La falta de empleo y la consecuente precarización del mercado de trabajo han derivado en la disminución de los ingresos de las familias que viven en la comunidad aragonesa. Impidiendo, en muchos casos, la satisfacción de las necesidades de vivienda o generando dificultades para afrontar otros gastos implícitos en el desarrollo de la vida diaria.

En Aragón, de acuerdo a los datos recopilados por el Instituto Nacional de Estadística, había en el tercer trimestre de este año 28.300 hogares con todos sus miembros en paro. Además, se estima que una tercera parte de estos hogares no perciben ingreso alguno.

Aunque el Consejo de Gobierno aprobó en febrero de este año el proyecto de ley que permitirá crear la Renta Social Básica en Aragón, su tramitación acumula un importante retraso en las Cortes y sigue siendo una incógnita cuándo podrá entrar en vigor. Esta ley, una vez aprobada, sustituirá a dos tipos de prestaciones vigentes por ahora en la Comunidad: el Ingreso Aragonés de Inserción y la Ayuda de Integración Familiar.

A cambio, la ley de renta básica propone la creación de otras dos modalidades de prestaciones económicas destinadas a garantizar unos ingresos mínimos a las personas que carezcan de recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. La primera, denominada Renta complementaria de ingresos del trabajo, vendría a completar los salarios de los trabajadores precarios y a asegurar unos ingresos mínimos correspondientes al 80% del salario mínimo interprofesional (para 2017 se ha aprobado un SMI de 707,6 euros al mes). La segunda modalidad, la Renta de inclusión y protección social, tratará de asegurar a las familias con todos sus miembros en paro unos ingresos mensuales mínimos de entre el 35% y el 60% del IPREM o de entre el 70 y el 105% del SMI, en función del número de miembros de la unidad familiar y de su disposición a participar o no en programas de inclusión.

La tramitación de estas prestaciones se hará a través de los centros municipales de servicios sociales, de manera que las personas interesadas tendrán que solicitarlas en el centro que les corresponda en función de su lugar de empadronamiento. Para optar a ellas bastará con llevar empadronado un año en la Comunidad, ser mayor de edad y menor de 65 años, no llegar a esos ingresos mensuales y no tener un inmueble "de valor excepcional" ni demasiados ahorros. De todas formas, entre que se aprueba y no la Renta Básica, en la Comunidad siguen vigentes una serie de ayudas orientadas a paliar o evitar situaciones de vulnerabilidad.

Ingreso Aragonés de Inserción

Seguirá vigente hasta seis meses después de que se apruebe la renta básica de manera definitiva y consiste en una prestación económica de 459 euros mensuales, cantidad que se incrementa algo en función del número de miembros que componen la unidad familiar. El IAI va ligado a un plan de inserción personalizado que persigue la plena integración social y laboral de las personas que se encuentran en estado de necesidad. Pueden solicitarlo las personas y familias que carezcan de ingresos y lleven al menos un año empadronados en la Comunidad y se tramita en los centro municipales de servicios sociales. En 2014 se otorgaron estas ayudas 7.717 unidades de convivencia. Más información.

Ayudas de integración familiar

En principio, estas también desaparecerán. Son ayudas económicas que tienen por objeto el mantenimiento de la unidad familiar con menores a su cargo, asegurando la cobertura de las necesidades materiales de los menores y evitando el internamiento de éstos en centros especializados o la adopción de medidas externas de protección. Las ayudas pueden ser periódicas o tener carácter puntual, en función de la situación de emergencia planteada. Para solicitarlas, hay que dirigirse al Servicio Social de Base o Centro Comarcal o Municipal de Servicios Sociales del municipio de residencia. Más información.

Ayudas financieras a inquilinos

La convocatoria se realiza de forma anual y suele publicarse en el Boletín Oficial de Aragón a lo largo del mes de mayo y resolverse en noviembre. La prestación consiste en el pago de hasta el 40% de la renta anual de alquiler pero nunca superará los 1.800 euros por vivienda. En 2016 se han concedido ayudas al alquiler a 4.876 familias con unos ingresos medios anuales de entre 5.000 y 10.000 euros. El ingreso se realiza en un solo pago en diciembre y el importe medio de las ayudas oscila entre los 1.000 y los 1.300 euros en función de la provincia de residencia.

Este año las ayudas contaron con una asignación presupuestaria de algo más de 5,7 millones. Si nada cambia, los interesados en recibirlas en 2017 deberán presentar la solicitud en su subdirección provincial de vivienda en el plazo de un mes desde el día en el que se publique la convocatoria en el BOA. El precio que pagan de el alquiler los solicitantes no puede superar los 600 euros mensuales y los ingresos de los inquilinos deben ser superiores a 0,5 veces el IPREM pero inferiores a 3 veces el IPREM, es decir, oscilar entre los 266 y los 1.597 euros mensuales. Además, para pedirlas hay que estar al corriente en el pago del alquiler.

Red de bolsas de Viviendas de Alquiler Social

Para situaciones de mayor necesidad existe la red de bolsas de alquiler social. El acceso a una vivienda de alquiler social se debe solicitar en la subdirección provincial de vivienda correspondiente pero los ingresos anuales de la unidad de convivencia no pueden ser superiores de 1,5 veces el IPREM, unos 11.182 euros anuales. Además, para este tipo de apoyo, el solicitante debe encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad (afectado por desahucios, todos los miembros en paro y agotadas todas las prestaciones, personas dependientes, familias numerosas, menores de tres años a cargo, familias monoparentales con dos hijos...)

La persona que consiga una de estas viviendas abonará una renta máxima de alquiler de tres euros por metro cuadrado y nunca más de 300 euros por vivienda ni del 40% de los ingresos de la unidad familiar. El problema de esta opción es la falta de viviendas disponibles y en buen estado a la que se enfrenta el Gobierno de Aragón. En estos momentos hay 948 personas en lista de espera pese a cumplir los requisitos y tener el derecho reconocido. Por este motivo, entre otros, las Cortes de Aragón han aprobado este mes la Ley de Medidas de Emergencia Social. Con esta ley se pretende asegurar el acceso a una de estas viviendas a todos los ciudadanos que pierdan su vivienda habitual, ya sea por ejecución hipotecaria o proceso de desahucio, y tengan unos ingresos inferiores a los 7.455 euros anuales (IPREM) o, en función del número de hijos a cargo, los 14.910 euros anuales (2 veces el IPREM).

Ayudas de urgencia: necesidades básicas de subsistencia

Son prestaciones económicas de pago único y de carácter extraordinario destinadas a resolver situaciones de necesidad que afecten a personas o familias que se vean privadas de los medios de vida básicos imprescindibles. Estas prestaciones tienen como finalidad la cobertura de cualquiera de las siguientes necesidades básicas de subsistencia: conservar el uso y disfrute de la vivienda habitual; mantener en ella las condiciones de habitabilidad o dotarla de equipamiento básico; o asegurar la cobertura de necesidades primarias como alimentación y el vestido. Pueden incluir, por tanto, el pago de alquileres, fianzas, hipotecas o deudas para evitar desahucios; reparaciones y adquisición de mobiliario, gastos de comunidad o gastos de electricidad, gas, gasoil y leña. También se contemplan las ayudas auditivas (audífonos), ópticas (monturas y cristales) y prótesis y ayudas dentales (siempre y cuando no tengan una finalidad estética); además de ayudas para paliar situaciones de necesidad que afecten a menores de edad, como material escolar, comedores infantiles o participación en actividades sociales (colonias, campamentos u otros). Su gestión corresponde a las entidades locales, comarcas y municipios de más de 20.000 habitantes.

En Zaragoza capital, por ejemplo, estas ayudas pueden solicitarlas las personas que tengan residencia efectiva en el municipio y tengan unos ingresos anuales por debajo de 1,25 veces el IPREM, es decir 9.318 euros anuales. Cantidad que se incrementa un 20% a partir del segundo miembro de la unidad familiar.

Además, el máximo anual a conceder por unidad de convivencia será del 50% de la cantidad que corresponda al 1,25 del IPREM anual. Para solicitarlas hay que pedir cita previa en el centro municipal de servicios sociales correspondiente para que los trabajadores puedan estudiar cada situación de forma individualizada. Más información.

Electricidad, gas y agua

Ante la supuesta ineficacia de los bono social eléctrico o los bonos sociales de las compañías suministradoras de agua, el Gobierno de Aragón aprobó el pasado mes de noviembre la Ley de pobreza energética de Aragón.

Se calcula que en Aragón hay unos 6.000 hogares en situación de vulnerabilidad energética y esta nueva ley pretende paliar y reducir esa situación, entendiendo por pobreza energética la dificultad para hacer frente al pago del consumo energético con el que satisfacer las necesidades domésticas básicas.

Esta nueva ley contempla el pago del 100% de la factura energética que no puedan afrontar los hogares con unos ingresos anules máximos iguales al IPREM (7.455 euros anuales) o hasta el 50% de esa misma factura energética a los hogares cuyos ingresos anuales oscilen entre una y dos veces el IPREM en cómputo anual (hasta 14.910 euros anuales). Estos baremos pueden flexibilizarse en función del número de miembros de la unidad de convivencia y de otros factores que agraven la situación de vulnerabilidad, al margen de los económicos (edad, menores a cargo, familias numerosas...). Las ayudas se podrán conceder a propuesta de los centros de servicios sociales siempre que se detecte el caso de una persona a la que se haya procedido o pueda procederse a la suspensión del suministro.

Becas de comedor y material curricular

Cubren el 100% de los gastos que suponen el comedor escolar durante todo el curso y la compra del material curricular. Se convocan cada año a mediados de mayo del curso previo y se resuelven durante el verano. En esta última convocatoria se flexibilizaron los requisitos y podían solicitarlo todas las unidades familiares con unos ingresos inferiores a dos veces el IPREM. Durante este curso escolar se han beneficiado 27.684 alumnos. 10.510 de las de comedor y 17.174 de las de material curricular. Más información.

Este año el Ayuntamiento de Zaragoza ha instaurado un plan de ayudas para el pago de tributos municipales con una partida sacada de las subvenciones de urgente necesidad. Contempla ayudas para hacer frente a la carga fiscal que suponen los tributos municipales. Concretamente el Impuesto sobre bienes Inmuebles (IBI), el impuesto sobre vehículos de tracción (circulación) y las tasas por servicios del cementerio y por aprovechamiento especial de dominio público local (badenes).

Estas ayudas suponen el pago del 50% de la carga fiscal anual que suponen estos tributos y pueden acceder a ellas quienes se encuentren en situación de especial necesidad. Se realiza una convocatoria anual y pueden solicitarlas las unidades de convivencia que no superen los 13.759 euros de ingresos anuales, cantidad que se incrementa en función del número de componentes de la familia. Además no pueden tener una vivienda con un valor catastral superior a 120.00 euros, ni un coche de más de 11,99 caballos ni un patrimonio superior a los 32.104 euros. Este primer año se cerró el plazo el 14 de noviembre y solo se habían recibido 900 solicitudes, por lo que ZEC recortó la partida prevista (2,8 millones) un 64%. Más información.

Subvenciones de alquiler de vivienda para jóvenes

Se trata de un programa del Servicio Municipal de Juventud, a través del cual se pretende estimular la emancipación del hogar familiar a jóvenes zaragozanos mediante la subvención parcial del coste del alquiler de la vivienda. Estas subvenciones tienen una duración anual, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, y existe la posibilidad de renovarla una sola vez.

Pueden optar personas mayores 18 años y menores de 35 que lleven empadronadas en el municipio un mínimo de cinco años con ingresos superiores a 0,9 veces el IPREM pero inferiores a 2,5 veces ese valor, es decir, entre los 6.700 y los 18.637 euros anuales. En caso de unidades de convivencia compuestas por dos personas los ingresos pueden ascender hasta los 20.708 euros y por tres o más personas hasta los 23.297. Además, la renta del alquiler no puede superar los 500 euros mensuales. Suelen publicarse en el mes de julio y cerrarse el plazo de presentación de solicitudes a finales de septiembre. Más información.

Ayudas directas al alquiler

Estas ayudas no se convocan públicamente, sino que se conceden directamente para ayudar al pago de la renta a los inquilinos de viviendas sociales municipales gestionadas por Zaragoza Vivienda, así como a arrendatarios de viviendas que se hayan integrado en el programa de captación y movilización de vivienda vacía o de viviendas cedidas para su alquiler a la bolsa municipal. Varían en función de las circunstancias de los beneficiarios y de sus ingresos económicos. Ingresos que de todas formas no pueden superar la cuantía correspondiente a tres veces el IPREM. En cualquier caso el inquilino nunca pagará menos de 85 euros mensuales por el alquiler y las ayudas nunca superarán el límite de los 300 euros al mes. Se abonan mensualmente, descontándose directamente del recibo del alquiler. Más información.

Abono de transporte público

Existen varias bonificaciones del transporte urbano en Zaragoza. Una de ellas va dirigida a los beneficiarios del Ingreso Aragonés de Inserción, perceptores de la Renta Activa de Inserción y las familias numerosas. Su finalidad es incrementar la autonomía y la normalización de la vida diaria de las personas con escasos recursos. Para solicitar esta bonificación los interesados deben acudir al Centro Municipal de Servicios Sociales que les corresponda por zona, donde se les hará entrega de una carta personalizada, debidamente cumplimentada, autorizando dicha bonificación.

También existe un abono mensual bonificado por renta. Se concede a familias monoparentales que no ingresen más de 15.000 euros anuales y otras unidades familiares que no superen los 30.000 euros de ingresos al año. Una vez concedida, la bonificación tiene una vigencia de un año. 

Por otro lado el bono social de transporte para desempleados tiene un coste de un euro al mes y tienen derecho a esta bonificación los parados de larga duración que hayan agotado la prestación, se encuentren en búsqueda activa de empleo y no perciban otras rentas superiores al cómputo mensual del salario mínimo interprofesional. Más información sobre las bonificaciones de transporte.

Muchas de las ayudas deben tramitarse en los centros municipales de servicios sociales. En Zaragoza capital hay 26 distribuidos según barrios. Consulta aquí el listado completo, la ubicación de cada uno de ellos y los teléfonos para pedir cita previa.