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El Gobierno cobrará un 'peaje' de entre 40 y 50 euros al año por cada turismo que circule por autovías desde 2024

La tarifa será lineal, se duplicará a los camioneros y afectará a los 858 kilómetros de la red en Aragón. Garantiza que la recaudación se destinará a la conservación, tanto de la red estatal como regional

Acumulación de camiones en el área de peaje de Pina de Ebro, donde no ha retenciones este miércoles.
Acumulación de camiones en el área de peaje de Pina de Ebro, en una imagen de archivo.
Marcos Cebrián

El Gobierno central cobrará entre 40 y 50 euros al año a los vehículos ligeros para poder circular por vías rápidas de titularidad estatal a partir de 2024. El pago por uso se duplicará a los transportistas que circulen en camión y los motoristas abonarán entre 15 y 25 euros. Estas son las cuantías que pretende cobrar por el uso de las autovías y autopistas liberalizadas para cumplir con el compromiso adquirido con las autoridades europeas el pasado mes de abril para recibir el fondo milmillonario del Plan de Recuperación y Resiliencia.

Fuentes oficiales del Ministerio de Transportes confirmaron a este diario que la pretensión es implantar este 'peaje' mediante una viñeta, similar a la de la ITV, que habría que abonar anualmente hasta la adopción del modelo de pago por kilómetro. "Se alargará años, dado que habrá que decidir qué tecnología se aplica para cobrar a los vehículos en función de los kilómetros recorridos", indicaron.

El sistema en el que se fijó el Gobierno de Pedro Sánchez es el portugués, en el que el control del pago es automático mediante una red de pórticos instalados en las autovías. Estos elementos detectan el transpondedor (un tipo de dispositivo utilizado en telecomunicaciones)  que debe llevar cada vehículo, de modo que se carga a la cuenta corriente asociada al cobro del peaje, como ocurre ahora en las autopistas con el dispositivo Via-T. Su puesta en marcha requerirá tiempo y una fuerte inversión, estimada en unos mil millones, y de ahí que se vaya a empezar con un modelo de "pago lineal sencillo y sin coste", como es la viñeta.

La pretensión es pactar su aplicación con las comunidades autónomas y la diputaciones forales, que en su mayor parte han rechazado su puesta en marcha, y con las asociaciones de transportistas, cuya oposición es frontal a un 'peaje' que sus asociados ya deben pagar en otros países europeos para circular por vías rápidas.

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, pretende convencer a las autonomías y a los profesionales con un doble argumento: la recaudación será finalista e irá destinada exclusivamente a la conservación de carreteras, tanto estatales como autonómicas, que sufren un preocupante déficit de inversión en los últimos años.

La partida para mantenimiento de la red estatal está dotada con 1.371 millones de euros en los Presupuestos Generales para 2022, pero acumula un déficit de 7.500 millones, según la Asociación Española de la Carretera.

Fondos para conservación

En el caso de Aragón, la red estatal cuenta con 858,6 kilómetros de alta capacidad para cuya conservación se han reservado 113,8 millones. Y un tercio se destinará únicamente a pagar la concesión por el mantenimiento del tramo Calatayud-Alfajarín de la autovía de Madrid (A-2).

El agujero se ha agravado con la liberalización de las autopistas tras finalizar las concesiones. El Gobierno de Pedro Sánchez empezó el proceso en 2018 con la AP-1 en Burgos y desde entonces se han sumado más de un millar de kilómetros. Los últimos fueron los 477 de la AP-2, entre Alfajarín y Tarragona, y de la AP-7, entre La Junquera y Tarragona, en los que se levantaron las barreras de peaje el pasado 1 de septiembre. En ambos casos, se ha adjudicado su mantenimiento por 68,2 millones.

El Gobierno central tendrá que acelerar las negociaciones para tener lista la propuesta antes de que termine el primer trimestre de 2022. Así ha quedado pactado con la Comisión en el acuerdo operativo que se hizo público la semana pasada y que certifica los hitos que España debe cumplir para ir accediendo a los fondos europeos.

La ministra insiste en que el pago por uso será "consensuado" con los partidos y los agentes económicos. La idea sería incluirlo en la nueva Ley de Movilidad que se presentará en unos meses. Y en el mismo sentido se ha manifestado la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que ya ha confirmado los trabajos para sacar adelante ese sistema que permitirá financiar el mantenimiento de las vías de alta capacidad "de una forma justa".

Las citadas fuentes de Transportes subrayaron que el pago por uso de autovías está extendido por Europa siguiendo los principios de quien usa y contamina, paga. En este sentido, argumentaron que las carreteras son las únicas infraestructuras por cuya utilización no pagan los usuarios. "Nadie dice nada, pero se cobra por las vías ferroviarias, los puertos y aeropuertos", señalaron.

Los conductores recurrentes se podrían librar del pago

El Gobierno central aún tiene que concretar la casuística en el cobro por las vías de alta capacidad, dado que es partidario de introducir excepciones en el pago por uso. Así lo expuso hace menos de un mes el director general de Tráfico, Pere Navarro, quien manifestó que podrían quedar exentos aquellos desplazamientos recurrentes por motivos laborales o de estudio o cuando se trate de una emergencia sanitaria. "Por ejemplo, el trabajador que tiene que coger la autovía cada día para ir y volver del trabajo, éste queda exento del pago, si no lo crujiríamos. El viaje obligado por razones de estudio, también. Y perfectamente se podría poner que la abuelita cuando va al médico también quede excluido", dijo.

Navarro señaló que se pretende establecer un "cierto margen de maniobra" para hacer compatible la recaudación para el mantenimiento de las vías rápidas con la economía de los usuarios. En el Ministerio de Transportes también están sopesando si la exención o un pago más reducido se aplica a los vehículos eléctricos que no contaminan, lo que podría incentivar la renovación de la flota

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Vías rápidas en Aragón

La Red de Carreteras del Estado cuentan en Aragón con vías rápidas que suman 858,6 kilómetros. A las autovías ya construidas se sumó el pasado verano la liberalización del tramo aragonés de la autopista AP-2, los 102 kilómetros entre Alfajarín y Fraga.

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Déficit millonario

La Asociación Española de la Carretera estima que el déficit de mantenimiento acumulado desde 2009 ha hecho mella en su estado, dado que los recursos se han recortado en un 76%. De este modo, haría falta invertir un mínimo de 7.500 millones para devolver a las carreteras "a un estado aceptable", ya que uno de cada diez kilómetros presenta una situación muy deficiente.

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Los recursos

Los impuestos anuales asociados a la movilidad por carretera, soportados directamente por los usuarios, ascendían hace dos años a casi 32.000 millones, sin contar el IVA generado por el transporte de mercancías. Eso sí, el 82% de la red viaria de alta capacidad es gratuita.

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