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Diez presos etarras en cárceles alejadas del País Vasco

Ocho de ellos están internados en Andalucía, mientras que dos se encuentran en la Comunidad Valenciana, en concreto en Castellón.

Interior de la prisión de Zuera, donde se encuentran ahora nueve presos de la banda terrorista ETA.
Interior de una prisión española.
Heraldo

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (IIPP) ha ordenado el traslado de tres etarras a cárceles próximas al País Vasco, por lo que ya solo quedan diez internos de la banda recluidos en centros alejados de la comunidad autónoma, ocho de ellos en Andalucía y dos en la Comunidad Valenciana, en concreto en Castellón.

Además del traslado de estos tres condenados, Instituciones Penitenciarias ha dispuesto el traslado de Soledad Iparraguirre, alias Anboto, interna en la cárcel de mujeres Madrid I por razones judiciales y en calidad de presa preventiva, a la cárcel de Álava.

Francia entregó a España a Anboto en 2019 para que fuera juzgada por doce procedimientos pendientes y permaneció en la cárcel abulense de Brieva hasta que fue trasladada a Madrid I para facilitar sus comparecencias en los juicios pendientes en la Audiencia Nacional. La Junta de Tratamiento de Madrid I ha decidido su traslado a Álava alegando sus vinculaciones familiares.

El pasado mes de abril, Anboto se sentó por séptima vez en el banquillo de la Audiencia Nacional desde que Francia la entregara y volvió a apelar al "diálogo" para "no dejar la puerta abierta a que se repita una situación similar".

Uno de los tres etarras trasladado es José Ignacio Cruchaga, miembro del comando Barcelona y acusado del asesinato del edil del PP en Sant Adriá del Besós (Barcelona) José Luis Ruiz Casado en septiembre de 2000. Cruchaga pasará a cumplir condena de la cárcel de Almería a la prisión de León y cumplirá las tres cuartas partes de su pena en julio de 2023.

Ingresó en prisión el 16 de enero de 2001 y cumple una condena acumulada de 30 años por los delitos de atentado, asesinatos, homicidio, estragos e incendios, colaboración con banda armada, robo con fuerza, falsificación, atentado a la autoridad, tenencia de armas prohibidas y lesiones, según señala Prisiones.

Mientras, el etarra Alberto Viedma Morillas, condenado por los asesinatos del concejal de UPN Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, y del subteniente Francisco Casanova, será trasladado también desde la cárcel almeriense a la prisión de Topas (Salamanca). Recluido desde el 4 de marzo de 2002 para cumplir una condena acumulada de 30 años, cumplirá las tres cuartas partes en noviembre de 2022.

Por su parte, el etarra Francisco Ruiz Romero será trasladado desde la prisión de Murcia II a la de León. Ingresó en prisión el 25 de febrero de 2002 y cumple una condena acumulada de 30 años y 15 días por atentados, asesinato, depósito y tráfico de armas y lesiones.

Ruiz Romero fue el autor de los disparos que mataron en mayo de 1998 a Tomás Caballero y también fue condenado por la colocación de una bomba lapa en el automóvil de un militar, que fue un atentado frustrado. Según Prisiones, cumplirá las tres cuartas partes de la condena en diciembre de 2025.

Una semana más, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha vuelto a censurar al Gobierno de Pedro Sánchez por acabar con la política de dispersión de los presos etarras. En un comunicado, la AVT se ha referido también a las declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en las que señalaba que se estaba trabajando para castigar los homenajes y recibimientos a etarras como infracción administrativa, con la sanción correspondiente.

"Esto es algo que desde la AVT llevamos solicitando desde hace mucho tiempo, algo que esperemos que se convierta en una realidad lo antes posible y no quede en papel mojado", concluye la asociación. 

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