Cádiz se ha marcado como objetivo alojar el Tribunal Constitucional. Teruel pretende que la futura agencia espacial impulse la ya imparable marcha del aeropuerto de Caudé. Y Valencia, una de las comunidades más insistentes a la hora de exigir una nueva descentralización que favorezca a la periferia, ya ha solicitado la sede de Puertos del Estado. A lo que aspiran todas, además del mero hecho de dar uso a un edificio y de convertirse en el hogar de un buen pellizco de funcionarios, es a generar tejido industrial y servicios en torno a instituciones con un peso real en el funcionamiento del Estado.

El debate no es nuevo, pero vuelve a cobrar protagonismo. Los territorios, especialmente los que sufren los achaques de la despoblación, son los principales interesados. El propio Lambán ha pedido a Sánchez que la secretaría de Estado de agua y política hidráulica se traslade a Zaragoza, y que además la ciudad se convierta, junto a otras urbes medianas, en ‘capital compartida’. Y Teruel ya ha logrado el centro de competencias digitales de Renfe y el primer centro de investigación de la UNED fuera de Madrid. El asunto no es baladí para el Gobierno de Aragón. No en vano, la DGA está organizando una jornada sobre descentralización junto a Funcas. “La fecha está por decidir, pero será potente y estará ligado a esta temática”, vaticinan desde el Pignatelli.

El catedrático de Economía Pública y director de la cátedra de la DPZ sobre despoblación, Vicente José Pinilla, encuentra esas posibles mudanzas de organismos y oficinas como “una iniciativa que resultaría muy positiva tanto desde el punto de vista político como económico”. “Madrid tiene unas evidentes ventajas como capital que le facilita la atracción de empresas, lo que lleva a poder reducir impuestos y, con ello, atraer más empresas, con las que recauda. Es un círculo vicioso derivado de la capitalidad que ahora la ha convertido en una ciudad con una dinámica propia que absorbe el talento y las inversiones”, considera.

El experto opina que no solo es importante generar un empleo de calidad, “lo que ya de por sí impacta positivamente en el entorno”, sino que se debe pensar en desempeños que impliquen una presencialidad para evitar que esos trabajadores vivan en otro sitio: “En ese sentido, el centro de Renfe en Teruel me parece todo un acierto”.

La llegada de varias decenas o centenares de trabajadores a un territorio y la instalación de un organismo público tiene, asimismo, un efecto en forma de creación de empleos indirectos y generación de riqueza. “Sobre todo a nivel de servicios. En cuanto a actividades de tipo industrial, que también pueden surgir y que al final son las más deseables, depende de las sinergias que genere la institución en cuestión”, matiza Pinilla.

La Comunidad de Madrid aglutina más de 150.000 trabajadores del medio millón que integran la Administración General del Estado. Aragón cuenta solo con 21.000, una cuarta parte de los que desempeñan sus labores profesionales en Andalucía. En Cataluña hay 26.000 y en el País Vasco en torno a 10.400, aunque al contar en ambos casos con más competencias que el resto de autonomías, el número de funcionarios se acaba disparando. “Esa desigualdad ya no tiene razón de ser con las comunicaciones y las nuevas tecnologías. No todo tiene que pasar por Madrid, que está a poco más de una hora de Zaragoza. Pueden venir aquí”, razona el catedrático.

¿Y los trabajadores?

El desequilibrio territorial no es una característica única. La vecina Portugal también concentra sus centros de decisión en Lisboa. Eso sí, llevan algo de ventaja en el proceso de transformación: su Congreso votó recientemente a favor del traslado a Coimbra -la tercera ciudad del país- del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Supremo Administrativo. Una decisión a la que aún le queda recorrido y a la que no le faltan detractores, empezando por las asociaciones judiciales. En España existe el antecedente del intento de traslado de la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) de Madrid a Barcelona, que fue anulado por el Tribunal Supremo tras estimar los recursos de la Comunidad de Madrid y de los propios trabajadores.

Por eso parece más sencillo que los entes que aterricen en zonas desfavorecidas sean los de nueva creación en lugar de intentar forzar el traslado de funcionarios. El presidente de la unión provincial de CSIF Zaragoza, Alberto Juan, sostiene que un trabajador público solo aceptaría un traslado “si le encajase el modelo de vida del nuevo destino, en caso contrario, no irá, ni aceptará un traslado forzoso”. Pone como ejemplo “la crisis en la cobertura de puestos del ámbito sanitario fuera de las capitales, incluso en ciudades como Calatayud”. “Las inversiones públicas y privadas tienen que llegar de la mano, a la vez. Si no hay medios para vivir del modo que uno espera, un trabajador no se moverá”, admite.

A su vez, el portavoz del sindicato mayoritario en la función pública recuerda que cualquier traslado de un organismo requiere de “una dotación de recursos suficiente” y que “hay que tener cuidado con la duplicidad de competencias y los solapamientos entre los distintos niveles institucionales”.