La hostelería prevé afecciones importantes y las residencias aplauden las medidas

Las medidas adoptadas por el Ministerio de Sanidad y todas las comunidades autónomas han sido recibidas de manera desigual por los principales afectados. La hostelería lamentó la "criminalización" del sector y auguró una afección importante al exigir una separación mínima de 1,5 metros entre los clientes y aprobarse la prohibición de fumar a menos de dos metros de distancia. Por el contrario, la dependencia valoró "positivamente" las propuestas, ya que permiten "garantizar" en mayor medida la seguridad de los internos. Todas ellas, recordaron desde el Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza, son importantes para atajar la "peligrosa vorágine" de contagios.

El presidente de la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia, José María Marteles, alertó de que la situación es "límite" y que se podría destruir el 46% del tejido empresarial hostelero de la provincia. Por ello, solicitó medidas económicas y fiscales para intentar salvar el sector, que además está siendo criminalizado "social y legalmente". Recordó que el origen de los focos "parece que reside" en otro tipo de conductas incívicas como reuniones privadas y desplazamientos. Son conscientes, puntualizó, de la importancia de la salud, pero pidió un "equilibro con otros derechos".

El veto al tabaco generará una "afección importante y difícil de cuantificar" y Marteles alertó de la dificultad de regular la distancia mínima interpersonal entre consumidores de una misma mesa.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Aragón, Luis Vaquer, criticó este nuevo "palo" a un sector "muy tocado" y aseguró que no hay "justificación científica". Por ello, tienen previsto recurrir a los tribunales, aunque esta vez a nivel nacional, como ya hizo en Aragón con el cierre de la hostelería, que finalmente ha quedado limitado a las zonas en fase 2. "En Aragón hemos tenido la prueba palpable de que estas medidas no han funcionado", indicó.

En una posición antagónica se encuentran los centros residenciales, a los que las medidas acordadas imponen nuevas limitaciones. "Es positivo porque cada vez hay más afectados y es importante controlar la situación", recalcó Santiago Cosculluela, presidente de la Asociación Aragonesa para la Dependencia (Arade). Recordó, en este sentido, que algunas de estas propuestas ya están en marcha en Aragón, como que todos los internos o nuevos empleados tengan que presentar una PCR negativa. "También se les hace a los que vuelven de los hospitales, aunque hayan ingresado por otras patologías", especificó. A partir de ahora se prevén para los trabajadores que regresen de sus vacaciones, una propuesta "interesante" para Cosculluela.

El riesgo crea una verdadera "angustia" a los profesionales del sector. El presidente de Arade recordó que de las cerca de 300 residencias que hay en Aragón, solo una pequeña parte tienen brotes importantes. "La situación no tiene nada que ver con marzo", subrayó, al tiempo que detalló que los directores y trabajadores están muy concienciados, tienen un "cuidado exquisito" y cuentan con equipos de protección. 

"El virus puede entrar en cualquier momento", reconoció, pero alegó que ahora, si hay el mínimo síntoma se informa a los servicios sanitarios y se activan los protocolos correspondientes. Quienes peor lo llevarán serán los residentes, que "han sufrido mucho en este periodo" cuando no han podido ver a sus familiares ni salir a la calle. "El deterioro cognitivo es importante", dijo.