El rechazo del TSJA a confinar La Almunia puede acabar en el Tribunal Constitucional

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) valora seriamente la posibilidad de llevar al Tribunal Constitucional una de las reformas legales que introdujo el pasado mes de septiembre el Gobierno de Pedro Sánchez para obligar a la Justicia a valorar de antemano las medidas sanitarias que dictan las comunidades autónomas para frenar la propagación de la covid-19. Los magistrados consideran que esta imposición podría arrastrar un vicio de inconstitucionalidad, ya que su misión, dicen, no es dar una autorización previa a las decisiones de la Administración, sino garantizar la legalidad de las mismas a posteriori. De lo contrario, entienden, serían ellos los que estarían gobernando.

El TSJA se ha planteado la posible presentación de una cuestión de inconstitucionalidad a raíz del recurso de reposición que interpuso el Gobierno aragonés contra el auto que denegó el confinamiento de La Almunia de Doña Godina, dictado el pasado 10 de octubre. De hecho, la Sala de lo Contencioso Administrativo ha suspendido los plazos para resolver dicho recurso para dictar una providencia en la que emplaza a la Fiscalía y a la propia DGA a pronunciarse sobre el posible vicio de inconstitucionalidad. En cuanto conozca su postura, los magistrados se reunirán para deliberar y decidir si finalmente llevan el asunto al Constitucional.

Según ha podido saber HERALDO, el ministerio público ya ha contestado a la providencia del TSJA, pero ha preferido no entrar en el fondo del asunto. Al parecer, suele ser lo habitual en estos casos, ya que la Fiscalía cuenta con sus propios especialistas en el Tribunal Constitucional y serán ellos los que, llegado el caso, se pronuncien. La que todavía no habría formalizado su posición sería la DGA, que fue la que realmente dio lugar al procedimiento al impugnar el auto que rechazaba el confinamiento de La Almunia.

El Tribunal Superior de Aragón ha tumbado ya varias de las medidas impulsadas por el Ejecutivo de Javier Lambán durante la crisis sanitaria. De hecho, además del confinamiento de La Almunia, el TSJA rechazó la prórroga del de Andorra, así como el cierre de la hostelería a la una de la madrugada o los aforos restrictivos durante el puente del Pilar.

El controvertido artículo 10.8

El Tribunal Superior de Aragón podría ir ahora incluso más lejos, ya que su hipotética cuestión de inconstitucionalidad podría acabar con la solución que encontró el Gobierno central para ‘parchear’ la ley procedimental por la que se rige la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA). Cabe recordar que fue un decreto ley del pasado mes de septiembre el que modificó el artículo 10.8 de la citada LJCA para que fueran las salas de lo contencioso-administrativo quienes avalen con carácter previo las resoluciones en materia de salud pública que adoptan los gobiernos autonómicos. Y ese es precisamente el artículo sobre el que el TSJA alberga dudas.

"En esta tesitura, el juez no ejerce como juez de garantías, sino que, en puridad, participa de una función que solo corresponde a la Administración, la función administrativa o, en su caso, la reglamentaria", señala la providencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, a la que ha podido acceder este diario. "Además -añade-, el artículo 10.8 de la LJCA introduce, por vía de interpretación, la posibilidad de adopción de medidas generales limitativas o restrictivas de derechos fundamentales, que no encuentran amparo ni cobertura en la Ley Orgánica 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública".

Durante los últimos años, el TSJA ha presentado ya media docena de cuestiones de inconstitucionalidad. De impulsar ahora esta, lo haría, como muy tarde, el próximo mes de diciembre.