El PP, Vox y Ciudadanos piden que sea juzgado en España
La oposición advirtió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que no caben más medidas de gracia.
Las reacciones tras la detención del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, prófugo de la justicia desde 2017, no se hicieron esperar. A través de Twitter, dirigentes de Partido Popular, Vox y Ciudadanos fueron los primeros en reaccionar pidiendo que su juicio se celebre en España y se cumpla su sentencia. La oposición advirtió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que no caben más medidas de gracia. «Puigdemont debe ser juzgado en España por su golpe a la legalidad constitucional, y Sánchez debe comprometerse a respetar la sentencia de la Justicia sin indultos a cambio de permanecer en el poder», dejó escrito Pablo Casado.
Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, le calificó de «golpista renegado» y pidió a la justicia que «le siente en el banquillo y condene sus crímenes antes de que el Gobierno le vuelva a poner en la calle». Abascal subrayó que «ha hecho mucho daño a España y especialmente a Cataluña». «Debe ser entregado inmediatamente a España para responder por todos los delitos cometidos contra el conjunto de los españoles», dijo Ignacio Garriga, líder de Vox en Cataluña.
La detención es fruto de la orden de busca y captura dictada por el juez Pablo Llarena y que se encontraba activa. «A la espera de conocer los detalles, la detención de Carles Puigdemont es una buena noticia para todos los demócratas. Espero que pueda ser trasladado a España y responder por sus acciones. Nadie debe tener impunidad ni estar por encima de la ley», escribió Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos, con quien Puigdemont tuvo duros enfrentamientos en el Parlament con él como presidente.
Esquerra, a través de su cuenta oficial y a los pocos minutos de conocerse la detención, denunció que «la represión del Estado español no se frena. ¡Solo hay un camino, amnistía y autodeterminación! Todo nuestro apoyo, presidente».
La detención de Puigdemont se produjo horas después de que el Supremo considerara que los indultos parciales concedidos a los nueve presos del ‘procés’ secesionista catalán, aprobados por el Consejo de Ministros en junio pasado, no se hicieron en «fraude de ley» y cumplieron con los trámites preceptivos que marca la ley. Esta es la respuesta de la Sala Segunda (Penal) en un auto del pasado 8 de septiembre en el que inadmite la querella presentada por el partido político Derecha Liberal Española contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el exministro de Justicia Juan Carlos Campo, a quien el jefe del Ejecutivo relevó en julio. A ambos aforados les imputaba un delito de prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas) por la concesión de la medida de gracia «de manera torticera, como moneda de cambio a los grupos independentistas catalanes en contraprestación a su apoyo» al Ejecutivo.
El tribunal, presidido por Manuel Marchena y con ponencia de la magistrada Susana Polo, recrimina al querellante que no ofrezca «el mínimo análisis de los elementos del tipo (delictivo) cuya aplicación invoca» y recalca que la gracia del indulto «se ha ejercido por quien es competente» según la previsión legal, «sin que por ello pueda afirmarse su injusticia o arbitrariedad».
