El fondo anunciado por la Comisión Europea para compensar a las regiones más afectadas por el abandono del carbón va a resultar, a tenor de las cifras conocidas ayer, decepcionante para España y, por tanto, para Aragón. Nuestro país recibiría apenas el 4% del dinero comprometido por Bruselas, que primará a los países que todavía producen emisiones muy cuantiosas de efecto invernadero, lo que no parece lo más justo y ha suscitado rechazo en la comarca de Andorra.

De los 7.500 millones de euros del Fondo para la Transición Justa, España solo recibiría 307, que habría que repartir entre las seis comunidades autónomas en las que existen centrales de carbón y se distribuirían en siete años. Es verdad que la Comisión pretende que a esas cantidades se añadan otras provenientes de los fondos estructurales, pero estas no suponen una nueva aportación de la UE, sino que tendrán que detraerse de otros objetivos. También cuenta Bruselas con atraer inversión privada para movilizar un total de 100.000 millones de euros, pero este es, por el momento, un planteamiento teórico. El mazazo para España proviene de que la Comisión ha decidido que las ayudas sean proporcionales al tamaño del sector carbonífero de cada país, lo que supone en la práctica penalizar a aquellos que, como España, están más avanzados en la transición hacia energías limpias. Pero este criterio, como se denunciaba ayer en Andorra, resulta injusto y hasta contradictorio, y fue también criticado por la vicepresidenta española para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Si Europa quiere mantener su promesa de una transición energética justa, que no suponga un retroceso para ninguna región, tendría que tener en cuenta otros factores, como la despoblación, el paro o el PIB, y valorar el esfuerzo que ya se ha realizado. En el proceso de aprobación del plan, el Gobierno español tiene que trabajar con el objetivo de mejorar las condiciones para las comarcas de nuestro país dependientes del carbón.