'Caso Koldo': así cayó la trama de mordidas que gangrenó la respuesta a la pandemia
Relato de la operación que ha destapado la red corrupta al calor del asesor de Ábalos cuando era ministro y que sacude la legislatura.
El martes 20 de febrero, después de las 7.00 de la mañana, agentes de la Guardia Civil entraron en una finca de Polop de la Marina, un pueblo de apenas 4.000 habitantes ubicado en el interior de la provincia de Alicante. Dentro del chalet de 206 metros cuadrados construido en la parcela, los investigadores entregaron en mano la orden de detención contra Koldo García y su mujer, Patricia Úriz. También el mandamiento para el registro de la vivienda, adquirida por ambos en diciembre de 2020.
De forma simultánea, los integrantes de la Policía Judicial accedieron a otra propiedad del que fuera asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes entre 2018 y 2021, señalado ahora como presunto cabecilla de una trama de comisiones irregulares en la adjudicación de contratos públicos en lo más crudo de la pandemia. La finca agrícola ocupa unos 10.500 metros cuadrados y está localizada en Callosa de Ensarriá, otro pueblo de la comarca de la Marina Baja a escasos cinco kilómetros del domicilio del matrimonio.
En la parcela 129 del polígono, Koldo y Patricia gestionan desde abril pasado una explotación de pitaya o fruta del dragón, un alimento que vuelve locos a los amantes del buen comer. Los suculentos cactus, muy resistentes a la sequía, están en un invernadero y justo al lado emerge un almacén. En total se gastaron 5.500 euros en comprarlo. Lo que más sorprendió a los investigadores en las vigilancias previas es que la finca se encuentra delimitada y asegurada por una valla alta, y dispone de un moderno sistema de videovigilancia.
No es causal esta medida de autoprotección que utilizaban los encausados. En una conversación intervenida el 16 de octubre pasado, Koldo y su hermano Joseba García -detenido también en el marco de la causa que instruye el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno- comentaron que un hombre había intentado robar en la explotación agraria no solo fruta, sino también un ordenador. "Lo tenemos grabado", revela el propietario, nacido en Barakaldo (Vizcaya) hace 54 años.
Koldo García llevaba un tiempo con la mosca detrás de la oreja, según se desprende de las conversaciones incluidas en el sumario. Temía o sabía (esto está por conocerse) que su teléfono estaba intervenido. Y los diálogos con sus interlocutores desde entonces contenían palabras clave para no dar pistas. Él prefería verse en persona y, meses antes de su detención, se convirtió en un asiduo del reservado de la marisquería La Chalana de Madrid. El local donde se vio con el exministro Ábalos el pasado 10 de enero para tratar los temas que más preocupaban a los tres principales investigados de la causa: el cabecilla y facilitador Koldo García, el conseguidor Víctor de Aldama y el "comisionista facilitador" Juan Carlos Cueto, según la investigación.
En un segundo escalón de la organización estarían el subinspector José Luis García, que trabaja en la seguridad del Ministerio de Transportes; el empresario Iñigo Rotaeche, administrador de la sociedad contratista bajo sospecha; y la familia al completo de Koldo García (hasta su hija de dos años es la titular de un piso en Benidorm gracias al incremento patrimonial en pandemia).
Así, tanto De Aldama como Cueto fueron los muñidores para que una sociedad "instrumental" sin experiencia en la venta de material sanitario y sin red comercial en China, Soluciones de Gestión, se hubiera llevado nueve contratos de urgencia (sin concurso público) en marzo de 2020 por 54 millones. Adjudicaciones de los ministerios de Transporte e Interior y los gobiernos de Canarias y Baleares bajo la presidencia entonces de los socialistas Ángel Víctor Torres, hoy ministro de Política Territorial, y Francina Armengol, presidenta del Congreso. Unas licitaciones con las que la trama pudo obtener un beneficio de 16,5 millones.
Temores al expediente balear
En otoño pasado los agentes de la UCO adscritos a la Fiscalía Anticorrupción ya estaban sentados en la mesa contigua del restaurante que frecuentaba Koldo y sus presuntos compinches. Vigilaban sus vehículos, sus entradas a casa, cualquier movimiento doméstico. Todo esto quedaba reforzado con el volcado de los 'pinchazos' telefónicos, según se constata en los informes remitidos al juzgado. Era cuestión de tiempo que estallara la operación. Y el aldabonazo fue el hecho de que De Aldama, a la sazón presidente del Zamora CF a quien el juez le ha bloqueado ahora 39 cuentas bancarias, estuviera desprendiéndose de su ingente patrimonio a toda prisa ante el temor a una inminente detención.
Pero antes de que los encausados cayeran con todo el equipo, su inquietud también quedó patente por otro asunto que ha acabado salpicando a Ábalos, quien de momento no está investigado por tráfico de influencias. Se trata del expediente administrativo abierto por el Servicio Balear de Salud en marzo de 2023, todavía bajo el Ejecutivo de Armengol que avaló la compra de mascarillas defectuosas, para exigir a Soluciones de Gestión el reingreso de 2,6 millones del contrato valorado en 3,7 millones.
El motivo fue una partida de mascarillas suministradas en 2020 que no cumplían con los requisitos sanitarios. Tras el recurso de la mercantil, los principales investigados se afanaron para que la reclamación patrimonial decayera. Solo tenían que conseguir lo que se denomina "silencio administrativo"; es decir, que el Ejecutivo balear, ahora bajo el Gobierno de la popular Marga Prohens, no respondiera a las alegaciones de la empresa.
De lo que se extrae del sumario es que el plazo venció el pasado 18 de enero y Koldo García y Juan Carlos Cueto, al parecer, habrían logrado su objetivo. Para ello, los agentes concluyen que Ábalos, exnúmero tres del PSOE, y su amigo Jacobo Pombo, empresario cántabro y exempleado del PP y de la fundación FAES, fueron los "intermediarios" para que el expediente decayera. Aunque Prohens sostiene que sigue vivo.
La agenda de contactos
Esta habría sido la prostera intentona de Koldo García. El hijo de un militante de UGT que dio el salto de Navarra a Madrid de la mano del PSOE; el portero de un club nocturno que se arrimó en 2018 a la sombra de Ábalos como chófer, primero, y luego como asesor político; el productor de pitaya que construyó una agenda propia de contactos y se ganó un puesto como consejero de Renfe y vocal en el Consejo Rector de Puertos del Estado. El organismo donde se fraguó el primer gran contrato de la trama: 20 millones a Soluciones de Gestión para la adquisición de ocho millones de mascarillas .
La investigación de la UCO se centra ahora en desentrañar precisamente hasta dónde llegaba la red de influencia de Koldo García en la Administración. El 19 de febrero, tres días antes de levantarse el secreto de las actuaciones, el juzgado autorizó que los agentes se personaran en los ministerios de Transportes e Interior y volcaran los correos corporativos de nueve altos cargos en el momento de los hechos.
Se trata de los presidentes de Puertos del Estado y Adif en 2020, directores o secretarios generales y jefes de departamentos. Buscan cotejar sus comunicaciones personales con la concesión de los contratos bajo sospecha. Para ello, también han recuperado los correos corporativos que envió y recibió Koldo García entre el 1 de enero de 2020 y el día antes de su detención. Un "hito especial" para la investigación, señalan en un informe, si estos documentos confirman que estamos ante una red de tráfico de influencias más amplia; extendida como una gangrena en la administración central.
Esta será la próxima fase del caso que reventó el 20 y 21 de febrero pasados tras 18 meses de investigación de la Fiscalía Anticorrupción y seis del juzgado. Todo a partir de una denuncia del PP de Madrid en marzo de 2022, en plena vorágine por la guerra fratricida entre Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado. El 'caso Koldo' ha devuelto la corrupción al primer plano de la política y sacude una legislatura que parecía marcada por la ley de amnistía.
