La última reforma de la PAC introdujo un nuevo concepto, conocido como CAP, que ha llevado de cabeza en los últimos años a los ganaderos de extensivo. Se trata del coeficiente de admisibilidad de pastos (CAP), unas siglas con las que se establecía cuáles eran las superficies que podían declararse como pasto para recibir las ayudas de la PAC. Y para desespero del sector español, esta nueva exigencia dejó fuera aquellas zonas con vegetación arbustiva o con demasiada pendiente porque Bruselas no termina de entender que «toda la vida», como insiste el sector, la ganadería extensiva también se alimenta en España de la hierba que crece bajo los árboles (incluso de sus propios frutos) y también en aquellos terrenos que podrían parecer demasiado escarpados.

El reglamento Ómnibus, en acuerdo firmado en octubre del pasado año por los Estados miembros que modifica la ejecución del reglamento financiero que rige el presupuesto de la UE así como 15 actos legislativos sectoriales entre los que se encuentra el sector agrario, pareció dar un respiro a los ganaderos. Entre las modificaciones incluidas para conseguir una simplificación de la PAC, el texto se hacía eco de las propuesta española, apoyada por el Parlamento comunitario, para que se considerasen elegibles los pastos arbustivos y arbolados típicos del área mediterránea.

Su aplicación entraba en vigor el 1 de enero, pero en plena campaña de solicitud de la PAC, concluye el 30 de abril, el sector ha vuelto a toparse con los mismos inconvenientes. «Los problemas de los pastos para la ganadería extensiva no solo no se han solucionado sino que además se han visto agravados», critica Asaja Huesca.

Y es que, el reglamento, explica la organización agraria, no se ha aplicado en Aragón, donde la administración achaca a los complejas dificultades técnicas -las fotografías por satélite son incapaces de demostrar la existencia del alimento animal bajo los árboles- la decisión de variar dicho coeficiente, cuyo incumplimiento puede acarrear además sanciones europeas millonarias.

Lo corroboran también desde UAGA, que ratifican que las modificaciones establecidas en el reglamento Ómnibus no tienen efecto, al menos durante esta campaña, en la Comunidad aragonesa.

«Hay ganaderos que no salen de su término municipal, el mismo en el que pastan sus animales, pero que tienen arrendadas y sin uso tierras de pasto a 50 kilómetros, que no saben ni donde están, para declarar sus derechos y cobrar la PAC». Lo dice Ramón Solanilla, productor de vacuno en Sobrarbe y vocal de Asaja para retratar la kafkiana situación a la que se han visto abocados los productores aragoneses tras la reforma de la Política Agraria Común.

Y lo dice con el desencanto que le produce tener que reconocer que así seguirá sucediendo durante este año, a pesar de que la entrada en vigor del reglamento Ómnibus había hecho albergar al sector la esperanza de que «este problema se podría quedar solucionado, al menos en parte», señala.

Este acuerdo, alcanzado a finales del pasado año por los Estados miembros, llegaba con noticias alentadoras para los ganaderos de extensivo, especialmente los de montaña. Después de años intentando que sus explicaciones fueran escuchadas en Bruselas, la UE admitía conceder derechos de ayuda a aquellas zonas con masa arbórea bajo la que pastan sus animales, aunque las fotografías aéreas no sean capaces de detectar la hierba que esconden los arbustos.

«No ha cambiado nada. Estamos como antes, porque el problema es que en Aragón no se está aplicando el reglamento Ómnibus», explica Solanilla. El representante de Asaja detalla que los motivos dados por la administración para no atender los criterios de este acuerdo es que sería necesario cambiar los criterios del Sigpac, el sistema de información geográfica que permite identificar geográficamente las parcelas declaradas por los agricultores y ganaderos en cualquier régimen de ayudas relacionado con la superficie cultivada o aprovechada por el ganado.

«Nos dicen que esto es muy complicado», señala Solanilla. Y de nuevo, insiste el ganadero, a los productores no les queda otro remedio que buscar tierras «admisibles» para justificar sus derechos de cobro de la PAC.

«Así nos vemos obligados a pagar dos veces», lamenta el representante de Asaja, que detalla que el ganadero tiene que desembolsar el coste correspondiente a las tasas por el pasto público con el que se alimentan sus animales y, además, arrendar -y pagar- otras tierras para justificar sus ayudas, aunque por ellas no se vea ni una oveja, ni una cabra o una vaca.

Con alegaciones

«Todo sigue igual, con la misma dinámica», reconoce Inés Artero, técnica de la organización agraria UAGA, que señala que el reglamento Ómnibus había despertado alivio y cierta esperanza entre los ganaderos, especialmente del Prepirineo, de que la situación mejorase con este acuerdo que permite la posibilidad de ampliar la zona elegible de pastos.

Y eso significa, detalla Artero, que, como sucedía hasta ahora, si un ganadero considera que el coeficiente admisible aplicable a las tierras en las que pasta su ganado es inferior al que le corresponde tiene que formular una alegación. Será después un técnico el que realizará la inspección correspondiente y determinará si se admite o no las exigencias del productor.

Desde UAGA se reconoce que existe desde hace dos o tres años un «miedo psicológico» en las administraciones por el CAP. Por un lado, porque parece que resulta complicado declarar ahora como admisibles unas tierras que antes se habían considerado impenetrables por la vegetación y, por lo tanto, no aptas para el pastoreo. Despiertan también temor las posibles sanciones, más cuando en enero del 2017 la Unión Europea imponía una sanción a España de 262,88 millones de euros por no haber declarado correctamente la superficie de pasto admisible por hectárea. Culpaba al país de que zonas como Andalucía y Extremadura no habían descontado la superficie de arboleda de dichas hectáreas, como así habían hecho algunas comunidades, entre ellas Aragón.

«El Gobierno se ha comprometido a estudiar las alegaciones y dar respuesta a cada ganadero», explica Solanilla, que reconoce, sin embargo, que este sistema no le gusta al sector, porque de nuevo la responsabilidad recae sobre el productor, que además no confía en un resultado positivo de las inspecciones. «Puede suceder que pidamos un porcentaje mayor y cuando el técnico diga incluso que este es menor que el que teníamos», añade el vocal de Asaja para explicar las dudas que este sistema plantea entre los afectados.

¿Y los jóvenes?

No se fían tampoco en esta dinámica porque todavía tienen en la memoria las más de 2.000 alegaciones presentadas en 2016 que fueron respondidas con una negativa por parte de la administración.

El polémico CAP y la no aplicación del reglamento Ómnibus está incluso dificultando el acceso de los ganaderos de menor edad, tan necesarios para el relevo generacional del sector.

Las organizaciones agrarias explican que los pastos en los que declaran los jóvenes que se incorporar a la actividad y solicitan derechos de pago base a la reserva nacional están sometidos sí o sí a inspección. Y ahí comienza el problema, porque «debido al criterio tan restrictivo de la administración y sus constantes sanciones por no reconocer el pastoreo tradicional» -detalla Asaja-, los ganaderos que declaran en estas zonas no quieren ceder pastos a los jóvenes «por temor a una sanción general para todos, como ha sucedido otros años», insiste la organización agraria.

Es por eso, matiza Solanilla, sucede que en estos momentos «en algunos montes que están cediendo parcelas se pone como condición que estas no estén incluidas en la PAC de incorporación de jóvenes».

Hay otro problema, advierten desde las organizaciones agrarias. Las tierras arables cultivadas en praderas y los cultivos forrajeros están consideradas como pastos permanentes. Eso significa que no se pueden levantar dichos cultivos y cambiar el uso de la tierra porque serían sancionados. «Una pérdida patrimonial inadmisible y sin base legal», lamentan desde Asaja.

Y por si no fuera suficiente, señalan desde el sindicato, algunos municipios están sacando a subasta pública sus pastos comunales, lo que supone un perjuicio para los ganaderos de extensivo que necesitan dichas tierras para alimentación de su ganado.

Mucho desánimo

Tanto los representantes de Asaja como los de UAGA reconocen que entre el sector cunde el desánimo. Porque los ganaderos no entienden que todos esos discursos institucionales en los que se ensalza la importancia de la actividad ganadera, tanto para la fijación de la población, como para la generación de riqueza y empleo en el medio rural y, especialmente, por su contribución medioambiental, no parezcan sinceros a tenor de las trabas normativas y legales que se imponen al sector para el cobro de las ayudas.

«Falta sensibilidad política para la ganadería de media y alta montaña», lamenta Ramón Solanilla, que recuerda que este sector ha sujetado la PAC a las hectáreas de pastos. Y advierte que a este paso, se puede dar la circunstancia de que este año haya problemas para cubrir los derechos de pastos por falta de hectáreas.

Así lo augura también la técnico de UAGA, que reconoce que el porcentaje de tierra que cuenta en Aragón con la consideración de admisible puede ser insuficiente para todas las cabezas de ganado.

Y unos y otros insisten en que lo único que persigue el ganadero es cumplir con la normativa, porque si no hay tierra para justificar el derecho se pierde la ayuda. «No queremos las parcelas para especular y no nos gusta tener que buscar alternativas tan rocambolescas como alquilar tierras en Teruel cuando nuestro ganado pasta en el Pirineo», insiste Solanilla. Él, como el resto de los afectados lamenta que el Gobierno de Aragón haya decidido no aplicar un reglamento, que podría haber aliviado la situación.

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