La DGA da luz verde a la Renta Social Básica

El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de ley de Renta Social Básica, una norma que podría entrar en vigor, en función de la tramitación parlamentaria, antes de fin de año y que beneficiará a entre 13.000 y 14.000 personas, el doble de las que ahora perciben el Ingreso Aragonés de Inserción.

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, ha explicado el contenido de la norma en la rueda de prensa posterior a la reunión del ejecutivo, y ha asegurado que el objetivo de la ley, elaborada después de un "amplio proceso de participación", es conseguir que todos los ciudadanos aragoneses dispongan de recursos para poder vivir "con dignidad".

La ley considera esta renta un derecho "básico, subjetivo y de ciudadanía" y pretende dar respuesta a las nuevas desigualdades y perfiles de pobreza surgidos con la crisis económica y que quedaban desamparados con el actual sistema de ayudas.

La consejera ha recordado que las transformaciones económicas y sociales han afectado a muchas familias que nunca antes habían precisado recurrir a los sistemas de protección social y que el ejecutivo estableció como una de sus prioridades dar respuesta a estos aragoneses.

Y se pretende, especialmente, incrementar la solidaridad con los más débiles, conseguir una sociedad más segura, acabar con la pobreza infantil que hipoteca el futuro y evitar la cronificación de la pobreza.

La Renta Social Básica, que sustituirá al IAI y a la Ayuda de Integración Familia (AIF), será de dos tipos, la primera complementaria de los ingresos del trabajo, destinada a quienes tengan salarios por debajo del mínimo interprofesional y que supondrá cobrar cantidades variables hasta llegar a entre el 80 y el 115 del SMI (hasta percibir como máximo entre 622 y 753 euros en el caso de una familia de dos miembros).

Por otro lado, la renta de protección e inclusión social para personas sin trabajo, que también distingue dos tipos de prestación: para quienes no deseen realizar un proceso de inclusión, que cobrarán entre el 30 y el 60 por ciento del IPREM (indicador público de renta de efectos múltiples, que asciende a 532,51 euros), y para quienes sí que participen en un proceso de inclusión, que recibirán entre el 70 y el 105 por ciento del salario mínimo interprofesional.

Los procesos de inclusión se llevan a cabo con la colaboración de las entidades sociales y tiene como objetivo que estas personas se reincorporen al mercado laboral, para darles una segunda oportunidad.

En este sentido, se diseñarán módulos concretos en los que se ofrecerá formación, acompañamiento profesional o asesoramiento laboral o social, para diseñar itinerarios de inclusión que incluyen talleres, trabajo en grupo o terapias individuales.

A mayor esfuerzo de inclusión social y laboral, más cantidad económica se percibirá, ha explicado Broto.

El periodo de concesión de las ayudas será de dos años, con renovaciones indefinidas mientras se cumplen los requisitos establecidos.

Podrán solicitar las ayudas las personas empadronadas en Aragón durante al menos un año, que acrediten que no tienen recursos económicos suficientes, que no dispongan de bienes inmuebles a excepción de la vivienda habitual, y que no tengan dinero por una cuantía máxima equivalente a cuatro veces la modalidad de RSB que les pudiera corresponder.

Las ayudas podrán solicitarse en los servicios sociales de los ayuntamientos.

Las personas que estén cobrando el IAI o la AIF cuando la ley de la Renta Social Básica entre en vigor continuarán recibiendo su prestación hasta el periodo para el que éstas estén concedidas, momento en el que se iniciarán los trámites para pedir la nueva prestación.

Broto ha considerado que esta ley es de tal importancia que debe tramitarse de forma separada a las normas que ya se han presentado en las Cortes para atender las situaciones de emergencia ciudadana o la pobreza energética.