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La ley trans de Montero: tan demandada por el colectivo como polémica
El anteproyecto, que permitiría cambiar de sexo en el registro sin informe médico a partir de los 16 años, abre una brecha entre los dos socios del Gobierno. Los sectores defensores alaban que por fin no se considere como una patología.
La tramitación de una nueva ley trans, impulsada por el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero, está envuelta en la polémica sin haber llegado siquiera a su debate legislativo y ha abierto una brecha política entre los dos socios del Gobierno. La Moncloa ya se ha desmarcado del borrador del anteproyecto, conocido esta misma semana, en el que se contempla el cambio de sexo en el registro sin necesidad de informe ni tratamiento médico a partir de los 16 años, y entre los 12 y los 16 con consentimiento de padres o tutores.
De salir adelante -algo en duda a tenor de cómo están en estos momentos las posturas- se eliminaría el requisito de diagnóstico de disforia de género y se reconocería "el derecho a la identidad de género libremente manifestada, sin necesidad de aportar diagnóstico médico o psicológico alguno de someterse a tratamiento previo". Todos los sectores defensores de la norma alaban que por fin no se considere como una enfermedad, como una patología (en la ley de 2007 se establece la necesidad de hormonación e informes).
El Ejecutivo ha dejado claro que el borrador solo recoge los postulados de Unidas Podemos y que las posiciones están "alejadas". Y este jueves la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha admitido sus dudas sobre la autodeterminación de género. "Me preocupa fundamentalmente la idea de pensar que se elige el género sin más que la mera voluntad o el deseo, poniendo en riesgo los criterios de identidad del resto de los 47 millones de españoles; eso tiene que tener unas garantías", ha avisado.
Críticas del PP y de feministas
Mientras, el Partido Popular está preocupado por sus alusiones a los menores y por la seguridad jurídica de la norma, de la que temen que pueda afectar a la ley de violencia de género. Así lo ha señalado la diputada Marga Prohens, que ha censurado la polémica en el seno del Gobierno por ser "una batalla más entre PSOE y Podemos, que tiene en contra a todo el movimiento feminista". Precisamente, Confluencia Movimiento Feminista acusa a Igualdad y a Podemos de estar detrás de una campaña de descrédito contra las entidades feministas que son críticas con las políticas de Montero, especialmente con lo que se refiere a la ley trans.
Por su parte, Ciudadanos -a través de su portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal- ha pedido al PSOE y Unidas Podemos que se pongan de acuerdo en el contenido de la futura norma para no generar "inseguridad" a las personas transexuales, que ya se encuentran en una situación de "vulnerabilidad" y "discriminación".
Para Juan Diego Ramos, presidente de la Asociación Somos LGTB+ de Aragón, lo más importante es despatologizar el hecho de ser una persona trans y la autodeterminación de género. "Para poder realizar el cambio en el registro necesitas tener un informe psicológico durante 2 años y haber iniciado un tratamiento hormonal. Te están obligando a someter a tu organismo a una exposición que yo no tengo ninguna necesidad por el hecho de ser una persona trans de tener por qué cambiar mi cuerpo para entrar dentro de unos patrones sexistas y normativos de cómo tiene que ser una mujer o un hombre. Tengo la libertad de decir si quiero o no", dice.
De ahí que valore positivamente el anteproyecto de ley (Somos ha estado en la mesa de negociación). "Hay que ser garantista. El problema es dar un paso adelante con la ley que se hizo en 2007 en España. En ese momento fue un adelanto a nivel europeo, pero tenía sus carencias. Ahora todas esas carencias aparecen cubiertas en el borrador", indica.
En la misma línea, Leticia Ojeda, técnica de Iguales de Somos LGTB+, destaca que se necesita una ley trans que no contradiga las normas autonómicas. "Este borrador recoge muchas cosas importantes para el colectivo. No necesitamos un psicólogo que diga que somos trans cuando tú sabes lo que eres. Y todo el proceso hormonal para los menores es muy complejo", afirma.
Batalla judicial de Patrick
Mientras, Natalia Aventín, presidenta de Euforia. Familias Trans-Aliadas, habla de avance. "Es un avance porque despatologiza las identidades: no tienes que someterte a ningún tratamiento médico obligatorio para reconocer tu identidad y, además, garantiza que puedas acceder a los tratamientos si quieres", resalta Aventín, madre de Patrick, un chico trans que en 2014 -cuando era menor- comenzó una batalla judicial (que llegó al Tribunal Supremo y al Constitucional tras pasar por la Audiencia Provincial de Huesca) para rectificar el nombre y la mención relativa al sexo en el Registro Civil.
También destaca del anteproyeto que reconoce a las personas migrantres y que da la posibilidad a las no binarias de no poner en su DNI ningún sexo. "Aunque en este último caso es mejorable porque al final no las está reconociendo", matiza.
Al mismo tiempo, Aventín hace hincapié en la Ley 4/2018, de 19 de abril, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de Aragón; "una de las más punteras". "Aragón hace años que tiene garantizado el tratamiento hormonal sin que tenga que justificarse con un informe psicológico y, por ley, está reconocida la autodeterminación de la identidad en sus administraciones públicas sin necesidad de ningún informe médico", informa. Además, destaca el tema educativo y laboral en la norma autonómica. "La administración tiene la obligación de ofrecer un cupo de plazas para las personas trans; un colectivo que tiene una exclusión laboral de un 80%", recuerda.
En este sentido, asegura que ley aragonesa recoge muchos aspectos que se van a incluir en el futuro anteproyecto. "Nos viene a mejorar el tema del registro sin informe médico. Y es igualar los derechos en las comunidades".
De paraguas
Por su parte, Lucía González-Mendiondo, psicóloga, sexóloga y profesora asociada de la Universidad de Zaragoza, resalta que "ya es hora" de que exista una ley estatal que garantice "los derechos de las personas transexuales y la despatologización" de su condición. "Al ser un colectivo que sufre una discriminación inadmisible en una sociedad que se hace llamar 'civilizada'. Y que haga de paraguas a las diferentes leyes y medidas que ya existen a nivel autonómico", apunta.
Para esta experta en temas de diversidad sexual, lo más positivo del texto es que la transexualidad se despoje de la connotación patológica y el reconocimiento de la diversidad sexual. No obstante, considera que hablar de autodeterminación de género puede dar lugar a confusión. "Pareciera que lo que la ley plantea es que cada cual decide en un momento ser hombre o mujer o no identificarse con unos ni con otras, y que al día siguiente puede cambiar de opinión. Como si nuestra identidad sexual fuera un mueble de Ikea que nosotros elegimos comprar y cada cual montamos a nuestra manera", asegura.
González-Mendiondo ve "muy útil y necesario" el acompañamiento psicológico. "No para acreditar que la persona sea o no sea trans, que eso es algo que solo la persona sabe, sino para acompañarla en un proceso complicado en el que probablemente va a enfrentarse al estigma y la discriminación", aclara. Y añade: "Me parece una herramienta clave, pero siempre y cuando tenga ese fin: acompañar. No evaluar o decidir si el o la adolescente es quien dice ser, que es un poco el papel que se nos otorga a los profesionales cuando se nos pide ese tipo de informes".
Desde el punto de vista médico, José Ignacio Perales, pediatra endocrino y que trabaja con menores trans, señala que el anteproyecto de ley lo que quiere es garantizar los derechos de aquella persona cuya identidad de género o sexo sentido no se corresponde con el sexo asignado al nacer. "El que los menores, a partir de los 16 años, puedan cambiar de sexo en el registro sin informe médico lo considero correcto. Hasta ahora para ellos supone un periplo de médicos e informes para obtener algo que es completamente natural", dice.
Este médico, que trabaja en la Clínica del Pilar de Zaragoza, también habla de despatologizar su condición trans. "La mayoría lo que quiere es cuanto antes ese tratamiento hormonal. A partir de la edad que se considere legal, pienso que no es necesario el informe médico. Ellos son los que tienen que decidir sobre su cuerpo y el médico es el que tiene que acompañar, pero no creo que sea el que tenga que aportar algo a nivel legal. Todo este proceso debería producirse de una forma más natural y acorde a la persona. Lo que importa es la persona no si lleva tratamiento o lo deja de llevar", sostiene.
Punto de vista legal
Y en el aspecto jurídico, el abogado Javier Maldonado, asesor legal a nivel estatal de Chrisallys -Asociación de Familias de Menores Transexuales-, destaca que una ley trans que no recoga la identidad de género en base a la autodeterminación "iría en contra de lo que ha declarado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos". "Los menores de edad tienen su identidad exactamente igual que las personas mayores. No es necesario ninguna madurez suficiente para saber quién se es; igual que los menores no trans no necesitan esperar a ninguna edad para ser quienes son", indica.
Maldonado resalta que la ley trans de Igualdad es demandada desde hace muchos años y situaría a España en una posición equivalente a la de otros muchos países en lo que respecta al reconocimiento a la identidad de género. "Es casi copia de lo que aparece en otras legislaciones internacionales, como puede ser Noruega. Y en otras materias -como sanidad o derechos humanos en el ámbito educativo- es reiterar lo que se refleja en la legislación autonómica de casi todas las comunidades, que han sido leyes aprobadas en la mayoría de los casos por unanimidad", sostiene.
Asimismo, el asesor legal de Chrisallys añade que la autodeterminación en la identidad de género no es "una creación artificial" de Igualdad. "Viene indicado desde la ONU en 2007 y el Consejo de Europa viene instando a los Estados miembros a que recojan esa autodeterminación, con esas palabras. Cada persona es el único sujeto que puede indicar cuál es su identidad. Por tanto, es algo connatural con el concepto identidad de género", explica.
Por último, Maldonado subraya que no es una ley transgresora ni que irrumpa de forma sorpresiva. "A nivel registral existe el antecedente de consenso de 2019. En esencia reproduce lo que se había consensuado a iniciativa del grupo parlamentario Socialista, con la aceptación expresa por parte del PP, Cs, Unidos Podemos y todos los partidos que en ese momento tenían intervención en la comisión de Justicia del Congreso", recuerda.
