El consejero de Agricultura, Joaquín Olona, se ha comprometido este miércoles en el pleno de las Cortes a impulsar “todas las acciones políticas” a su alcance para garantizar “no solo la finalización de las obras del embalse de Mularroya, sino su puesta en servicio”. Lo ha hecho en una comparecencia a petición propia y del PP en la que los socios del cuatripartito han aireado sus conocidas discrepancias en materia de política hidráulica. 

El también titular de Medio Ambiente ha reiterado su apoyo a la Junta Central del Jalón y ha advertido de los “costes irreparables” que tendría paralizar los trabajos en curso. Ha subrayado, asimismo, que “no es cierto que no cumpla la Directiva Marco del Agua". “Otra cosa es que no se haya justificado convenientemente”, ha matizado. En su opinión, el Ministerio para la Transición Ecológica de Teresa Ribera debe recurrir y acreditar el interés público superior del proyecto, ya que, de lo contrario, se corre el riesgo de “tirar a la basura más de 130 millones de euros”. 

“La Directiva Marco sí permite alterar la calidad de las masas de agua. Y claro que el embalse afecta a la calidad de las masas. Hay que reconocerlo y justificar que dicha afección se compensa con los beneficios sociales y económicos y el bien de interés superior. Siendo una cuestión formal, estamos a tiempo y en la obligación de que se haga”, ha subrayado. 

Para Olona, recurrir la sentencia es “una obligación”, ya que el Estado tiene el deber de “defender sus actuaciones”. “No podemos seguir cometiendo errores formales. Es una cuestión técnica, jurídica y administrativa. Seguimos quizá sin entender bien que hay que justificar formalmente el interés público superior. Quienes se oponen, que están en su derecho, encuentran defectos formales, van a los tribunales y se les da la razón”, ha agregado. Por este motivo, cree imprescindible que la administración hidráulica “se ponga a trabajar con más eficacia en la justificación formal”. “No es una cuestión político partidista”, ha incidido.

A juicio de Ramón Celma, del PP, la reciente sentencia traslada una sensación de “desesperanza”. “Nos condicionan unos pocos que, sin conocer el territorio, no hacen más que poner recursos que entorpecen la vida normal en nuestros pueblos. O les paran los pies o nos van a echar de nuestros pueblos. Es inaudito que el que ha invertido todo ese dinero diga que quizá no recurre, cualquier otra ministra hubiera preparado a todos los abogados del Estado para hacerlo”, ha afirmado.

En el extremo opuesto, Nacho Escartín, de Podemos ha asegurado que Mularroya “es ilegal”, y que hay “alternativas para regar y abastecer a la población”. “Tiene que ser responsable y cumplir con los cuatro partidos que le pusimos como consejero. Debe respetar las decisiones judiciales”, le ha espetado al consejero. En esta línea, Joaquín Palacín, de CHA, ha criticado el “despropósito” de la gestión de los últimos años. “Hay que generar certidumbre. Habrá que reflexionar sobre la política hidráulica en Aragón y el pacto del agua, que lleva ya muchas sentencias en contra. Hay que buscar nuevos acuerdos y ejemplos de pacto. Si no, vamos a seguir ahondando en estos problemas”, ha destacado.

Mientras, Jesús Guerrero, del PAR, ha recalcado que no se entendería que el Ministerio no recurriese “habiéndose gastado más de 140 millones de euros”. “Queremos que se recurra la sentencia y se haga Mularroya”, ha añadido.

Desde la oposición, Ramiro Domínguez, de Ciudadanos, ha advertido al consejero Olona tras las duras declaraciones de Escartín que “tiene a la zorra cuidando de las gallinas”. En su opinión, haber enviado una carta al Ministerio sabe a poco. “Me parece insuficiente, y más con la ministra Ribera, que tiene mucho peligro. Debe convocar la Mesa del Agua y el Ministerio, recurrir la sentencia”, ha dicho.

Por su parte, Santiago Morón, de Vox, ha cargado contra los “ecologistas fundamentalistas”. “Han encontrado un resquicio legal, y ese es el quid de la cuestión. En Vox estamos muy preocupados, estamos hablando de mucho dinero y nos preocupa que se puedan cometer estos errores. Si ha habido fallos habrá un responsable o responsables”, ha comentado.

El problema, en opinión de Álvaro Sanz, de IU, es que se está hablando de ‘pararle los pies a ’o ‘trabajar en contra de’. “Este debate no lo vamos a saldar si no nos sentamos a hablar. No se están diseñando propuestas desde el cambio de paradigma”, ha señalado.