Sanidad hará un seguimiento de las agresiones a sanitarios y propondrá medidas correctoras

El Departamento de Sanidad hará un seguimiento del registro de las agresiones a profesionales del sistema de salud de Aragón, así como un estudio de las condiciones en las que se han producido. Esta es una de las principales novedades que ha incorporado el Plan de Inspección de Servicios Sanitarios, aprobado para los años 2020-2022, que vela por el uso adecuado de las prestaciones sanitarias e intenta perseguir todas las formas de "fraude, abuso, corrupción o desviación que se produzcan con cargo al sector público".

Sanidad actualiza cada tres años esta orden –publicada este jueves en el Boletín Oficial de Aragón–, que incorpora por primera vez una estrategia para actuar frente a los casos de agresiones al personal sanitario de Aragón y propone medidas correctoras. El texto recuerda que los ataques conllevan consecuencias de "gravedad" sobre el trabajador y subraya que es "necesario garantizar que los trabajadores se encuentren en un entorno seguro para que este tipo de incidentes no afecte a la calidad asistencial". Por ello, además del seguimiento y análisis de las condiciones en las que se ha producido la agresión, el Plan de Inspección plantea una "evaluación de la situación" después de que el profesional afectado se haya reincorporado a su puesto de trabajo.

Sanidad recuerda a través de este mismo documento que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo destacan la importancia de prevenir cualquier tipo de violencia en el entorno sanitario. Estiman, de hecho, que el 25% de la violencia en el ámbito laboral se produce en el sistema sanitario y que más de un 50% de los profesionales de este sector han sufrido algún tipo de experiencia violenta. "En esta situación resultan fundamentales protocolos de actuación de carácter médico legal y guías de actuación para prevenir y gestionar la violencia en el lugar de trabajo contra el médico en el ejercicio de su profesión», asegura el documento. En Aragón, se registraron en 2018, según datos oficiales, 253 agresiones físicas o verbales a personal sanitario, de las cuales 82 fueron denunciadas por médicos.

Precisamente, la publicación de este Plan de Inspección de Servicios Sanitarios se ha producido tan solo un día después de que también saliera a información pública el anteproyecto de Ley de Derechos y Deberes del Sistema de Salud en Aragón.

Sanciones al usuario

Tal y como publicó HERALDO, a través de esta nueva norma, la DGA plantea sanciones que van entre los 3.001 y los 600.000 euros por la resistencia, la falta de respeto, las amenazas, insultos, así como las agresiones físicas ejercidas contra los profesionales sanitarios. La secretaria autonómica del sindicato médico CESM Aragón, Mercedes Ortín, valoró de forma "muy positiva" la futura ley, ya que recordó que los profesionales sanitarios ya tienen tipificadas y recogidas en diferentes normativas sus faltas, pero por primera vez se contemplan las sanciones por un abuso o mal uso por parte de los usuarios del sistema sanitario. "Me parecen bien todas las medidas que se aprueben y que tengan un carácter disuasorio. No obstante, tendremos que ver cómo se aplica", reconoció la portavoz del sindicato médico, que recordó que por ejemplo ha habido sentencias donde se ha puesto en duda que el personal sanitario sea considerado como autoridad.

Desde el sindicato CC. OO., Delia Lizana también mostró su satisfacción por las novedades incorporadas en este anteproyecto de ley, mientras Evangelino Navarro (CSIF) adelantó que ya lo están estudiando para plantear alegaciones.

Control de las bajas y de la calidad de los servicios concertados

El Plan de Inspección 2020-2022 controlará que la asistencia sanitaria prestada con medios ajenos al sistema público reúna los "criterios de calidad exigibles". Por ello, propone una evaluación de la asistencia sanitaria ofrecida y las condiciones técnicas prestadas en los contratos suscritos para procesos quirúrgicos, centros diagnósticos y terapéuticos. Pero también la evaluación en la atención sanitaria prestada por las unidades de paliativos o en el programa de atención bucodental infantil y juvenil (Pabij).

Entre las líneas estratégicas que se marca este plan, también destaca la modernización, mejora de gestión y racionalización de la prestación de incapacidad temporal. Propone, de hecho, reuniones periódicas con los médicos de Familia que superen los indicadores medios de Incapacidad Temporal de su sector.

También plantea una gestión de las denuncias y reclamaciones, así como la elaboración de un "mapa de registro de los daños sanitarios", como la implementación de medidas correctoras.