Detenido en Cerdeña
El incierto panorama judicial de Carles Puigdemont, ¿qué pasará ahora?
La justicia italiana resolverá si la orden de detención dictada hace dos años por el magistrado Llarena, que ha estado activa en todo momento, permite la extradición del expresidente catalán a expensas de lo que pueda decir el Tribunal de la UE.
La detención del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont en Cerdeña (Italia) abre un incierto panorama judicial sobre una futura entrega a España que dependerá no solo de la Justicia italiana sino de la eventual inmunidad que el Tribunal General de la UE (TGUE) le pueda volver a conceder, lo que frenaría todo el proceso.
Fuentes jurídicas consultadas advierten de que aunque Italia pueda parecer "a priori" un país más proclive a Bélgica o Alemania para acordar la extradición de Puigdemont, hay que ser "prudentes" porque lo mismo se pensaba de Alemania y, además, la posición de las autoridades judiciales italianas puede quedar condicionada a las próximas decisiones que adopte la Justicia europea sobre la inmunidad del expresident.
A continuación, un repaso a las preguntas y escenarios que se abren tras una noticia inesperada que irrumpió anoche de madrugada:
- ¿Qué ha ocurrido?
Carles Puigdemont fue arrestado anoche a su llegada al aeropuerto de Alguer por una orden cursada por el Tribunal Supremo y trasladado a la cárcel de Sassari, en Cerdeña, a la espera de pasar a disposición judicial, lo que puede ocurrir hoy o mañana.
El expresident se había desplazado a la isla italiana desde Bruselas para participar en un encuentro internacional organizado por la asociación Adifolk, junto a la consellera de Acción Exterior, Victoria Alsina.
- ¿Porqué se le ha detenido?
Las autoridades judiciales italianas han ejecutado la orden europea de detención que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena cursó por un delito de sedición y otro de malversación el 14 de octubre de 2019. Italia ha actuado así porque el expresident ya no goza de la inmunidad parlamentaria como eurodiputado desde el pasado 30 de julio, cuando se la retiró la Justicia europea.
- ¿La euroorden estaba vigente o suspendida?
Aquí la clave de bóveda. Conviven tres versiones contradictorias aunque con matices relevantes. El Supremo afirma que siempre mantuvo vigentes las ordenes de detención. Otra cosa es que desde el tribunal español pensaran que algún país las activaría habida cuenta de que se estaba la espera de la decisión del Tribunal de Justicia de la UE sobre la cuestión prejudicial planteada por Llarena sobre las razones que permiten rechazar una extradición.
La defensa de Puigdemont sostiene que España informó al Tribunal General que ningún país ejecutaría una orden de estas características, si bien no se dieron garantías de ello porque el Supremo jamás dictó un escrito retirando las órdenes de detención.
Y el auto del TGUE retiró la inmunidad cautelarmente a Puigdemont alegando que no corría riesgo de ser detenido porque España indicó que "la ejecución de las euroórdenes" había quedado "suspendida" hasta que el TJUE resolviera la cuestión prejudicial.
- ¿Qué puede hacer ahora Puigdemont?
Abrir la puerta que le dejó abierta la Justicia europea, es decir solicitar al Tribunal General de la UE medidas cautelares para que le devuelva la inmunidad que le retiró el 30 de julio.
Sus abogados presentarán una nueva demanda, "probablemente hoy o lo antes posible", recordando que en el punto 54 del auto del 30 de julio el TGUE indicó que "las autoridades españolas manifestaron la suspensión (...) de cualquier procedimiento de ejecución de una euroorden que pueda haber sido iniciada".
- ¿Y qué papel juega la Justicia europea?
Ahora el más importante, el de árbitro porque el TGUE dio la posibilidad a Puigdemont de volver a recuperar esa inmunidad.
"Pese a la desestimación de la demanda de medidas provisionales, los diputados mantienen la posibilidad de interponer una nueva demanda si, con posterioridad al presente auto, el perjuicio alegado resultara suficientemente probable, en particular en caso de que fueran detenidos por una autoridad de ejecución de un Estado miembro", recogió entonces el TGUE. Y eso es lo que ocurrió anoche.
En caso de que el tribunal europeo acceda a la petición de Puigdemont, el proceso abierto en Italia quedaría paralizado y a la espera de que ese mismo tribunal se pronuncie aún sobre la cuestión de fondo, es decir contra el recurso que Puigdemont interpuso contra la decisión de la Eurocámara de aprobar el suplicatorio que el Tribunal Supremo pidió contra el expresidente catalán y los eurodiputados de JxCAT Toni Comín y Clara Ponsatí.
- ¿E Italia, qué margen tiene de actuación?
Esta es la otra gran incógnita. Primero, hoy o mañana se producirá la audiencia de convalidación del arresto del expresidente ante la Corte de Apelación de Sassari. Lo previsible es que las autoridades judiciales italianas contacten con las españolas para preguntar si la OEDE sigue en vigor y comprobar la equivalencia de los delitos de sedición y malversación en el Derecho italiano.
Pero en esa audiencia, la defensa de Puigdemont puede alegar justamente lo contrario antes de que los jueces decidan si le ponen en libertad, acuerdan medidas cautelares o le envían a prisión.
Y a partir de aquí no hay nada escrito, pese a que España e Italia mantienen una estrecha cooperación judicial. Hay tres opciones: Que España e Italia empiecen a tramitar la extradición por los cauces correspondientes; que Italia espere a ver qué decide el TGUE sobre la nueva cautelar pedida por Puigdemont; o que directamente se desentienda del asunto de oficio alegando que no puede actuar mientras no se resuelva la cuestión prejudicial.
A la tercera puede ir finalmente la vencida en la batalla que mantienen el Tribunal Supremo, encarnado en este caso por el magistrado Pablo Llarena, y el expresidente catalán Carles Puigdemont para que éste último responda ante la Justicia española por el golpe secesionista fallido del 1 de octubre de 2017. Un tribunal de la isla italiana de Cerdeña deberá resolver en los próximos días si inicia los trámites para extraditar al líder independentista -que, en todo caso, se prolongarían varias semanas- o, por el contrario, procede a su puesta en libertad, como ya han pedido sus abogados.
El expresidente de la Generalitat está a la espera de que se fije la vista para declarar ante el Tribunal de Apelación sardo que debe decidir sobre su extradición a España, según ha dicho el abogado penalista Agostino Marras que le asiste en Cerdeña tras su detención la pasada noche cuando llegaba a la isla para participar en un festival de folclore. "No se sabe aún cuando será la audiencia de convalidación, que podría ser a última hora de la mañana de hoy o ya mañana, en función de cuándo lleguen los documentos que los jueces y yo debemos consultar", ha indicado el propio Marras a la prensa a las puertas del Tribunal de Apelación de Sassari.
No obstante, lo primero que tendrá que resolver la Corte de Apelación en Cerdeña es si se declara competente para entender del caso. Los abogados de Puigdemont le harán saber este viernes que existe un procedimiento abierto en el Tribunal de Justicia de la Unión (TJUE) para decidir si se le devuelve la inmunidad como eurodiputado (fue elegido en los comicios continentales de mayo de 2019) y logra con ello parar los trámites de su posible entrega a España. De hecho, así lo solicitó el propio expresident entre otras medidas cautelares, pero los magistrados europeos rechazaron a finales de julio anticipar cualquier tipo de actuación en ese momento.
Lo que sí hizo el Tribunal de la UE fue avisar a Puigdemont de que si el perjuicio alegado -que entonces parecía más teórico- era lo suficientemente probable o corría riesgo de materializarse -por ejemplo, con su detención durante un viaje como eurodiputado como ha ocurrido ahora- podría interponer otra demanda y, solicitar de nuevo que temporalmente se le devolviera la inmunidad parlamentaria. De hecho, los magistrados europeos citaban como ejemplo justificativo de ello, amén de su posible arresto, que se realizase alguna actuación tendente a su entrega a las autoridades españolas.
Pendientes de Luxemburgo
Lo cierto es que, según señalaron este jueves por la noche fuentes judiciales, la justicia española no había realizado una nueva acción contra el expresidente catalán. Precisaron en este sentido que la orden de búsqueda y captura que ha permitido ahora su detención fue dictada el 14 de octubre de 2019 por el magistrado Pablo Llarena, instructor de la causa abierta en el Tribunal Supremo contra los líderes independentistas, y ha seguido vigente en todo momento. A Puigdemont, procesado en rebeldía, le imputaba los delitos de sedición y malversación de caudales públicos, los mismos por los que fueron condenados aquellos y luego indultados parcialmente por el Gobierno de Pedro Sánchez.
La única orden que se retiró fue la dictada por la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. Y precisamente lo hizo el propio Supremo en diciembre de 2017 al asumir la competencia del caso para las personas aforadas. La duda jurídica ahora es si el Tribunal de Justicia europeo, con sede en Luxemburgo y que tiene pendiente de resolver aún el pleito que mantienen las justicias española y belga por la extradición fallida de Puigdemont en 2020, decide tomar cartas en el asunto. Así lo van a pedir sus abogados para que recupere su inmunidad parlamentaria y no tenga que responder, por ahora, ante la extradición que presumiblemente pedirá España a Italia en cumplimiento de la solicitud de Llarena.
