Vivienda y amnistía
Desde principios de año se conocía la intención del Gobierno de promulgar una nueva ley de vivienda y yo advertía en un artículo de 23 de mayo, ‘La vivienda’, que el problema de la vivienda en España es muy serio y complejo, que debería ser abordado con un profundo estudio y no con una ley tramitada por el procedimiento de urgencia.
Y, ante todo, de manera consensuada con todos los estamentos intervinientes en el proceso inmobiliario, especialmente con las comunidades autónomas, porque sendas resoluciones del Tribunal Supremo y del Constitucional establecieron la competencia plena en materia de vivienda a las comunidades que la hubieran asumido, si bien, en la práctica, se permitió la intervención del Estado a través de los Planes Generales de Vivienda en virtud de sus competencias en la ordenación general de la economía.
Los gobiernos de cada momento fueron lanzando sus Planes Generales de Vivienda que se cumplieron según sus propias previsiones. Pero ahora, publicada la ley 12/23, de 24 de Mayo, el actual Gobierno parece querer modificar la situación poniendo la competencia estatal por encima de la de las comunidades autónomas, y así lo demuestra cuando en el preámbulo se dice que existe "toda una pléyade de títulos competenciales cuyo título estatal exige la aprobación de normas estatales sobre materia de vivienda", y cita: La igualdad entre todos los españoles; el derecho de propiedad de la vivienda; la legislación básica en materia de medio ambiente; la relativa a las bases del régimen minero y energético con medidas de eficiencia en el ahorro energético; todo ello complementado con la idea de buscar el establecimiento de una regulación homogénea de los aspectos esenciales de la política de vivienda. Estos principios plasmados en ese preámbulo considero que suponen una imposición autoritaria del Gobierno sobre la ley y sobre las resoluciones de los tribunales.
En defensa de esta sospecha quiero resaltar el estupendo artículo del abogado José Manuel Aspas titulado ‘Contra la exposición de motivos’ (HERALDO, 3 de noviembre), en el que señala como uno de los rasgos de los regímenes totalitarios el intento de otorgar a las exposiciones de motivos de las leyes valor normativo, incluso superior al texto articulado. Y cuando yo andaba en estas humildes cavilaciones jurídicas ha estallado el gran terremoto, se ha firmado el acuerdo PSOE-Junts que ha conllevado la proposición de ley de amnistía y la investidura de Sánchez. Con ese pacto se ha consumado la más grande iniquidad que un jefe de gobierno puede cometer contra su propio país. La destrucción de su Estado de derecho y por tanto de su régimen democrático, al derribar una de las tres columnas que lo sostienen, la del poder judicial; se ha barrido la autoridad de los tribunales de justicia y además del modo más vil y humillante, sometiéndose a las imposiciones del prófugo de la Justicia Puigdemont, al que hemos podido ver con aires de gran político dictando sus condiciones y aseverando que esto no es más que el principio.
No es fácil imaginar dónde nos llevará este terrible camino, pero lo que es seguro es que el convenio citado no tenía otro objeto que la compra de los imprescindibles siete votos de Junts al precio que fuera para satisfacer el egocentrismo de Sánchez y su afán por mantenerse en el poder a cualquier precio.
