El consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, ha descartado este martes bajar el impuesto de Sucesiones para las transmisiones a tíos, sobrinos y otros familiares, enmarcados en los grupos III y IV. Estas personas representan el 19,7% del total, aunque aportan más del 65% de los ingresos. Aunque se ha abierto a negociar sobre los grupos I y II (padres, cónyuges e hijos), ha recalcado que "los grupos III y IV no están sobre la mesa".

El propio informe confirma que los parientes más lejanos "son quienes soportan la mayor parte de la carga impositiva". También, como ha explicado el director general de Tributos, Francisco de Asís Pozuelo, que Aragón "es una de las comunidades en las que más se paga" cuando la herencia supera los 150.000 euros. "La crítica que se hace al impuesto en este caso sí es cierta", ha reconocido. Ha señalado, no obstante, que existen cuatro supuestos en los que Aragón se coloca "como una de las regiones en las que menos se paga". Ocurre cuando el heredero es un hijo menor de edad, cuando es discapacitado, cuanto se está ante una sucesión empresarial o cuando se heredan menos de 150.000 euros.

El cómputo hace que Aragón sea la sexta comunidad que más ingresa por Sucesiones y Donaciones. "Cobran más Madrid, Andalucía, Castilla y León, Cataluña y la Comunidad Valenciana", ha explicado Gimeno. En términos de PIB, no obstante, Aragón se coloca la segunda en el ranquin.

El estudio incide en que, en lo que respecta a los grupos I y II, son las rentas más altas las que soportan la mayor parte de la carga impositiva. Son, según los cálculos de la DGA, entre 120 y 130 personas (unas 40 familias) las que, a tenor de los datos de 2016, heredan cantidades cercanas o superiores al millón de euros. En estos casos, el tipo impositivo fue del 19,4%.

Gimeno no ha puesto fecha a la reforma de Sucesiones, aunque se ha mostrado favorable "a llegar a un acuerdo" en sede parlamentaria. En este aspecto, ha resaltado que "todo el mundo tendrá que renunciar a cosas". Se ha referido así al planteamiento de Ciudadanos, que apoya que el mínimo exento alcance el millón de euros. "No puede ser que alguien imponga una decisión a los demás", ha añadido.