infraestructuras
La DGA se opone al pago por uso de las autovías ahora que se acaba la "injusticia" de la AP-2
Los partidos aragoneses cierran filas, reiteran su rechazo y avisan de que no hay vías alternativas en Aragón.
El Gobierno de Aragón reitera su rotundo rechazo a la imposición de cualquier tipo de pago a los usuarios de las autovías, especialmente ahora que la liberalización de la autopista de Barcelona (AP-2) pone fin a décadas de una "situación injusta" con la Comunidad, la única que sigue contando con un tramo sin desdoblar en el eje Madrid–Barcelona: los 91 kilómetros de la N-II que discurren entre Alfajarín y Fraga.
Las críticas a esta controvertida medida del Gobierno central, anunciada por el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y que ahora pretende retomar su sucesora, Raquel Sánchez, son unánimes entre los partidos aragoneses. Con unos y otros argumentos, la oposición cierra filas con el cuatripartito a la hora de reclamar que no se pongan pórticos en las vías rápidas para cobrar por vía electrónica ni se opte por establecer viñetas que deberían abonar todos los conductores.
El consejero de Vertebración, José Luis Soro, ha insistido este lunes en que es "injusto" que cuando se va a contar en Aragón con infraestructuras seguras, en referencia también a las autovías en obras en el Pirineo y a los avances en la A-68, se pretenda cobrar por su uso. "Va a dejar a una parte de los usuarios fuera", lamentó.
Soro ha señalado que la sociedad ya paga con los impuestos para que las autovías se construyan, por lo que censura que se vuelva a pagar por usarlas. "El acceso a las vías con mejor seguridad vial debe de estar al alcance de toda la sociedad, tanto para los vehículos particulares como para el transporte profesional", dijo.
La justificación ministerial es que hay un déficit milmillonario de mantenimiento de la red viaria y la Unión Europea apremia para pagar por el uso de las infraestructuras e implantar la política de que quien contamina paga. El rechazo inicial llevó a aparcar su aprobación en el Consejo de Ministros antes del verano, aunque la propuesta se remitió a Bruselas dentro del Plan de Recuperación. En todo caso, la medida se pretende consensuar para su implantación a partir de 2024 y la cuantía aún está por dilucidar.
Sus argumentos siguen sin convencer. El portavoz de Vertebración del PP en las Cortes, Joaquín Juste, alerta del "tremendo coste añadido" que provocará a los conductores y a las empresas, que ya soportan una "carga exagerada" con el precio de la gasolina "por las nubes". Por ello, reclamó al Gobierno que se replantee lo que tildó de nuevo impuesto.
Sin alternativa
Juste ha recordado que los principales ejes cuentan con vías rápidas, por lo que los aragoneses no tendrían otra alternativa que pagar para salir y cuando existe se trata de tramos de antiguas nacionales "cuyo mantenimiento hace años olvidó el Gobierno de España".
A su juicio, la argumentación estatal no es creíble y solo busca recaudar más, por lo que reactivará la proposición no de ley registrada en las Cortes para exigir a la DGA que evidencie su oposición.
El líder autonómico de Ciudadanos, Daniel Pérez Calvo, incide en que todavía queda por recortar "mucha grasa" de la Administración. A su juicio, un presidente cuyo equipo cuesta 40 millones no está legitimado para subir un solo impuesto o instaurar peajes.
Además, ha defendido que primero habría que saber el coste real de mantenimiento de la red y garantizar buenas conexiones al medio rural. "Hace falta un plan consensuado, pero no a costa de esquilmar más al contribuyente", ha dicho.
El portavoz de Vox en las Cortes, Santiago Morón, ha abundado en la idea de que debería recortar la "mastodóntica Administración del Estado" en vez de incrementar la carga fiscal. Y avisa de que encarecer el transporte por carretera, además de poner en peligro puestos de trabajo en el sector, repercutiría en los productos de primera necesidad.
De la misma forma, el coordinador de IU-Aragón, Álvaro Sanz, rechaza que se perjudique a los trabajadores que dependen del coche y no tienen otra opción y opina que el hecho de que no haya recursos para mantener las vías liberalizadas no es excusa cuando cabe una "reforma fiscal justa" que lo garantice.
A las críticas se ha sumado expresamente uno de los socios del cuatripartito, el PAR, cuyo portavoz en las Cortes, Jesús Guerrero, considera "inaceptable" el pago cuando siguen pendientes tantas infraestructuras. "Antes de penalizar a Aragón, que el Gobierno cumpla sus compromisos", ha añadido.
