El Gobierno de Aragón ha recibido 3.528 solicitudes de empresas y autónomos para optar a las ayudas a la solvencia empresarial, dotadas con 141 millones, que puso en marcha por el Gobierno de España. Hostelería con 1.091 peticiones, que suman 239 millones; comercio al por mayor, con 682 demandas por valor de 92,4 millones, y Agricultura y Ganadería, que suman 372 peticiones, valoradas en 5,8 millones, son los tres sectores que más han solicitado. La Consejería de Hacienda tenía previsto adelantar el pago a los solicitantes a partir del puente del Pilar, siempre que aporten una declaración responsable.

Desde el 19 de julio hasta el 10 de septiembre, los empresarios han formalizado sus peticiones por un valor de 631 millones de euros. Ahora la agencia Tributaria deberá suministrar a la Comunidad la información necesaria para comprobar los requisitos de elegibilidad así como los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda.

Estas ayudas son compatibles con las que se ofrece en el plan autonómico de rescate de la hostelería, al que optan unos 5.700 negocios en la Comunidad.

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En cuanto a los conceptos para los que se han solicitado, las empresas y autónomos aragoneses las han solicitado de manera mayoritaria para hacer frente a los créditos contraídos con entidades financieras. En total, se han contabilizado 1.221 peticiones por 133 millones. También destacan las que se reclaman para hacer frente a proveedores y acreedores no financieros con 1.215 demandas por 29 millones. Las solicitudes que se han tramitado reflejan también los casos en los que se combinan distintas fórmulas crediticias para hacer frente a sus obligaciones.

Las ayudas tienen su origen en el RDL 5/2021, de 12 de marzo de Medidas Extraordinarias de Apoyo a la Solvencia Empresarial en respuesta a la pandemia de Covid-19, aprobado por el Gobierno de España, que estableció que la cuantía de la ayuda se determinaría por la caída del volumen de operaciones en el IVA de 2020 con respecto al ejercicio de 2019. Esta caída debe ser superior al 30%. Asimismo, estableció que estas ayudas fuesen finalistas, de manera que su uso se orientó al pago de costes fijos, al pago a proveedores y a hacer frente a las deudas de acreedores financieros.