Aragón

Los empresarios rechazan que Sucesiones se rebaje por debajo del millón de euros

Piden reducirlo "al máximo" para no entorpecer el desarrollo de la Comunidad

Susana Gaspar, Javier Martínez, Javier Lambán y Fernando Gimeno
Ciudadanos propone una bonificación del 99% en el impuesto de Sucesiones para el primer millón de euros
Ciudadanos

Los empresarios de Aragón rechazan la propuesta de rebaja del impuesto de Sucesiones que ultima el Ejecutivo autonómico, por la que el mínimo exento quedaría por debajo del millón de euros que plantea Ciudadanos.

Tanto la Confederación de Empresarios (CEOE Aragón) como la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) y la Cámara de Comercio de Zaragoza la consideran "insuficiente" y piden rebajar el impuesto "lo máximo posible" para agilizar los traspasos de negocios y evitar problemas a las pymes. Se unen así a las críticas de Aragón Stop Sucesiones y Plusvalía, que la tildan de "limosna". Hoy mismo, el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, presentará en el Pignatelli el informe elaborado por la Dirección General de Tributos sobre este impuesto. En él se detallarán, entre otros aspectos, los "efectos perversos" que, según el presidente de Aragón, Javier Lambán, se han detectado hasta la fecha.

Fernando Callizo, presidente de CEOE Aragón, cree que es necesario "plantear la desaparición" de este impuesto. Aunque en su opinión "una reducción siempre es positiva" –actualmente pagan quienes heredan más de 150.000 euros y disponen de bienes por valor superior a los 400.000–, considera que su efecto dependerá "del global de medidas que recoja" la propuesta del Gobierno, que se estudiarán en las Cortes. "Lo que está claro es que hoy existe un agravio comparativo para los habitantes de Aragón respecto a otras comunidades autónomas. Como mínimo, es necesario asegurar que la propiedad del patrimonio empresarial y su transmisión a través de herencia o donación no se grave con este tributo", manifiesta.

Callizo es partidario de "evitar la doble imposición y la penalización del ahorro que supone gravar rentas previamente sometidas a tributación". Carmelo Pérez, secretario general de Cepyme Aragón, también aboga por una mayor rebaja. Asegura que no elevar el mínimo exento al millón de euros supondrá "un parche". "Se quiere recaudar cuanto más, mejor. Es una forma de decir ‘ni para ti ni para mí’", dice.

A su entender, el actual impuesto de Sucesiones "limita una cadena de traspaso más rápida de padres a hijos", circunstancia que se ha notado, sobre todo, durante los años más duros de la crisis.

Pérez insta al Gobierno central y a las comunidades autónomas a realizar "una reflexión global sobre este tema". "No puede haber competitividad entre regiones. Se necesita un pacto de Estado", añade. En el sector, según explica, existe una especial sensibilidad hacia este tema. "Se considera un tanto injusto, ya que quienes llevan toda una vida cotizando, pagando el IVA y generando riqueza ven cómo tienen que pagar otra vez por lo mismo", asevera.

Por este motivo, el colectivo mantendrá la supresión de Sucesiones entre sus prioridades. "Urge actuar. La administración debe apostar por las pequeñas y medianas empresas. Cuanto más se liberalice fiscalmente el patrimonio de las pymes, mejor", comenta.

Capacidad de presión

José Miguel Sánchez, director general de la Cámara de Comercio de Zaragoza, cree que España necesita "una armonización fiscal urgente". También avanzar en la reforma de la financiación autonómica. "Es de risa, no puede ser que la presión dependa de quién gobierna en cada Comunidad", afirma. En su opinión, no abordar ya esta situación generaría "un problema tremendo". Se trata de una preocupación que ya han puesto en conocimiento de la Cámara de Comercio de España.

Sánchez, al igual que Callizo, cree que cualquier bajada es "positiva", aunque, a su juicio, la propuesta del Ejecutivo PSOE-CHA no resuelve el problema de fondo. "No puede haber una lucha permanente por ver quién baja, sube o mantiene los impuestos", dice.

Tanto él como Pérez y Callizo sostienen que la respuesta del Gobierno de Aragón "no puede esperar hasta 2019" (año electoral), ya que hasta entonces "habrá empresarios que deban seguir pagando en exceso por heredar".

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