infraestructuras
La DGA invertirá 300 millones en arreglar sus principales carreteras por concesión
Licitará la mejora y mantenimiento por 25 años de 1.560 kilómetros de la red básica en 2021, lo que permitirá dedicar la conservación ordinaria a vías de menor tráfico.
El Gobierno de Aragón prepara un ambicioso plan extraordinario de carreteras para garantizar el arreglo y conservación durante 25 años de las vías con mayor intensidad de tráfico, que suponen el 28% de los cerca de 5.700 kilómetros de la red autonómica. Para hacerlo posible con las actuales limitaciones presupuestarias se recurrirá a la fórmula de la concesión de obra pública, de modo que las adjudicatarias adelantarán la inversión inicial, estimada en 308 millones de euros, y la Administración la irá devolviendo en cómodos plazos.
Si las previsiones oficiales se cumplen, la licitación de los diez contratos en los que se dividirán los tramos incluidos se convocará en un año y las empresas empezarán a trabajar a lo largo del verano de 2022, de modo que la red viaria básica estará "en óptimas condiciones" dos años y medio después, a finales de 2024.
El consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, y el director general de Carreteras, Bizén Fuster, quieren ir sobre seguro y evitar que se repita el fiasco del Plan Red, cuya rescisión por parte del Gobierno del PP costó más de 15 millones. Para ello, han consensuado las bases del nuevo plan extraordinario con la Intervención General del Estado, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) y la Oficina Europea de Estadística (Eurostat). Además, lo han dado a conocer a las principales empresas contratistas de Aragón y a los sindicatos y más adelante harán lo propio con las entidades financieras a las que tendrán que acudir las empresas.
Soro aseguró que con el presupuesto ordinario es imposible darle la vuelta a corto plazo a la depauperada red autonómica, por lo que han optado por este plan extraordinario que, garantiza, no tendrá impacto sobre la deuda o el déficit de Aragón al asumir las empresas el riesgo de la concesión.
El consejero no se aventuró a dar la cifra anual que habrá que pagar a las empresas, ya que aún se debe redactar el plan económico-financiero. Lo que parece claro es que la partida anual para Carreteras podría aumentar más de un tercio. Para hacerse una idea, la Dirección General dispone de 68 millones, cuando el Plan de Carreteras 2013-2024 establecía para este año 121.
La pretensión era reducir el plazo a 10 años, lo que elevaba el coste en torno a los 500 millones al sumar la conservación. Esa cuantía aumentará porque, por expresa indicación de Eurostat, el plazo de concesión debe ser, al menos, la mitad del de amortización de una vía. Es decir, 25 años. "Era la única fórmula posible y vamos a ser los primeros en recurrir a ella. De ahí el interés de todos en que la solución sea viable", señaló Soro.
![Trafico de camiones en la autovia mudejar en las cercanias de Teruel. Foto Antonio Garcia. 29-04-08 [[[HA ARCHIVO]]]](https://imagenes.heraldo.es/files/image_320_180/uploads/imagenes/2020/01/30/trafico-de-camiones-e-33703339.jpeg)
El siguiente paso será licitar las asistencias técnicas para concretar el sistema de concesión, que establecerá el pago por disponibilidad frente al peaje en sombra. Este es el que se empleó con la fallida autopista autonómica y descartado con la nueva ley de contratos. Su redacción saldrá a concurso en marzo, al igual que los proyectos de trazado.
Todos los documentos deberán estar listos a fin de año para su exposición pública, de modo que en septiembre de 2021 se puedan licitar y en un plazo de ocho o nueve meses se sepan ya los diez adjudicatarios. La pretensión es que cada contrato implique actuaciones de mejora vial por unos 30 millones.
El director general de Carreteras incidió en que las adjudicatarias asumirán riesgos, tanto en la construcción como en el posterior mantenimiento. De este modo, se les penalizará si las obras iniciales no se ejecutan en el plazo fijado, 30 meses, o si aparecen «vicios ocultos» con posterioridad.
También deberán correr con el denominado "riesgo por pago por disponibilidad", con el que se pretende primar la seguridad vial y la calidad del servicio. Para ello, las empresas deberán cumplir una serie de criterios objetivos, como subsanar un desprendimiento, despejar las vías de nieve o garantizar la seguridad en caso de accidente en un determinado plazo de tiempo. De no hacerlo, serán igualmente penalizadas «de forma automática».
Soro aseguró que su puesta en marcha no supondrá una carga inasumible ni disparará el presupuesto del departamento, dado que el pago se diferirá en dos décadas y ya se habrán pagado las obras de Bon Àrea y Canfranc, que supone más de 40 millones.
El consejero de Vertebración destacó que este plan tampoco reducirá la conservación ordinaria que, a diferencia de ahora, se dedicará en su totalidad a las carreteras con menor tráfico. Esto se aplicará tanto a las empresas de los nueve contratos de conservación –en pleno proceso de resolución– como a los recursos propios de la DGA, las brigadas.
Maquinaria para las brigadas
Soro subrayó que su apuesta por lo público sigue presente y lo justifica en el hecho de haber repuesto todos los puestos de las brigadas, que las componen unas 400 personas, en vez de desmantelarlas "como el Ministerio de Fomento". En este sentido, destacó la apuesta por las guardias de atención continuada y el refuerzo de la vialidad invernal.
Ahora le tocará el turno a los medios técnicos, ya que la última gran compra de maquinaria pesada se remonta a 1992. Mediante un contrato de ‘leasing’ de 4 millones se va a sacar a concurso antes del verano la incorporación de 36 vehículos y máquinas, desde retroexcavadoras a esparcidores de fundentes, para las brigadas. Al mismo tiempo, se seguirá con la renovación de turismos y furgonetas para el transporte del personal, que supondrá la compra de 27 turismos y furgonetas por otros 400.000 euros antes del verano.
