hay que poner el foco", asegura.

En su opinión habría que pensar en otro tipo de medidas, "que serían más adecuadas" en un entorno en el que los altos precios van a continuar en los próximos meses. "Si la energía está más barata repercutirá en la bajada de los precios", reitera Domingo, que reconoce que actuar sobre el coste de las materias primas es "complicado" porque depende de la evolución de la guerra en Ucrania. "Es cierto que en los últimas semanas el incremento de esos precios ha dado un respiro y esperemos que hayan tocado techo, pero la coyuntura actual tampoco ayuda", puntualiza.

Pero Domingo también analiza las últimas propuestas presentadas desde un nivel "filosófico", como él dice. Y considera que buscar soluciones al encarecimiento de los alimentos sin contar con quienes los elaboran es cuanto menos sorprendente. "La cadena alimentaria no es como la de la energía. En ella hay decenas de miles de operadores, por lo que actuar sobre uno de ellos afecta a todos los demás", detalla.

El gerente de la AIAA prefiere no hablar de un nuevo ataque al sector agroalimentario, pero insiste en que es también una responsabilidad del Gobierno explicar que la solución al encarecimiento de la cesta de la compra no está en manos de los productores. Asegura que "aunque no lo parezca", todas las empresas agroalimentarias son muy sensibles a esta situación y han hecho "un ejercicio de contención enorme para no repercutir todo el incremento de sus costes en el precio final".

Por si alguien lo quiere oír, desde la industria alimentaria se plantean también medidas que podrían contribuir a evitar la escalada de precios. La AIAA cree que podría rebajarse el IVA de los alimentos, "incluso dejarlo a cero", pero también que, como ha sucedido con la cogeneración, las industrias alimentarias intensivas en gas o electricidad pudieran beneficiarse la excepción ibérica.

Domingo explica que también ayudaría "no aplicar más cargas fiscales al sector". Se refiere con ello al impuesto al plástico de un solo uso que entrará en vigor en enero de 2023 "y que también va a repercutir en el precio final de los alimentos".

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