coronavirus en aragón
Aragón deberá impulsar el cierre de prostíbulos y realojar a las mujeres
El pleno de las Cortes aprueba una iniciativa con la que se insta a la DGA a reforzar la coordinación con las fuerzas de seguridad para controlar pisos privados y establecimientos públicos donde pueda haber sospecha de situaciones de prostitución.
El pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado una iniciativa con la que se insta al Ejecutivo autonómico a reforzar la coordinación con las fuerzas de seguridad para controlar los pisos privados y establecimientos públicos donde pueda haber sospecha de situaciones de prostitución y proceder, en su caso, al cierre, así como a habilitar un plan de alternativa habitacional para estas mujeres.
La iniciativa la ha presentado el diputado de IU, Álvaro Sanz, quien ha puesto sobre la mesa la necesidad de abordar el debate de la abolición de la prostitución y de la persecución "por ley" del proxenetismo y de la "demanda creciente del cuerpo de la mujer para su consumo", una actividad que ha reconocido que es alegal porque la mayoría de los locales donde se practica tienen licencia de bares y hoteles.
Pero, además, mantener estos establecimientos abiertos en plena pandemia por el virus es un grave riesgo para la salud de las mujeres y para la salud pública en general, dada la dificultad para localizar los contactos de casos positivos, ha dicho.
Los grupos que sustentan al Gobierno (PSOE, Podemos, CHA y PAR) han presentado una enmienda conjunta que ha sido transaccionada y que ha permitido que la iniciativa salga adelante con amplio respaldo, al haber obtenido además el apoyo del PP, mientras que Ciudadanos y Vox han votado en contra.
La proposición aprobada incluye un punto para instar al Gobierno a implementar soluciones de alojamiento a mujeres en situación de prostitución y un plan de recuperación social que garantice su asesoramiento, formación y emancipación, contando con las organizaciones de apoyo a estas mujeres.
Otras medidas
También se pide que en el debate del proyecto de ley de la prestación aragonesa complementaria del ingreso mínimo vital se estudie la inclusión como beneficiarias de ayudas de las personas en situación de explotación sexual e iniciar un proceso de inclusión social, así como intensificar la vigilancia por parte de las administraciones públicas para identificar los casos de trata con fines de explotación sexual con objeto de eliminar los fines lucrativos de los proxenetas.
El socialista Darío Villagrasa ha considerado que no se puede "normalizar" el fenómeno de la prostitución y ha insistido en que si hay oferta, es porque hay hombres que demandan un "servicio" que esconde "falta de libertad, extorsión, trata y personas que se lucran" para acabar provocando "vulnerabilidad, pobreza y exclusión". Por eso "no se debería normalizar aquello que nunca debió existir", ha zanjado.
Para Carmen Martínez, de CHA, la prostitución nunca debería confundirse con un negocio, porque es sinónimo de "esclavitud, violencia machista y mercantilización sexual de las mujeres" y ha señalado directamente a "los puteros y proxenetas" como el verdadero problema, en tanto en cuanto el 97 por ciento de las personas que hacen uso de la prostitución son hombres.
La prostitución "jamas debería ser considerado un trabajo", ha replicado Martínez a la diputada de Ciudadanos Beatriz García, quien ha justificado el voto en contra de la formación naranja en la necesidad de regular la actividad con una ley que castigue la explotación sexual. García también ha asegurado que hay "gente" que no quiere salir de una actividad que ha calificado de "profesión", algo que ha achacado a una "cuestión de libertad personal".
La diputada popular Marián Orós ha coincidido en que es imperativo legislar y ha insistido en que la prostitución no es una profesión" y no se puede legalizar, sino que es probablemente la "más antigua muestra de desigualdad y vulneración de derechos", en tanto en cuanto el 90 % de quienes la ejercen, por necesidad o extorsión, son víctimas de trata.
Por Vox, David Arranz ha rechazado la explotación de cualquier persona, con independencia de su sexo, pero se ha mostrado en contra del enfoque de la iniciativa, basado, ha dicho, en los "mantras de la izquierda: la violencia machista, la desigualdad y la feminización de la pobreza", que no comparte.
Lo "lógico" sería estudiar la regularización de la prostitución, ha dicho, al tiempo que ha añadido que las medidas de apoyo no pueden convertirse en "un coladero" para la regularización automática de las mujeres inmigrantes que la ejercen y ha indicado que hay quienes lo hacen "voluntariamente" ganando "grandes emolumentos", mujeres que "no son pobrecillas".
