Multas de 1.400 € a los fruticultores por no presentar la declaración responsable

Los agricultores que incumplieron la obligación de presentar una declaración responsable en la que debían concretar la previsión de contratación de mano de obra para la campaña de fruta dulce ya han comenzado a recibir la notificación de sanción correspondiente. La falta, según ha podido saber este periódico, ha sido calificada como leve (la cuantía varía entre 100 y 3.000 euros), si bien en la mayoría de las multas que están llegando a los productores la cantidad requerida se sitúa en los 1.400 euros, una cifra que se eleva en el caso de que el infractor sea reincidente y que se reduce a 800 euros si se realiza el pronto pago.

Unos 3.000 empleadores del sector frutícola -aquellos con más de una hectárea- tenían que cumplir este requisito incluido en una orden publicada conjuntamente por las consejerías de Agricultura, Economía y Sanidad para planificar la recolección, una actividad que obliga a movilizar a numerosos trabajadores, y evitar posibles contagios de covid entre los temporeros como sucedió el pasado año. Cumplieron con la obligación el 85,4% -que aglutinan el 95% de la superficie-, pero no realizaron el trámite un 14,6%. Dicho en número absolutos, desde la consejería de Agricultura, a la que dicha orden facultó para esta tarea, saldrán un total de 439 denuncias, muchas de las cuales ya han llegado a sus destinatarios.

Aunque el consejero Joaquín Olona ya había habido advertido con contundencia el pasado 23 de marzo -fecha en que terminó el plazo para dicho trámite- el inicio «inminente» del proceso sancionador, algunos de los fruticultores han recibido con «sorpresa» una sanción que no esperaban, «porque ya no ejercen la actividad», explicaron desde las organizaciones agrarias.

Desde la consejería de Agricultura aseguran que está situación se debe al hecho de que los datos utilizados hacen referencia a la última solicitud de la PAC, presentada en 2020, porque si se esperaba a la tramitación de este año el proceso iba a dilatarse demasiado. En cualquier caso, desde el departamento que dirige Olona insistieron en que una vez que los agricultores han recibido la notificación cuentan con un plazo para presentar alegaciones. Incluso, reconocen, existe también la posibilidad de presentar un recurso, aunque, en este caso, afirman que el proceso puede incluso alargarse un año.

Desde los sindicatos agrarios consideran que la consejería podría haber esperado unos meses para cotejar dichos datos con la nueva PAC, a no ser que la medida sea «simplemente recaudatoria».

Aluvión de inspecciones telemáticas a un mes de la campaña

Si aquellos que no presentaron su declaración responsable están recibiendo las anunciadas sanciones, los fruticultores que cumplieron el trámite están viendo con incredulidad cómo les están llegando notificaciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en las que les cita para una inspección. La novedad es que no serán los técnicos los que se desplacen hasta la explotación para comprobar que el empresario cumple con sus obligaciones laborales y, especialmente, con las exigencias sanitarias impuestas por la pandemia. La inspección es «telemática», explican desde la organización agraria UAGA, que calcula que, por el momento, se han cursado alrededor de 200 notificaciones, aunque no se descarta que la cifra vaya en aumento en las próximas fechas.

Sorprende además a los agricultores afectados que la documentación que requiere la Inspección de Trabajo es idéntica a la que ya tuvieron que cumplimentar cuando, por exigencia de las consejerías de Agricultura y de Economía, tuvieron que declarar su previsión de cosecha y de mano de obra.

Los datos que exige la inspección, y que se deben remitir por correo electrónico, incluyen la identificación de las fincas, la facturación del pasado año, las previsiones de contratación, las fechas de inicio y finalización de los trabajos de recogida, el sistema y la tipología de contratación utilizado o el sistema usado para facilitar el alojamiento a los trabajadores de temporada. Pide además explicaciones sobre el plan de contingencia y las medidas de salud relacionadas con la covid a aplicar por la empresa y que se acredite el gasto realizado o previsto para la adquisición de medios de protección personal.

La notificación incluye además una advertencia. «La incomparecencia o la no presentación de toda la documentación requerida constituye un acto de obstrucción», señala el documento, que añade que esta circunstancia podría suponer una multa de hasta 6.250 euros.

Algunos de los agricultores afectados han mostrado su malestar en las redes sociales. «Gracias al Gobierno autonómico y nacional por burocratizar más la campaña y hacernos la vida más fácil», dicen irónicamente.

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