El Gobierno de Aragón ha concedido ayudas al alquiler para este año a 4.876 familias, lo que supone un incremento del 45% respecto a 2015. Según ha explicado este viernes la directora general de Vivienda y Rehabilitación, Mayte Andreu, ello ha sido posible gracias al aumento de la partida presupuestaria, que ha subido un 22% respecto al año pasado. Pese a ello, ha reconocido que más de 700 inquilinos se han quedado sin subvención "por falta de crédito".

En el conjunto de Aragón, los 5,7 millones destinados a este fin -se trata de fondos estatales- han permitido atender el 90% de las solicitudes presentadas, mientras que en 2015, en la provincia de Zaragoza, por ejemplo, no se llegó al 40%, ha destacado Andreu.

Además, la directora general ha subrayado que los cambios introducidos en los requisitos para acceder a estas ayudas han propiciado que estas lleguen a familias "muy normales" pero que están en "una situación precaria" y que antes "se veían excluidas" de la convocatoria.

Si el año pasado los ingresos medios de los beneficiarios estaban entre los 1.000 y los 5.000 euros al año, en esta ocasión se trata de unidades de convivencia con una renta de entre 5.000 y 10.000 euros. "No estamos hablando de situaciones de exclusión social, para las que existen otras ayudas, sino de familias con ingresos de entre 700 y 800 euros al mes y alquileres de entre 300 y 400", ha descrito Mayte Andreu.

La concesión de las ayudas se publicará a finales de este mes en el Boletín Oficial de Aragón y sus adjudicatarios serán informados por carta. El ingreso se hará en un solo pago en diciembre para cubrir el 40% de los gastos desde el pasado abril hasta fin de año, con un máximo de 1.800 euros. El importe medio oscila entre los 1.000 euros de la provincia de Teruel y los 1.300 en la de Zaragoza.

Por lo que respecta a la lista de espera para una vivienda social, la directora general ha informado de que en estos momentos hay 948 personas que tienen el derecho reconocido. Entre ellas, ha alertado de que hay más de 50 casos procedentes de desahucios a los que urge facilitar un piso de alquiler.

Andreu ha estado acompañada en su comparecencia por el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, que se ha referido también a la reciente suspensión por parte del Tribunal Constitucional de tres de los artículos del decreto ley de medidas urgentes de la DGA, tras admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Gobierno central.

Para Soro, es "muy preocupante" que se recurran solo los preceptos "que perjudican a los bancos". "No da ninguna solución y no nos deja actuar a los que las buscamos", ha reprochado al Gobierno del PP.

Pese al recurso, ha destacado que "hay margen para seguir trabajando", por ejemplo, "negociando convenios con los bancos". Eso sí ha advertido de que "es posible que hay un repunte de los desahucios" a raíz de la medida adoptada por Madrid, "y eso recaerá sobre la conciencia del PP", ha dicho.