Aragón estudia ir al juez para exigir al Estado el pago de 80 millones por el IVA de 2017

Cuando parecía que el Gobierno de Aragón daba por perdidos los 80 millones de euros devengados del IVA de diciembre de 2017, un fallo judicial a favor de la Junta de Castilla y León devuelve la polémica retención a primer plano. Los servicios jurídicos del Ejecutivo autonómico analizan el nuevo escenario que se abre ahora por si hubiera alguna posibilidad de forzar al Gobierno central a que realice la transferencia.

El rifirrafe viene de lejos. Tanto, que fue el exconsejero de Hacienda, el socialista Fernando Gimeno, el primero en exigir al Gobierno liderado entonces por Mariano Rajoy el pago de un mes del IVA correspondiente a 2017, que no se abonó a las autonomías por un cambio en el sistema de información.

Pero hay que remotarse a enero de 2020, a dos meses del inicio de la pandemia, para situarse en el punto álgido, que llegó cuando la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, informó de que había decaído el pago del IVA de diciembre de 2017.

Las protestas, de inicio, intentaron cerrar el tema en falso tras un Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que las comunidades del PSOE acabaron votando a favor de las «medidas paliativas» que propuso Montero, que ofreció como compensación disponer de dos décimas de déficit de colchón en vez de estar obligados a lograr el equilibrio presupuestario, contar con un fondo extra de liquidez sin intereses y no computar a las comunidades la parte del déficit de 2019 imputable a la cuantía del IVA que no les ha abonado.

No fue suficiente. La presión de la oposición en Aragón iba en aumento, y el Consejo de Gobierno ordenó a los servicios jurídicos y económicos de la DGA que prepararan el requerimiento para ir a los tribunales. El trabajo se inició, pero no llegó a buen puerto. Fuentes de Hacienda señalaron que no se planteó un contencioso-administrativo porque había posibilidades de que fuera «inadmitido» pues «el cambio normativo no suponía una detracción de fondos». Sí reconocían, a pesar de ello, que la decisión de no abonar los 80 millones había tenido una repercusión en los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Ahora, a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo a favor de la Junta de Castilla y León, que condena a la Administración del Estado a abonar la compensación, el Ejecutivo aragonés se lo está replanteando de nuevo. Se pide con insistencia desde la oposición. La diputada popular Carmen Susín registró este martes una proposición no de ley para su debate en el pleno que las Cortes de Aragón celebrarán la próxima semana para que el Gobierno de Javier Lambán interponga definitivamente un recurso contencioso administrativo al de España para exigir el pago de los 80 millones de euros.

Y su petición, esta vez, podría salir adelante. Fuentes del ministerio incidieron este miércoles en que estudiarán la sentencia pero, si los tribunales dan la razón a las comunidades, se pagará la cantidad adeudada, que se valoró en total en 2.800 millones de euros.