Por el tramo de la autovía Mudéjar que une Cadrete con Muel pasan 15.407 vehículos de media cada día, de los que 2.273 son camiones. La carretera nacional que discurre de forma paralela, la N-330, absorbe apenas 311 desplazamientos, de los que solo una veintena se corresponde con el tráfico pesado que da servicio a los polígonos y empresas de la zona. El motivo de este desequilibrio es evidente: la primera vía permite unas velocidades superiores, no obliga a detenerse en rotondas y facilita los adelantamientos seguros, lo que reduce la siniestralidad. Sin embargo, las cifras de uso entre ambos trazados podrían acercarse cuando el Gobierno central comience a cobrar por el uso de las autovías -y de las autopistas recientemente liberalizadas-, una medida de la que la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, ya habla abiertamente.

Los futuros peajes no han sentado bien entre los conductores. Antonio Lucas, director de movilidad y seguridad vial del RACE se muestra “totalmente en contra del pago por el uso de unas vías que ya están sufragadas”. “Además, todos los años, los conductores aportan más de 30.000 millones de euros en impuestos directos, indirectos y tasas. Y las consecuencias pueden ser negativas en materia de seguridad vial, ya que según una encuesta propia sabemos que tres de cada cuatro conductores no quieren pagar y volverán a las vías convencionales”, añade.

Los transportistas se temen una gran afección a los costes sobre su trabajo. “Nos preocupa mucho, vemos que es una iniciativa que va en serio y no podemos sino oponernos por completo”, señala Fernando Viñas, presidente de la Federación de Empresas de Transportes de Mercancías de Zaragoza (Fetraz), quien también cree que “al final se desviará el tráfico a las carreteras nacionales y las hará más inseguras”. Viñas critica que “esa filosofía de que los servicios públicos los tienen que pagar solo los que los usan es, además de falaz, peligrosa, porque se puede acabar aplicando al sector sanitario, educativo y el resto”. También recuerda que “el 40% de los costes de una empresa de transporte se corresponden con el combustible, y la mitad de ello se va en impuestos, por lo que los que más usamos las carreteras ya somos los que más las estamos pagando”.

El presidente de la patronal del transporte recuerda que el suyo “no es un sector finalista, sino intermediario, y cualquier aumento de costes repercute en el consumidor, por lo que al final quienes no son usuarios de la vías de alta capacidad también las acabarán pagando”. La organización, a través de sus representantes a nivel nacional, ya se ha puesto en contacto con Fomento, que todavía no les ha facilitado un borrador del proyecto que, a su juicio, “afectará sobre todo a la N-330, la N-II y la N-234”.

El Gobierno esgrime como argumentos para poner en marcha el cobro por kilómetro recorrido que una red gratuita “es una excepción” en Europa, una afirmación que desmontan los conductores. “El único país que tiene un sistema similar a lo que se pretende aplicar es Portugal. Desde 2011 venimos haciendo un análisis de impacto de esta medida y vemos que descendió claramente el uso de autovías más del 30%, y en algunos casos hasta un 50%. La del norte, la A-28 entre Viana do Castelo y Oporto, la usaban a diario 30.000 conductores, que se redujeron a 19.000”, matiza Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), quien pide “mantener gratuitos los desdoblamientos, el elemento clave que más ha contribuido a la reducción de muertos, ya que el 80% de los accidentes mortales ocurren en las carreteras convencionales”.

En las autovías portuguesas se emplea un sistema de lectura de matrícula. Las placas están asociadas a una cuenta bancaria, por lo que se cobra de forma automática cada vez que el coche pasa bajo las cámaras. El país vecino cobra entre 6 y 9 céntimos por kilómetro recorrido, por lo que recorrer la A-23 en Aragón de norte a sur supondría un desembolso de entre 23 y 35 euros.

Arnaldo incide en que el mantenimiento de las carreteras del Estado está cifrado en 1.800 millones al año, “y mientras los conductores pagan 30.000 millones, el Gobierno gasta menos de mil”.

Modelo viñeta

La Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex), por su parte, considera realista un cobro de entre 3 y 5 céntimos por kilómetro. La patronal, que sí apoya la idea, apuesta en cualquier caso por el modelo viñeta: “Tiene una implantación sencilla, con menor dependencia tecnológica y si consideramos los ingresos que se quieren obtener, un precio ajustado sería de 87 euros al año para los turismos, 43 para las motocicletas y 435 para los camiones, furgonetas, tractores y autobuses”. 

Desde la organización empresarial justifican el cobro ya que “la conservación de las carreteras es la única herramienta que permite asegurar la movilidad de los ciudadanos y la competitividad del país, ya que el 94% de las mercancías se distribuye por tierra”.