Pedro Sánchez se ata a Puigdemont y liga la legislatura a la negociación del referéndum

No será esta semana sino la próxima, pero Pedro Sánchez tiene ya asegurada su investidura, tras cerrar el polémico pacto con Carles Puigdemont. El PSOE y Junts escenificaron este jueves en Bruselas, el lugar elegido por el expresidente catalán para evitar la acción de la justicia española, el acuerdo por el que los siete diputados de la formación independentista se comprometen a votar a favor de la designación del socialista como jefe del Ejecutivo y a garantizar la estabilidad de su Gobierno durante los próximos cuatro años con dos condiciones: la contestada amnistía para los encausados del 'procés' y que se produzcan avances en la negociación del "reconocimiento nacional" de Cataluña y en la "superación de las limitaciones del autogobierno"; asuntos que los posconvergentes vinculan con la celebración de un referéndum y la cesión del 100% de los impuestos recaudados en Cataluña.

El documento de cuatro páginas rubricado en la capital comunitaria por el número tres del PSOE, Santos Cerdán, y el secretario general de Junts, Jordi Turull, no compromete estrictamente a Sánchez con ninguno de esos dos fines. A lo que sí le obliga es a discutirlos, desde este mismo mes de noviembre, con la formación secesionista, bajo la supervisión -otra concesión a la que en el pasado se opusieron los socialistas- de un verificador internacional. Puigdemont advirtió aun así de que los Presupuestos y otras leyes importantes dependerán de lo que se logre en ese ámbito. "El 'a cambio de nada' -remarcó en alusión despectiva a ERC, socio del PSOE la pasada legislatura- está en la papelera de la historia".

La encrucijada en la que voluntariamente han decidido ponerse los socialistas, después de toda una legislatura negando la constitucionalidad de la amnistía y defendiendo que Puigdemont fuera puesto a disposición judicial, es muy compleja, más allá de la ya contundente respuesta de la oposición (PP, Vox y UPN suman 170 escaños en un Congreso de 350); de la reacción social canalizada en protestas y disturbios como los vividos en los últimos días frente a sus sedes, y de la previsible actuación de una parte del poder judicial, ya atisbada en la declaración de los vocales conservadores del CGPJ este lunes o en el acelerón dado por el juez Manuel García Castellón a la causa de Tsunami Democràtic al acusar de terrorismo al expresident.

"Oportunidad histórica"

Cerdán alegó este jueves, sin embargo, en una rueda de prensa en el Hotel Sofitel de Bruselas, en el que llevaba alojado toda la semana a la espera del pacto, que lo que hace su partido es abrazar una "oportunidad histórica" para resolver el "conflicto" catalán "con generosidad y altura de miras". Eso, pese a las discrepancias que, aseguró, aún persisten en asuntos como el del referéndum.

Los socialistas han logrado que Junts asuma que la salida a la situación debe ser "negociada y acordada", lo que implicaría aparcar, al menos momentáneamente, la vía unilateral. A cambio, ellos hacen suyo, de forma acrítica, el relato independentista del 'procés', reflejado en el acuerdo como una consecuenca lógica y natural de la sentencia del Constitucional de 2010 sobre el Estatut y de la actitud de los Gobiernos de la derecha que, se esgrime, "no favorecieron una negociación política".

No es una cuestión menor. Puigdemont se vanaglorió de que se ha producido un "cambio de enfoque en la narrativa oficial" que llevará a que los acuerdos que se alcancen sean "irreversibles". Esa narrativa será además la que dé sustento a la ley de aministía que, pese a formar parte del acuerdo con Junts, sigue sin conocerse.

La norma -que debe ser registrada en el Cámara baja y calificada por la Mesa antes del pleno de investidura como garantía de cobro para los independentistas- tiene que pasar aún el filtro del resto de los socios. El PSOE quiere hacerlos corresponsables de una medida sobre la que este miércoles ya pidió explicaciones el comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, y pretende firmarla con todos ellos: Sumar, Junts, ERC, Bildu, BNG y PNV, aún pendiente de cerrar su acuerdo para con Sánchez. Los republicanos, además, quieren comprobar que Junts no ha colado como amnistiables causas que a su juicio no deberían ser incluidas como la de la expresidenta del Parlament, Laura Borràs, condenada por trocear contratos cuando estaba al frente de la Institució de les Lletres Catalanes.

El alcance de la amnistía sigue siendo, en todo caso, una incógnita. Cerdán solo apuntó que el margen temporal que abarcará será amplio, desde 2012 a la actualidad, y que "cubre a gente relacionada con el 'procés'", pero el pacto con Junts dice también que serán tenidas en cuenta las causas de 'lawfare', es decir, de utilización espuria de la justicia contra el adversario político, que puedan quedar demostradas en las comisiones de investigación que se abran en el Parlamento. En el entorno postconvergente se incluye como víctimas de esas prácticas a mucha gente, desde el jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Lluis Alay, investigado por malversación de fondos públicos por un viaje a Nueva Caledonia, a su abogado, Gonzalo Boye, acusado de blanqueo de capitales en una causa con el narcotraficante Sito Miñanco, o la propia Borràs. Cerdán insistió, no obstante, en que en ningún caso se ha hablado de nombres concretos y remarcó que, en cualquier caso, serán los tribunales los que tengan la última palabra.

El debate de investidura, el 15 y 16 de noviembre

No será sobre la bocina porque aun faltarán once días para que concluya el plazo de dos meses del que disponía Pedro Sánchez para amarrar su investidura y evitar una convocatoria automática de elecciones, pero sí bastante más tarde de lo que los socialistas habrían deseado. El pleno del que el líder de los socialistas debe salir elegido presidente del Gobierno tendrá lugar el miércoles y jueves próximos, 15 y 16 de noviembre.

La fecha, que aún debe ser comunicada oficialmente por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, da margen para cerrar el acuerdo pendiente con el PNV, para los órganos de Junts avalen el pacto suscrito y para que todos los socios de investidura lean el texto de la ley de amnistía y lo registren en la Cámara baja, como exigen los secesionistas antes abrir a Sánchez el candado de la gobernabilidad.

Junts se ha hecho desear. Los socialistas querían haber firmado el pasado jueves y contaban con que su líder ya hubiera sido ungido.

Feijóo "España ha perdido, los independentistas están ganando y el PSOE ha desaparecido"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se mostró muy crítico con un pacto con el que "España ha perdido, los independentistas están ganando y el PSOE ha desaparecido", y afirmó que combatirá por todos los medios y de forma "firme y serena" este "ataque" a la democracia.

En una declaración institucional "urgente y solemne" en la sede del PP, Feijóo acusó a Sánchez de actuar por "conveniencia personal, no por convivencia colectiva" y de "ceder a un chantaje" tras un acuerdo que, en su opinión, "convierte en legales hechos delictivos", en alusión a la ley de amnistía.

"La humillación a la que Sánchez está sometiendo a nuestro país está siendo completa e inapelable", añadió Feijóo, que criticó también que el PSOE acepte un "mediador internacional entre Cataluña y España, dando categoría a un supuesto conflicto internacional que no existe".

En su opinión, los "acuerdos de la vergüenza" del PSOE con los partidos independentistas "no resuelven ningún problema sino que los agravan todos", y considera que estos pactos son "un hito más en la erosión planificada de la democracia en España".

Abascal dice que iniciamos una "resistencia civil" ante un "periodo negro" en España

En la misma línea se manifestó el líder de Vox, Santiago Abascal, para quien el pacto supone el comienzo de un "periodo negro en la historia de España", ante el que su partido inicia una "resistencia civil que -augura- será larga".

Abascal, que se personó en la protesta ante la sede socialista en la calle Ferraz, apeló antes en rueda de prensa a una "resistencia civil pacífica pero firme" y reiteró su apoyo a las concentraciones contra la ley de amnistía ante sedes del PSOE en diferentes ciudades españolas.

Abascal, en la protesta de Ferraz

"Esto solo tiene un fin: o el autócrata con afán de tirano sentado en el banquillo o los que nos oponemos al golpe en la cárcel. Es la resistencia que se inicia en estos momentos ante un Gobierno que está dispuesto a todo", declaró el líder Vox.

Para Abascal, "no es el momento de los partidos" y no les corresponde a ellos convocar las movilizaciones, sino que es tiempo de que "los españoles aparquen sus diferencias partidistas para defender la convivencia y la nación". "Es el momento del pueblo unido y de las instituciones leales a su pueblo", agregó.

No obstante, explicado que su partido ha pedido al Partido Popular que se convoquen manifestaciones institucionales en las comunidades autónomas en las que gobiernan en coalición, y ha llamado a una "respuesta muy contundente y vehemente" y a una "resistencia civil, permanente, pacífica y firme".

Alegría pide a PP y Vox que “respeten” el resultado electoral del 23-J

Desde el PSOE, la portavoz Pilar Alegría defendió, sin embargo, el acuerdo alcanzado con los independentistas catalanes. “Trabajamos para consolidar los derechos conseguidos y no dejar que el pasado condicione el futuro”, dijo la aragonesa tras pactar con Junts la amnistía de los encausados por el ‘procés’. Pero sobre todo, la también ministra de Educación exigió a PP y Vox que “respeten” el resultado electoral del 23-J.

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