El Anteproyecto de Ley que prepara el Gobierno sobre la tenencia y comercialización de perros y gatos ha llegado directo al corazón de los cazadores.

Mientras las asociaciones animalistas aplauden un texto que pretende garantizar el bienestar de estos animales, los cazadores no salen de su asombro ante las exigencias que plantea el Gobierno. Una de las novedades es que se verán obligados a solicitar un certificado de movimiento intracomunitario de animales siempre que transporten más de cinco animales en el mismo vehículo, salvo que se trate de cachorros de menos de ocho semanas acompañados de su madre.

El texto también dispone que quienes tengan más de cinco perros o gatos mayores de ocho meses en un mismo espacio deberán solicitar la consideración de Registro de Núcleos Zoológicos acreditando espacio e instalaciones suficientes. Pero en el caso de los cazadores las exigencias van más allá. Ellos tendrán que solicitar la inclusión en el registro cuando tengan más de dos lebreles o sus cruces (perros de caza).

"Entendemos que se regulen las condiciones de la rehalas. Pero no es lógico que por tener tres perros de caza tengas que declarar núcleo zoológico, porque el 90% de los cazadores particulares tienen los perros en su propia casa", explica Ángel López, responsable de comunicación de la Real Federación Española de Caza. 

Los organismos de representación del colectivo coinciden en que la normativa actual ya regula suficientemente estas actividades. "En Aragón contamos con una regulación propia de núcleos zoológicos por la que tenemos que cumplir unos requisitos cuando transportamos más de seis perros. Son trámites fáciles pero este anteproyecto pone muchísimos obstáculos y problemas a nuestra actividad invadiendo las competencias autonómicas", explica Fernando Tello, presidente de la Federación Aragonesa de Caza. 

La normativa hace hincapié en la actividad cinegética para evitar que se repitan los datos del año pasado cuando, según el Seprona, solo el Aragón, el 43% de los casos de maltrato animal que se produjeron fueron a perros de caza. Un total de 488 casos detectados.

Más protección, más trabas

"Las consecuencias de esta ley pueden ser nefastas. Muchos dejarán de tener perros porque no podremos hacer frente a estas trabas administrativas y al coste económico que supone", explican desde la Real Federación Española de Caza. Por su parte, Yasmina Larumbe, responsable de la delegación de PACMA en Aragón, asegura que "no se pueden anteponer los intereses económicos de las personas al bienestar físico del animal".

Desde el Partido Animalista defienden muchas de las medidas pero coinciden en que algunos puntos son absurdos. Es el caso de la regulación de la figura del criador ocasional, que aparece como aquella persona que lleva a cabo la donación o comercialización de hasta cinco animales o una camada al año, por cualquier medio o canal autorizado, incluido internet. Algo que, según explican los implicados, supone abrir la puerta a la cría indiscriminada y a la venta a través de internet.

Desde el partido animalista coinciden con los cazadores en que la cesión de forma gratuita de los animales es una fórmula válida, que se ha utilizado siempre. Algo que se prohíbe en el anteproyecto a no ser que se realice a través de un criador o desde un establecimiento de acogida.

"Hemos conseguido avanzar en la protección de los animales. Ahora lo importante es que el Gobierno no se eche atrás porque nos estamos temiendo lo peor", explica Larumbe. 

Otros puntos polémicos

El Partido Animalista lleva tiempo denunciando una de las prácticas que el nuevo anteproyecto sí que permite. Se trata de la posibilidad de practicar mutilaciones, incluida la extirpación de la tercera falange, cuerdas vocales u otras partes u órganos cuando "teniendo autorización competente, sea imprescindible para la finalidad a que se destina el animal, incluido cuando se trate de perros de guarda, defensa o manejo del ganado".   

Además, la normativa incluye la mejora de las condiciones de los centros de estancia animal y refuerza las inspecciones de los establecimientos de acogida o de mantenimiento temporal. De esa forma, los funcionarios podrán "acceder libremente, sin previo aviso, a toda empresa, establecimiento, explotación, instalación, vehículo, contenedor o medio de transporte, o lugar en general, con la finalidad de comprobar el grado de cumplimiento de lo preceptuado en la ley". 

El aumento de la cría, la comercialización y la adquisición de animales de compañía en los últimos años ha empujado al Gobierno a regular las actividades que giran en torno a ello. 

"Es un avance tímido pero importante para garantizar el buen estado de los animales", explican desde Pacma. Pero el texto no ha contentado a todos y aunque todavía se encuentra en tramitación, algunos sectores han comenzado a presentar alegaciones. 

Asimismo, el anteproyecto todavía presenta lagunas como la comercialización de perros y gatos en tiendas de mascotas.