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Sube el número de médicos y sanitarios objetores de conciencia en Aragón ante la aplicación de la ley de la eutanasia
Con datos hasta el 25 de noviembre, el registro sobre el particular que maneja el Departamento de Sanidad de la DGA ya contabiliza 523 médicos, 90 enfermeras y 6 farmacéuticas.
La oficina aragonesa de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD en Aragón) denunció a principios del mes pasado el suicidio de Emilia M.M., una mujer de 83 años que residía en el barrio de Las Fuentes de Zaragoza. Emilia se quitó la vida el sábado 6 de noviembre, al no poder soportar los terribles dolores que le ocasionaba “una luxación de cadera congénita, que con los años había ido sumándose a un grave deterioro de sus condiciones físicas, sin posibilidad alguna de mejora”, según la nota de DMD Aragón. Emilia, que era socia de este colectivo, había solicitado desesperadamente durante cuatro meses en su centro de salud la tramitación de su eutanasia, sin que el proceso llegase a comenzar siquiera.
Emilia quería acogerse al marco legal contemplado por la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE), en vigor desde el pasado 25 de julio, pero según DMD, ni su médica de familia ni nadie en el centro de Salud de Torre Ramona llegó a tramitar la solicitud. El hecho derivó en el cese del director de Atención Primaria del sector II, Juan Carlos Palacín, y el apartamiento de sus funciones para el coordinador del centro de salud de Torre Ramona, Luis Otegui; ambas decisiones fuero adoptadas por el departamento de Sanidad.
Los hechos descritos han derivado en un aumento del número de facultativos, sanitarios y farmacéuticos objetores de conciencia ante la aplicación de la LORE. Desde el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón aclaran que el último dato disponible en el registro oficial que manejan es del pasado 25 de noviembre; ese día se habían hecho objetores 523 médicos, 90 enfermeras y 6 farmacéuticos, un total de 619 personas, en contraposición a los 252 médicos, 27 enfermeros y 6 farmacéuticos del 9 de noviembre. En el Salud hay 4.200 médicos en la actualidad, por lo que ya han objetado un 12,45%.
Antonio Rovira, miembro de la junta directiva de DMD Aragón, explicaba este viernes que “el registro está ahí, y obviamente sigue incrementándose el número de objetores. Sinceramente, creo que el problema con el suicidio de Emilia fue de tiempo material para analizar los procedimientos de aplicación de la ley entre la clase médica y los sanitarios, ya que tras el suceso muchos profesionales declararon que no había recibido información suficiente. Esos procedimientos están publicados y detallados, pero cada vez hay menos número de médicos y sanitarios en la Salud Pública, tienen muchísimo trabajo y estrés. Quienes se hacen objetores no toman esa decisión por una deficiencia en la prestación de servicios de administración, o por falta de recursos para informarse al respecto, sino por esa razón de sobrecarga de trabajo y, naturalmente, debido a cuestiones personales o de creencias absolutamente respetables”.
La opinión del Colegio de Médicos
El doctor Javier García Tirado, presidente del Colegio de Médicos de Zaragoza, explica que la posición del organismo colegiado es clara. “Tenemos una ley aprobada y en vigor, y somos conscientes de que no se ha acompañado del desarrollo necesario, ha sido un proceso algo precipitado; la implementación de los procedimientos que hay que seguir no se han difundido de la forma adecuada. Debería haber estado mejor planificada, y dotar así a los profesionales de una formación más consistente, extensiva a sanitarios y parasanitarios, además de tratar de hacerla llegar a la población: no estaría de más. Los colegiados nos consultan sobre el registro de objetores y les vamos orientando: nosotros tenemos el nuestro propio, dividido por especialidades, pero no es el válido a nivel oficial. Nos sirve para hacernos una idea interna de la situación e incorporar ese particular a la ficha de cada colegiado”.
García Tirado apunta que “hemos notado un aumento de objetores en las últimas semanas, después del triste suceso de principios de noviembre; no es un asunto masivo, pero sí palpable. La ley llegó acompañada de cierta polémica, por las implicaciones morales e ideológicas que conlleva; además, coincidió con un periodo vacacional. Los profesionales aún no tenemos una conciencia plena sobre su desarrollo y, por desgracia, la realidad sacude en cualquier momento. Esperemos que no sea así, pero pueden repetirse pronto situaciones como la ocurrida en Las Fuentes. Abordar este asunto requiere de procesos más sólidos, pensados y participativos; es como abrir las puertas de un restaurante y que no estén encendidos los fogones ni la mesa puesta cuando llegan los comensales”.
Reticencias
Entre la clase médica hay muchas dudas al respecto de esta situación, incluso entre quienes ya han formalizado su objeción de conciencia. Un facultativo del Hospital Universitario Miguel Servet, que prefiere no dar su nombre, explicaba este viernes que sus dudas no estaban en el hecho mismo de la objeción, sino en el proceso de desarrollo de la ley. “Objeté el mismo día que dijeron en mi servicio que podía hacerse, por pura convicción personal. No he leído la ley en profundidad, pero sí he atendido a foros de debate sobre el particular y da la sensación de que se ha hecho con prisa, sin contar con todas las partes. No obstante, creo que los objetores estamos aún en franca minoría, te podría hablar de un 30% frente al 70% que aprueban la eutanasia y aceptan ejecutarla tácita o directamente”.
El médico alude al Comité de Bioética de España, que emitió un informe al respecto que fue ignorado por los promotores políticos de la ley, y al Código de Deontología Médica que maneja el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, que ya consideró en diciembre de 2020 al aprobarse la ley que había importantes interrogantes y cuestiones no aclaradas; por ejemplo, quién sería el medico responsable del paciente que iniciase el trámite y la cualificación que debería tener. El derecho a la eutanasia es ahora una prestación en el Sistema Nacional de Salud, y el paciente debe confirmar su voluntad de morir al menos en cuatro ocasiones a lo largo del proceso.
Otro médico del Servet hacía hincapié en las consecuencias administrativas del luctuoso suceso del pasado mes en Las Fuentes. “Conozco al coordinador cesado en Las Fuentes y me ha llamado mucho la atención todo lo ocurrido. Me extraña mucho que esa persona haya fallado en algo así; trabajé con él hace muchos años y confiaba plenamente en su criterio. Todos sus compañeros del centro Torre Ramona lo han defendido rotundamente, y eso da que pensar”.
