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La DGA asume más de 10.000 facturas de familias vulnerables para evitar que les corten la luz

La consejera de Ciudadanía anuncia que el lunes publicará el decreto de ayudas de la ley de pobreza energética.

La consejera de Ciudadanía, Mariví Broto, y el presidente, Javier Lambán, ayer en las Cortes.
La DGA asume más de 10.000 facturas de familias vulnerables para evitar que les corten la luz
Oliver Duch

Las arcas autonómicas han sufragado en lo que va de año 10.371 facturas de 7.000 familias vulnerables para evitar que les cortaran la luz. Así lo apuntó este jueves la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, Mariví Broto, quien garantizó en las Cortes que ninguna persona en dificultades se queda sin suministro en Aragón desde que la coalición PSOE-CHA entró en el Pignatelli en 2015.

Broto fue contundente a la hora de defender este derecho reconocido por ley hace un año ante las críticas de la diputada de Podemos Amparo Bella ante la falta de desarrollo de la normativa para combatir la pobreza energética. En este sentido, recordó que con la firma de los convenios con la Federación de Municipios y Comarcas y con las propias compañías ya se garantizó de antemano que nadie se quedara sin suministro. En lo que va de legislatura, la DGA ha asumido casi 21.000 facturas.

La consejera no solo negó cualquier falta de cobertura, sino que anunció que el lunes se publicará el decreto de prestaciones que establece la ley. Y manifestó que las ayudas tienen carácter subjetivo, por lo que al estar declaradas de "esenciales" no tendrán limitación presupuestaria.

Broto apuntó que la partida disponible alcanzaba los 2 millones de euros, aunque "afortunadamente" no ha hecho falta agotarla. Apuntó también que la consignación para que los ayuntamientos y comarcas atendieran las demandas es la que solicitaron de acuerdo al año anterior, que asciende a poco más de 1 millón.

La consejera de Ciudadanía reprochó a la diputada de Podemos que cuestionara la aplicación de la ley y su desarrollo y que pusiera en duda que los potenciales beneficiarios y los trabajadores sociales tuvieran claro el marco reglamentario. "Tengo plena confianza en los funcionarios", dijo.

Bella también recriminó la falta de comunicación de la ley, impulsada por Podemos y aprobada por unanimidad, a lo que Broto recordó que la información a los afectados sobre las ayudas corresponde a las compañías.

No solo Broto cuestionó a Podemos, ya que la diputada popular Ana Marín lamentó que la formación morada pretenda obtener "rédito político" de la pobreza energética. También abundó en que ayuntamientos y comarcas ya respaldaban a las familias vulnerables antes de aprobarse la ley.

El diputado aragonesista Jesús Guerrero se centró en pedir medidas integrales para combatir la pobreza energética, lo que a su juicio pasa por crear las condiciones para reactivar la economía, además de que la DGA respalde medida de eficiencia energética.

Desireé Pescador (C’s) advirtió la necesidad de armonizar las condiciones de acceso a las ayudas, ya que habrá familias aragonesas a las que se les corte el suministro por no cumplir las condiciones del decreto estatal y sí las de la ley aragonesa. "Nos preocupa el conflicto competencial", aseveró.

Mientras, Pilimar Zamora (PSOE) y Carmen Martínez (CHA) reafirmaron la tesis de la consejera.

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