El tramo aragonés de la AP-2 no se librará de las playas de peaje hasta el próximo verano
La contratista tendrá seis meses para acometer las obras y empezará como pronto en diciembre tras firmar el contrato.
Las playas de vías de peaje situadas en el tramo aragonés de la AP-2, repartidas en los 102 kilómetros que separan Alfajarín y Fraga, no estarán desmanteladas, en el mejor de los casos, hasta el próximo verano. La futura adjudicataria de la conservación y explotación de la autopista de Barcelona tendrá un plazo de seis meses para retirar las instalaciones, pero no podrá comenzar hasta diciembre, cuando expire el contrato de mantenimiento firmado con la hasta ahora concesionaria, Abertis. Esto puede convertir las instalaciones en un embudo si se ratifica la progresión en el crecimiento del tráfico, especialmente de camiones.
El Ministerio de Transportes dispone desde hace dos meses de la valoración técnica de las 22 ofertas presentadas por las principales constructoras del país y aclaró a los aspirantes que no aceptaba bajas temerarias. Esto despejaba cualquier duda sobre qué propuesta era la ganadora, la de Acciona, que con una rebaja del 25% sobre el precio de licitación, es la mejor puntuada. En su caso, plantea asumir la conservación durante dos años por un importe de 11,2 millones de euros, sin IVA, más el pago de un canon de 4,1 millones por la explotación de las áreas de servicio.
Sin embargo, el Gobierno ha optado por demorar la adjudicación de todos los tramos de la AP-2 y AP-7 liberados el pasado miércoles. Fuentes del sector indicaron a este diario que el procedimiento se ha retrasado por la reciente resolución de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), que plantea una sanción de 61,3 millones a las principales empresas del país por formar parte de un supuesto cártel que alteró las licitaciones de carreteras durante 5 años. Además, impuso la prohibición de contratar con las administraciones públicas, lo que afectaría a los contratos de conservación de las autopistas en proceso. "El problema es de tal envergadura que tienen que encontrar en el Ministerio una salida jurídica. De todos modos, la resolución de la CNMC es recurrible en los tribunales y a eso se podría acoger para resolver", indicó un directivo de una de las empresas implicadas.
El contrato de conservación de la AP-2 obliga a la adjudicatarias a asumir las obras de desmantelamiento de los peajes, valoradas en algo más de cuatro millones, ya que se debe desmontar "por completo" la gran infraestructura central de peaje de Pina de Ebro, así como de los laterales existente en el mismo término municipal y en los de Bujaraloz y Fraga. En todos ellos se han puesto conos para ordenar el tráfico y se ha limitado la velocidad a 30 km/h hasta que se ejecuten las obras.
El pliego de condiciones establece que también deberá "reconfigurar" la red de fibra óptica y habilitar cuatro pasos en las medianas para situaciones de emergencia. En total, la factura se eleva a 4,6 millones.
