Aragón, Asturias y Castilla y León aunarán fuerzas en Europa y buscarán fórmulas junto al Gobierno central para obtener más financiación del Fondo de Transición Justa, que hará que España solo reciba 307 de los 7.500 millones de euros previstos entre 2021 y 2027. Las tres comunidades, afectadas por los cierres de centrales, acordaron ayer en Bruselas en el marco de la sesión constitutiva del Comité Europeo de las Regiones analizar las estrategias a seguir para salir mejor paradas en el reparto, criticado tanto por la vicepresidenta para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, como por el presidente de Aragón, Javier Lambán.

La propia Ribera anunció tras conocerse el reparto que trabajaría para lograr una mayor "equidad" e introducir criterios como el desempleo, el Producto Interior Bruto o el esfuerzo ya realizado por cada país, un criterio que comparten estas tres comunidades.

Ayer, la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, propuso al vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, y al director general de Asuntos Europeos de Asturias, Javier Vila, crear un grupo de presión que integre las demandas de las tres regiones. También anunció la creación de una oficina coordinadora para gestionar los fondos de la Unión Europea. El objetivo, explicó Pérez, es "generar sinergias" y que Aragón se posicione de manera "preponderante y adecuada" en el reparto de la financiación.

El Ejecutivo autonómico trabajará junto a la Oficina de Aragón en Bruselas para estar "muy presente"y tener una interlocución directa con la Unión. La propia consejera reconoció la importancia del próximo periodo, ya que "va a decidirse el marco plurianual de financiación" y el reparto de fondos contra la despoblación, para la transición energética y para las infraestructuras en materia de transporte, "vitales" para articular y estructurar Aragón.

A la constitución del Comité de las Regiones también asistió el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, que se reunió con representantes del Partido Popular Europeo. 

La DGA solicitará, asimismo, que la provincia de Teruel reciba ayudas por su baja densidad de población. Que el dato esté por debajo de los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado haría que encajase dentro de las ‘zonas con muy poca población’ y que pudiese optar a rebajas de hasta el 20% de los costes de personal de las empresas, ya sea a través de la exoneración de los costes de la Seguridad Social o con subvenciones y exenciones fiscales.

"Es una ventaja competitiva de primer orden. Permitiría atraer empresas y retener el empleo ya existente", resaltó la también portavoz del Gobierno, que prometió que la DGA trabajará en las próximas semanas desde el punto de vista técnico y político con el Gobierno de España para que pueda ser una realidad lo antes posible.

Noruega, explicaron desde la Consejería de Presidencia, es un precedente notable, ya que para compensar su situación se aprobó un esquema de ayudas que consiste en eximir de cotizaciones sociales, o reducirlas de forma sensible, a todas las empresas instaladas en regiones despobladas.