política
Cuenta atrás para sellar un pacto que dé la presidencia a Lambán
Podemos centra las preocupaciones del PSOE, que apura la negociación con la izquierda para alcanzar un pacto en las Cortes más fragmentadas
de la historia reciente.
Los acuerdos de investidura y de gobierno entre la izquierda y el PAR se están haciendo esperar. Nada está garantizado a solo cinco días de que el presidente de las Cortes, Javier Sada, proponga al candidato a la investidura y fije la fecha del pleno. Antes escuchará a los portavoces de los ocho partidos con representación en el Parlamento más fragmentado de la historia reciente de la Comunidad. Comenzará por IU, PAR, Vox y CHA el miércoles por la tarde, y continuará el 4 de julio, la fecha límite, con Podemos, Cs, PP y PSOE, horas antes de emitir el veredicto final. Son los podemistas los que, hoy por hoy, tienen en su mano el futuro de un Gobierno de mínimos al que parece complicado que les permitan entrar. Es el aragonesista Arturo Aliaga quien guarda la llave de la puerta de acceso al Pignatelli, con tres escaños y apenas 33.500 votos que valen su peso en oro.
La exigencia de Podemos de entrar en el Gobierno está truncando una negociación que se esperaba concretar en tiempo récord. Lo más difícil, que era alejar de la derecha al PAR, se logró horas después de la noche electoral, por un despiste político de PP y Cs que, afanados en negociar su pacto de gobierno, no supieron ver cómo el mismísimo Javier Lambán ‘arrastraba’ a la izquierda a Aliaga y desbarataba sus planes.
Mientras el centroderecha retransmitía todas y cada una de sus reuniones, socialistas y aragonesistas callaban y negociaban en silencio un acuerdo que resultará definitivo si consiguen sumar a las fuerzas de la izquierda.
El propio Nacho Escartín, secretario general de Podemos-Aragón, anunció hace dos semanas que "no regalará" la investidura a Lambán, pero que no tiene la más mínima intención de repetir las elecciones. De los 135.544 votos que obtuvieron los podemistas en 2015 (con 14 escaños) pasaron el 26-M a 53.468 sufragios; una debacle muy contestada por el sector crítico de la que Escartín solo saldrá airoso si consigue colar algunas "medidas progresistas" en el acuerdo de gobierno y perfiles técnicos, en el organigrama de la DGA. El adelanto electoral solo beneficiaría al bipartidismo tradicional, ese que continúan encarnando PSOE y PP.
El acuerdo PSOE-PAR
La política fiscal, el apoyo a la enseñanza concertada y las medidas medioambientales son los principales puntos de fricción de PSOE-PAR con la izquierda. El acuerdo base plantea 75 medidas que se refieren al autogobierno, la vertebración, la lucha contra la despoblación, la fiscalidad y la educación, entre otras materias. Es un documento para un gobierno "centrado" y "aragonesista", con propuestas que el candidato de Cs-Aragón, Daniel Pérez Calvo, tildó de "liberales" y aseguró que las hubiera podido rubricar.
Aunque parte del contenido tiende al centroderecha, muchas de las iniciativas no dejan de ser una mera declaración de intenciones. Ademas, sus promotores están abiertos a incluir cambios para lograr un acuerdo que satisfaga los intereses de las cuatro fuerzas políticas (PSOE, PAR, Podemos y CHA) que tienen en su mano pactar un Gobierno de mínimos que deberá sobrevivir una legislatura completa en un equilibrio inestable.
En materia de autogobierno, el acuerdo recoge de forma expresa la defensa del Estatuto de 2007 y la exigencia de una "inminente" reforma del sistema de financiación autonómica, medidas en las que los cuatro partidos estarían de acuerdo. Y todos comparten el rechazo al trasvase, el apoyo a la comarcalización, la necesidad de contar con una ley de financiación municipal estable y subjetiva, la ampliación de la banda ancha al 100% de Aragón en 2022 y la asunción de proyectos para luchar contra la despoblación.
Solo la armonización real y efectiva de los impuestos en todo el país podría suscitar un consenso mínimo entre la izquierda y el PAR. En las demás medidas fiscales resultará prácticamente imposible alcanzar un acuerdo. Sonoros han sido también los desencuentros respecto al apoyo de la enseñanza concertada y proyectos como Mortorland, considerados como estratégicos.
Las divergencias que suscite el documento en la negociación pueden definir el grado de implicación en el Gobierno de cada partido. No se entendería que CHA realizara una crítica feroz del documento y que ocupara después un sillón en el Consejo de Gobierno. Y eso que la interconexión eléctrica con Francia y los embalses en absoluto convencen a los nacionalistas.
Pocos puntos de fricción más encontrarán. El acuerdo PSOE-PAR insta a buscar el pleno empleo, a impulsar una transición energética justa, a defender las lenguas y la cultura aragonesas, a ayudar al sector agroindustrial, a reducir las listas de espera, a promocionar viviendas de protección oficial, a ahondar en planes de choque contra la violencia de género... Resultan, en definitiva, iniciativas abiertas y positivas que cualquier formación política podría suscribir.
A pesar de la cultura de pactos en la Comunidad, la situación actual solo tiene un precedente, 1999, cuando formaron gobierno PSOE y PAR apoyados por IU y la investidura se dilató hasta agosto por las dificultades que encontraron al tejer un programa común.
En esta ocasión, y a pesar de las dificultades, se trabaja con el objetivo de poder convocar el pleno de investidura en la primera quincena de julio, para que se celebre antes que el de Pedro Sánchez. Todos miran con preocupación el pulso entre Podemos y el PSOE, que puede desembocar en una nueva convocatoria electoral nacional y arrastrar a las Comunidades donde la izquierda tiene la necesidad de entenderse para poder llegar a un acuerdo que permita constituir el gobierno.
