El Ayuntamiento tendrá que devolver más de 700.000 euros a la DPZ por los fondos no ejecutados en los barrios rurales de Zaragoza
Las dos instituciones se reunieron este martes para analizar la evolución del convenio 2021-2024, sin concretar si podrá prorrogarse más allá del 31 de diciembre.
El Ayuntamiento de Zaragoza tendrá que devolver finalmente más de 700.000 euros a la Diputación Provincial (DPZ) por las obras no ejecutadas en los barrios rurales dentro del convenio 2017-2021 y las bajas en las adjudicaciones de los proyectos impulsados hasta el 31 de diciembre de 2023.
Ambas instituciones -la primera gobernada por el PP y la segunda, por el PSOE- mantuvieron “una reunión de trabajo interna” el pasado martes en la que abordaron el estado de este acuerdo y el presente y futuro del plan 2021-2024, que, salvo prórroga, expirará a finales de año.
Ya en abril, la DPZ comunicó su intención de reclamar los fondos no ejecutados al Consistorio. Según confirman fuentes municipales, en total se tendrán que devolver 496.500 euros por las obras no acabadas a tiempo y 156.500 más por las bajas en las actuaciones ejecutadas, cantidades a las que habrá que sumar los correspondientes intereses de demora, que podrían terminar elevando el total por encima de los 750.000 euros.
La previsión es que la propia Diputación los descuente automáticamente de los tres millones que tendría que transferir a la plaza del Pilar dentro del convenio 2021-2024. Pese a la decisión, la reunión -coinciden en señalar ambas partes-, estuvo marcada por la “cordialidad”, sin que ninguna de las dos instituciones, que en el último año han tenido sonados desencuentros a costa de proyectos como el de la nueva Romareda, quiera entrar en más valoraciones.
Por parte del Ayuntamiento asistieron a la reunión el concejal de Participación Ciudadana y Régimen Interior, Alfonso Mendoza; la concejala delegada de Barrios Rurales, Paloma Espinosa, y técnicos municipales, mientras que la DPZ estuvo representada por su vicepresidenta, Teresa Ladrero, el diputado delegado de Barrios Rurales, Miguel Sanz, y el diputado Rubén Estévez.
Según indican desde el Consistorio, durante el encuentro se valoraron las obras ya previstas, las nuevas propuestas de cada barrio rural con cargo a su asignación para el periodo 21-24 y las apuestas que han terminado cayéndose del listado. No se concretó, sin embargo, si finalmente habrá o no una prórroga, ya que, de no acordarse, todas las obras tendrían que estar acabadas en poco más de medio año, una cuestión que preocupa especialmente a los alcaldes pedáneos.
El propio convenio recoge una posible ampliación de cuatro años, pero para que la haya debe existir acuerdo entre las partes. El principal problema, según vienen denunciando los propios alcaldes de barrio en los últimos meses, es que algunas obras ni siquiera han comenzado, lo que ha obligado, en varios casos, a reformular los proyectos y apostar por otros más humildes para no perder el dinero.
La propia Diputación Provincial advirtió de que el Ayuntamiento tendría que cumplir los plazos y compromisos adquiridos “sin excepciones ni privilegios” y que recibiría “exactamente el mismo trato” que el resto de consistorios de la provincia. Por el momento, la DPZ va a estudiar junto a sus servicios técnicos toda la información recabada para comprobar si el equipo de Natalia Chueca está cumpliendo o no dichos compromisos. A este respecto, fuentes municipales aseguran que, en lo que respecta al anterior convenio, el 100% de las obras están acabadas o en ejecución, ya que las que no se terminaron a tiempo están siendo rematadas con cargo al acuerdo en vigor.
Esta era la primera reunión que se convocaba para hablar del convenio 2021-2024, ya que la anterior, en 2023, se centró en todo lo que seguía pendiente del de 2017-2021, que pese a limitarse inicialmente hasta el año 2019 tuvo que terminar prorrogándose por las consecuencias de la covid-19 y el encarecimiento de las materias primas.
