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La regulación del secreto profesional de los periodistas en España marcará este 2023 en los medios de comunicación
El año 2023 estará marcado, en el campo de los medios de comunicación en España, por el desarrollo legislativo del secreto profesional periodístico.
El año 2023 estará marcado, en el campo de los medios de comunicación en España, por el desarrollo legislativo del secreto profesional periodístico. Así, a punto de terminar el año, la ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, confirmaba la futura regulación por Ley orgánica del secreto profesional periodístico, que comprenderá el derecho a no revelar la identidad de la fuente, así como cualquier otra información que pudiera conducir directa o indirectamente a su identificación.
El secreto profesional de los periodistas está previsto en el artículo 20 de la Constitución y, sin embargo, a lo largo de 44 años de andadura constitucional no ha encontrado desarrollo legislativo. El trámite se lleva a cabo a través de una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista al proyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, cuyo borrador aprobó recientemente la Comisión de Justicia del Congreso en contra de PP y Vox.
En la enmienda transaccional, a la que ha tenido acceso Europa Press, se añade un nuevo título 'Regulación de protección del secreto profesional del periodismo' y cuatro párrafos a la exposición de motivos de la Ley. El artículo 1 establece que "ningún periodista será perseguido por proteger la identidad de sus fuentes".
En 2022, la aprobación de la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual tras más de una década sin cambios legislativos en esta materia, así como las modificaciones implementadas las cúpulas directivas de las tres grandes corporaciones televisivas han marcado el año que termina.
No sin polémicas, como la de las cuotas para la promoción de las lenguas cooficiales del Estado o la definición de producción independiente, el proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual era aprobado definitivamente en junio por el Senado, que le dio luz verde sin ninguna modificación respecto al texto remitido por el Congreso.
Tramitado por el procedimiento de urgencia, el texto salió adelante gracias al apoyo del PSOE y el PNV y la abstención del PP. En cambio, suscitó el rechazo de ERC, VOX, Más Madrid, Junts per Cataluña, Geroa Bai y EH Bildu, muy críticos por la negativa a introducir cambios en el trámite de la Cámara Alta.
Esta iniciativa, que traspone al ordenamiento jurídico español la directiva europea sobre la prestación de servicios de comunicación audiovisual, incluye unos principios generales aplicables a todo el ámbito audiovisual.
Entre estos principios se hallan la dignidad humana; la protección de los usuarios respecto de contenidos que atentan contra la dignidad de la mujer; la obligación de transmitir una imagen respetuosa y apreciativa de las personas con discapacidad; la promoción del pluralismo lingüístico existente en España; y la veracidad de la información. La Ley promueve la autorregulación y la corregulación en el ámbito audiovisual.
En relación con la protección de menores, la Ley obliga a todos los prestadores a facilitar información sobre el contenido que puede ser perjudicial para ellos, mediante sistemas de calificación por edades y aquellos programas cuya calificación sea 'no recomendada para menores de 18 años' tienen que emitirse entre las 22.00 horas y las 6.00 horas.
La norma flexibiliza los límites de la publicidad en los servicios de televisión lineal (en abierto y de pago). Así, se pasa de un límite de 12 minutos por hora a un límite máximo de 144 minutos entre las 6.00 horas y las 18.00 horas, y a un límite máximo de 72 minutos entre las 18.00 y las 24.00 horas.
En materia de promoción de obra audiovisual europea, se obliga a los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo lineal a reservar al menos el 51% del tiempo de emisión a obras audiovisuales europeas. De ese porcentaje, el 50% se reserva a obras en la lengua oficial del Estado o en alguna de las lenguas oficiales de las comunidades autónomas. De esta subcuota, RTVE reserva un mínimo del 15% a obras audiovisuales en las alguna de las lenguas oficiales de las comunidades autónomas, teniendo en cuenta la población y reservando un 10% para cada una.
En el caso de los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo a demanda deben reservar un 30% de su catálogo a obras europeas: la mitad (15%) deberán ser obras en lenguas oficiales en España y, de esa subcuota, el 40% deberán ser obras audiovisuales en alguna de las lenguas oficiales de las comunidades, teniendo en cuenta la población y reservando, al menos, un 10% para cada una de ellas.
En lo que se refiere a la financiación anticipada de la obra audiovisual europea, se establece una excepción al principio de país de origen, ya que cualquier prestador del servicio de comunicación audiovisual televisivo que opere en España debe contribuir a la financiación anticipada de la obra audiovisual europea.
Producción independiente
Los operadores obligados tienen que destinar el 3,5% a obra audiovisual en cualquier formato, que debe realizarse en la lengua oficial del Estado o en alguna de las lenguas cooficiales, frente al 0,9% anterior; y, por otro lado, destinar el 2% a la financiación de cine de productor independiente, que debe realizarse también en la lengua oficial del Estado o en alguna de las cooficiales, frente al 1,8% previo.
No se modificó, finalmente, la polémica definición de productor independiente que suscitó el rechazo de numerosos profesionales y asociaciones de productores del mundo del cine y la televisión. El sector de la producción independiente llegó a llevar sus reivindicaciones al Festival de Cannes y no descartó ir a Bruselas con sus reclamaciones.
Sin embargo, en el último Consejo de Ministros del año el Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual, que mantiene la definición de productora independiente "reclamada por el sector" y hace hincapié en que la dotación de las convocatorias de ayudas se destinará "mayoritariamente" a productoras independientes, y no a las obligaciones recogidas en la Ley de Comunicación Audiovisual, según explicaba el Ejecutivo.
El presidente de la Federación de Productores Audiovisuales Independientes (PIAF), Antonio Mansilla, calificó de "positiva" la definición de productor independiente, pero pedía "cautela" en el sector ante posibles cambios. "En la reciente Ley Audiovisual, que ya estaba pactada con el sector, en el último día se cambió la letra pequeña: habrá que ver el desarrollo que tiene la Ley en el Congreso", señalaba en declaraciones a Europa Press el productor.
Por otro lado, la nueva Ley Audiovisual establece que la financiación de RTVE se realice con aportaciones de todos los agentes presentes en el mercado audiovisual que compiten por la misma audiencia: televisión lineal en abierto; televisión lineal de pago; prestadores de vídeo bajo demanda; y plataformas de intercambio de vídeos.
Esta aportación, finalmente, deben realizarla prestadores establecidos en España, así como los que estén en otro país de la Unión Europea, siempre que ofrezcan sus servicios en España. Asimismo, se elimina la aportación directa que realizan los operadores de telecomunicaciones por la parte de su negocio que no se corresponda a la actividad audiovisual.
Cambios de gobernanza
El año 2022 también ha dejado cambios trascendentes en la gobernanza de las tres grandes corporaciones televisivas: Atresmedia, Mediaset España y RTVE. Javier Bardají fue nombrado consejero delegado de Atresmedia en sustitución de Silvio González; Elena Sánchez fue elegida presidenta interina de RTVE tras la renuncia de José Manuel Pérez Tornero; y Alessandro Salem sustituirá a Paolo Vasile como consejero delegado de Mediaset España en 2023.
