Más de 2.500 jóvenes aragoneses accederán al bono de alquiler que se lanza en agosto
La subvención alcanzará 250 euros al mes con efecto retroactivo al 1 de enero y garantizará el cobro durante dos años.
La convocatoria del bono de alquiler joven ya tiene al fin fecha en Aragón con el objetivo de respaldar la emancipación de más de 2.500 personas de hasta 35 años cumplidos gracias a los 7,6 millones de financiación estatal. La Dirección General de Vivienda la publicará el próximo mes de agosto y los interesados tendrá un mes y medio para presentar sus solicitudes, para lo que se abrirá el plazo el próximo 15 de septiembre y expirará el 31 de octubre con el objetivo de primar la tramitación.
La Consejería de Vertebración del Territorio recibió el pasado jueves la transferencia de los fondos, imprescindible para poner la maquinaria administrativa y que ha mantenido hasta ahora bloqueado el procedimiento. Aunque los técnicos han adelantado los pliegos de condiciones, no se podrá publicar la orden hasta que se disponga de los preceptivos informes de la Dirección General de Presupuestos y de la Intervención General. De manera "informal", su personal empezó a analizar la documentación para agilizar el procedimiento. "No depende de nosotros, pero entendemos que podremos publicar la convocatoria en agosto", señaló la directora general de Vivienda, Verónica Villagrasa.
Tan solo cuatro comunidades han puesto en marcha el bono de alquiler joven, las de Asturias, Cataluña, Galicia y Valencia, a las que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) hizo con antelación el libramiento de los fondos. Pese a todo, la demora no irá en detrimento de los beneficiarios porque su concesión tendrá efectos retroactivos desde principios de año y, además, tendrá la cobertura asegurada para este año y el siguiente.
Este nuevo programa viene a sustituir a la línea de ayudas de alquiler para jóvenes que había hasta ahora y contará con el triple de financiación con el fin de llegar a más personas. "El límite de edad se ha fijado en los 35 años en el momento de solicitar la ayuda", apuntó Villagrasa.
La aportación pública alcanzará los 250 euros mensuales y supondrá todo un alivio si se tiene en cuenta que se ha fijado como tope para la concesión a pisos con una renta mensual de hasta 600, que se reducirá a la mitad si el alquiler es de una habitación. En todo caso, se podrá llegar a 900 euros y a 450 en el alquiler de una habitación previo acuerdo la comisión de seguimiento, tal y como establece el Mitma en su real decreto de regulación de las ayudas, vigente para las diecisiete comunidades autónomas.
Los interesados deberán asegurar a la Administración que cuentan con una fuente regular de ingresos, ya sea por un empleo por cuenta propia o ajena o disponer de una prestación social. Y esa percepción anual no podrá superar los 24.318 euros, el triple de la cuantía del Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).
La directora general de Vivienda señaló que en función del número de jóvenes que se acojan a las ayudas podrán saber si se agota la partida de este año y, por tanto, se hace o no una segunda convocatoria en 2023, puesto que la concesión se garantiza por dos años y solo se podrá hacer si queda dinero disponible.
Al mismo tiempo, Villagrasa ultima los convenios con las comarcas para involucrarlas en la gestión de las ayudas a personas vulnerables, que deben lanzarse para que en otoño se pueda hacer lo propio con la línea general de las de alquiler correspondientes a este año.
El texto será común para todas las administraciones que quieran implicarse, dado que el acuerdo está abierto no solo a las comarcas, sino a los municipios de más de 20.000 habitantes. Los que firmen, asumirán el reparto de las ayudas de alquiler para personas vulnerables, sin hogar y afectadas por un desahucio, además de víctimas de violencia.
Este programa cuenta con una financiación de 4,9 millones para el periodo de vigencia del nuevo Plan Estatal de Vivienda, de 2022 a 2025, y su asignación dependerá del criterio de los técnicos y no de convocatorias. "Permitirá garantizar una cierta estabilidad a las familias y, al mismo tiempo, dotar de mayor capacidad a las comarcas a la hora de destinar las ayudas de urgencia, porque ahora un porcentaje importante del dinero se acaba utilizando en sufragar la vivienda a personas que lo necesitan", añadió.
La línea general se convocará en otoño y se alargará hasta 2025
El Ejecutivo autonómico también tiene previsto convocar el próximo otoño la línea general de ayudas de alquiler y lo hará por anticipado para los próximos tres años, 2023-2025. Eso sí, las familias con escasos recursos estarán aún más apuradas, ya que para este ejercio no habrá respaldo económico.
El hecho de que convocatoria tenga un carácter plurianual supondrá todo un alivio para los beneficiarios, a los que se les subvencionará hasta el 40% de su renta mensual, siempre que no supere los 600 euros con carácter general o los 900 euros en determinados ámbitos.
Además, no sufrirán el atasco burocrático para pagar, que impedirá percibir las de 2021 hasta el próximo otoño, lo que les sitúa a la cola del país. En esta ocasión, el Ejecutivo autonómico va a asignar las ayudas por estricto orden de presentación, por lo que no habrá que esperar meses a que se resuelva por concurrencia competitiva.
