La Fiscalía inició 263 procesos por homicidio en accidente laboral en 2022, un 29,5% más
Murieron 608 trabajadores asalariados en accidentes durante la jornada laboral, 100 más que en 2021
La Fiscalía de Seguridad y Salud en el Trabajo inició 263 procedimientos por homicidio imprudente en accidente laboral en 2022, 60 más que en 2021 (29,5 %), un incremento "muy alarmante" que achaca a la reactivación económica y a una insuficiente inversión en la prevención de riesgos en el trabajo.
En 2022 murieron 608 trabajadores asalariados en accidentes durante la jornada laboral, 100 más que en 2021, según cifras del Ministerio de Trabajo que incluyen fallecimientos sin relación con posibles conductas punibles como infartos, derrames cerebrales o accidentes de tráfico.
Junto con la preocupación por el aumento de los accidentes mortales en general y de los que se investigan como homicidio imprudente en particular, la memoria anual de la fiscalía especializada en seguridad laboral señala como "muy insatisfactoria" la lentitud con la que se instruyen y se juzgan las responsabilidades penales derivadas de siniestros laborales.
Por ello insiste en la necesidad de contar, además de con fiscales especializados, con juzgados especializados que den una respuesta más rápida a los ciudadanos que son víctimas de estos delitos.
De acuerdo con la memoria, los juzgados de lo penal tardan de media 5 años y 8 meses en dictar sentencia, lo que supone un mes más respecto a 2021, a pesar de que el año pasado se dictaron más sentencias.
En lo que se refiere a accidentes laborales, en 2022 hubo 341 sentencias de las que 264 fueron condenatorias (el 77 % del total), la mayoría referidas a siniestros en el ámbito de la construcción producidos sobre todo por caídas y atrapamientos.
Sentencias sobre accidentes de hace casi 20 años
La memoria señala que continúa "sorprendiendo y preocupando" encontrar algunas sentencias en 2022 sobre accidentes de trabajo que se produjeron hace casi dos décadas, si bien el mayor número de sentencias ha tenido que ver con hechos ocurridos entre 2015 y 2019, lo que ya supone un retraso de entre siete y tres años.
La fiscalía señala que esos largos lapsos de tiempo suponen una mayor dificultad para celebrar el juicio y sostener el escrito de acusación por la imposibilidad de localizar a acusados y testigos, y por la falta de precisión de sus declaraciones tantos años después de ocurridos los hechos, lo que explicaría que las sentencias sobre hechos más antiguos terminen siendo absolutorias.
En su memoria anual incide en que, a pesar de que la dedicación de los fiscales especialistas ha permitido acortar plazos, la instrucción de los casos que han ocurrido hace más de cuatro años sigue siendo muy lenta.
También alude a algún fiscal delegado provincial que ha abogado por "profundas reformas procesales" para contar con un procedimiento más dinámico que elimine "las tretas procesales" que dilatan los plazos.
La importancia de visibilizar a las víctimas
La situación de las víctimas de los accidentes de trabajo es una cuestión que suscita "honda preocupación" en la unidad de seguridad y salud laboral del Ministerio Fiscal, que considera que tienen que ser "visibilizadas" del mismo modo que se ha conseguido con las víctimas de accidentes de circulación.
La fiscalía señala la "doble victimización" de los afectados y sus familiares por la larga duración de los procedimientos y porque durante todo el tiempo que se retrasa el proceso no tienen la posibilidad de cobrar indemnizaciones.
En este sentido, propone articular un mecanismo legal que permita al Consorcio de Compensación de Seguros anticipar la eventual indemnización, una vez realizada una estimación por parte del Ministerio Fiscal que tendría que aprobar el juez correspondiente.
La propuesta, asegura, está siendo valorada por el Ministerio de Hacienda para determinar su viabilidad.
Para la fiscalía la desprotección económica de las víctimas supone un "sufrimiento añadido", por lo que entiende que desde algunos colectivos se pida que tengan el mismo reconocimiento que las víctimas del terrorismo o de la violencia de género.
En la memoria se recuerda que hasta "tiempos muy recientes" el trato que se dispensaba a las víctimas se circunscribía a informarles del derecho a ser parte en los procedimientos, por lo que considera "fundamental e indispensable" el trabajo de los fiscales especialistas en defensa de los afectados.
