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Aragón

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A prisión por disparar a su exjefe y dejar sin luz la planta de Covid-19 del Royo Villanova

El pistolero usó el GPS del coche, lo que permitió ubicarlo en el lugar de los hechos.

Alberto P. G., de 35 años, fue enviado ayer a prisión como presunto autor de la tentativa de homicidio de su exjefe el pasado 6 de abril y del sabotaje al sistema eléctrico de la planta del Hospital Royo Villanova donde están los enfermos muy graves de Covid-19, a los que puso en serio riesgo, cometido el 18 de marzo pasado.

Tras su detención el pasado jueves, el arrestado fue conducido ayer por la mañana a la Ciudad de la Justicia y se acogió a su derecho a no declarar ante la titular del Juzgado de Instrucción número 10, alegando que llevaba tres días detenido y estaba cansado. A pesar de ello, la magistrada decretó prisión preventiva por el riesgo de que destruya pruebas o que pueda actuar contra cualquiera de sus víctimas, entre ellas dos jefas del Royo Villanova, a una de las cuales rajó supuestamente las cuatro ruedas de su coche.

La causa permanece secreta, ya que la investigación policial aún no está cerrada. Entre otras cosas, falta encontrar el arma empleada para disparar a J. V. S., jefe de mantenimiento del Sector I del Salud, bajo cuyas órdenes estuvo trabajando Alberto P. G. durante los tres meses de prueba que no superó.

También queda por determinar qué pensaba hacer el sospechoso con los productos fitosanitarios que la Policía encontró en la furgoneta que conducía cuando fue detenido el jueves en la calle de Barcelona del barrio de Las Delicias, así como con placas de matrícula falsas que él mismo dobló, instrumentos electrónicos y eléctricos y otros productos químicos. Según el propio arrestado, transportaba ese material porque es apicultor (tiene colmenas en la localidad de Arándiga) y no porque tuviera intención de fabricar explosivos, como creen los investigadores.

Planificación previa

El detenido negó ser el autor de los disparos que casi cuestan la vida a J. V. S. Además, aquel día dejó su teléfono móvil en casa, posiblemente, para evitar su posterior geolocalización. Sin embargo, el sospechoso usó el GPS de su vehículo y la Policía comprobó que había introducido la dirección de la casa de la víctima, en la calle de Mainar, en el barrio Jesús, donde le esperó en la mañana del 6 de abril cuando el jefe de mantenimiento salía de su garaje para ir a trabajar. También hallaron en su domicilio documentación con anotaciones sobre los turnos, horarios y datos privados de su exjefe, lo que denotaría una planificación previa del ataque.

No obstante, la Policía tuvo en el punto de mira a Alberto P. G. como sospechoso, ya que la propia víctima del tiroteo llegó a reconocerle como autor de la agresión y explicó los motivos y la relación laboral que les había unido hasta que fue cesado por sucesivas faltas laborales.

La venganza por perder el trabajo ha estado presente desde el mismo día en que se lo comunicaron. Su reacción, como luego contaron los testigos a los investigadores, fue furibunda y amenazó a una ingeniera jefe del hospital. Por este hecho fue denunciado el 14 de noviembre de 2019, el día siguiente a ser cesado, y luego juzgado por amenazas. Posteriormente, Alberto P. G. acudió en varias ocasiones al centro sanitario, siempre en actitud agresiva y violenta, y profirió insultos e injurias contra la ingeniera jefa, actitud que extendió a la jefa de personal a la que presuntamente causó daños en el coche que la responsable tenía aparcado en la calle.

Los policías encargados del caso contaron con todos estos indicios para centrar su investigación sobre el extrabajador, sospechas que apuntalaron con el examen de las cámaras de seguridad del edificio en que reside J. V. S. En ellas se ve a un individuo con unas prendas determinadas que coinciden con las descritas por los testigos del hecho con las que luego fueron encontradas en el domicilio del detenido. El arrestado no solo desmiente haber tiroteado a J. V. S., sino también las acusaciones de acoso a una trabajadora del Royo Villanova y otros actos delictivos por los que ha sido denunciado.

Además, los agentes han contado para la investigación con la colaboración del hermano de Alberto P. G., quien llegó a reconocer que en una ocasión le enseñó la pistola simulada, pero modificada para disparar balines con punta de metal que presuntamente usó contra su exjefe. El detenido se negó a ser examinado por los médicos forenses, como propuso su abogada, Carmen Sánchez Herrero.

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