medicina legal
El suicidio fue la primera causa de muerte violenta en Aragón en los dos últimos años
La memoria del Instituto de Medicina Legal de Aragón de 2021 refleja que el año pasado se registraron 115 fallecimientos voluntarios, 8 más que el periodo anterior
Lejos quedan los años en los que los accidentes de tráfico eran la primera causa de muerte violenta en Aragón y en España. Afortunadamente, las sucesivas medidas tomadas por los distintos gobiernos y el cambio de mentalidad al volante lograron reducir paulatina pero drásticamente el número de fallecidos. La cifra de 122 muertos en carretera parecería ahora escandalosa, pero esa fue la que se registró en Aragón en 2011. Aquel año murieron 89 personas en la Comunidad aragonesa por suicidio. En la actualidad, la situación es la contraria y si los fallecimientos por accidente en 2021 fueron 40, el número de suicidados fue de 115.
De esta forma, tal y como recoge la memoria del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aragón, lamentablemente el suicidio se ha convertido en la primera causa de muerte violenta en Aragón. Según las estadísticas, el año pasado 77 personas se quitaron la vida en Zaragoza, 23 en Huesca y 15 en Teruel. La cifra es ligeramente superior a la de 2020, cuando hubo 107 suicidios.
El director del centro, José Manuel Arredondo, explica en la memoria que el incremento de este tipo de muerte está relacionado "con toda probabilidad" con el estrés psicológico que está suponiendo la pandemia en personas vulnerables (el 024 es el teléfono activado contra el suicidio y todos los servicios sanitarios y de urgencias están siempre disponibles para ayudar a cualquier persona a mejorar su salud mental, intervenir y prevenir situaciones de riesgo).
Por otro lado, el informe que refleja la actividad del instituto revela que en Zaragoza se cometieron seis homicidios, uno en Huesca y otro en Teruel. En total, los médicos forenses practicaron el año pasado 768 autopsias, aunque un importante número de ellas no hubiera sido necesario hacerlas, sobre todo en personas de 70 a 90 años, ya que se trataba de muertes naturales.
Esta situación, que el año pasado se repitió 289 veces, se arrastra desde hace años y obedece a la negativa de algunos facultativos a firmar el certificado de defunción en determinadas circunstancias, aun cuando el historial médico y los datos clínicos justifican el fallecimiento por enfermedad. Arredondo plantea que esta disfunción debería solucionarse tanto por el sufrimiento añadido que supone para las familias, como por la movilización innecesaria de medios (juzgado, policías, médico forense, traslados de cadáver...).
La memoria del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA), que se incluye en la del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, es un buen termómetro para conocer las agresiones sexuales que se denunciaron y en las que, obligatoriamente, intervienen los médicos forenses salvo que sean hechos antiguos. Los datos revelan que durante 2021 examinaron a 376 víctimas de agresión sexual en Aragón (279 en Zaragoza, 72 en Huesca y 25 en Teruel). La cifra es superior a la de 2020, cuando exploraron a 362 denunciantes.
También se hicieron 66 informes para valorar la credibilidad del testimonio de la víctima, algo que se solicita siempre que esta es menor de edad. Además, examinaron a 2.396 personas que sufrieron lesiones producto de agresiones; a 566 para valorar si eran o no imputables penalmente y emitieron 660 informes de toxicología, 568 de lesiones causadas en accidentes de tráfico y 240 por otra causa. La unidad de valoración forense integral de violencia de género elaboró 300 informes, además de los extendidos durante las guardias en los distintos juzgados de la Comunidad.
En total, en 2021 citaron en las instalaciones del instituto, en el barrio de San Gregorio, a 14.263 personas, lo que supone una media de 231 citaciones por perito y año. Según la memoria, en 2021 se produjo un incremento del número de solicitudes de informes (12.287) aunque realmente elaboraron 15.647.
La macroestafa de Idental (la empresa que dejó tirados a miles de pacientes) ha supuesto un trabajo añadido, ya que la Audiencia Nacional lleva solicitando informes a los médicos forenses desde 2019. En total, han examinado ya a 332 personas, 157 el año pasado, para lo que han contado con un odontólogo forense.
Este último profesional forma parte también del equipo que ha analizado, a petición de la Fiscalía, a 63 menores extranjeros no acompañados (menas) para averiguar su edad. Desde octubre de 2019 hasta final de 2021 se han realizado 63 peticiones, se hicieron 55 informes (a 8 no fue posible, 7 por no presentarse a una o varias citas y uno no se dejó hacer la exploración física ni radiológica). De los 55, se estimó que 19 eran menores de 18 años y 36, mayores.
Dentro del ámbito de la Jurisdicción Civil en el 2021 se realizaron 1.272 informes sobre la capacidad civil de las personas y se informaron 1.024 solicitudes de autorización de internamiento psiquiátrico en contra de la voluntad de una persona
A raíz de la pandemia los órganos judiciales han ido incrementando las solicitudes de informes elaborados a la vista de la documentación existente. Los forenses consideran de "gran utilidad" hacer así este tipo de informes, sobre todo en caso de lesiones muy leves (erosiones-hematomas), ya que evita que el lesionado tenga que acudir a un reconocimiento para valorar una lesión, que en la mayoría de los casos, cuando acude ya ha desaparecido.
