El PP niega que se puedan restringir los movimientos sin el régimen de excepción
Sostiene que los acuerdos del Consejo Interterritorial de Salud no pueden "limitar" derechos fundamentales
El PP salió de inmediato al paso de la teoría gubernamental de que las comunidades pueden restringir derechos sin el estado de alarma con tal de que se acuerde en el Consejo Interterritorial de Salud. "No es cierto", aseguró el consejero de la Comunidad de Madrid y vicesecretario de Justicia del PP, Enrique López. Lo que ha dicho el Tribunal Supremo, resaltó, es que "el órgano competente" para autorizar confinamientos y otras medidas restrictivas es "la Audiencia Nacional".
López instó a la vicepresidenta Carmen Calvo a que "venza esa pereza y lea la resolución" del Alto Tribunal. Recordó, además, que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha establecido que los acuerdos del Consejo Interterritorial "no son base suficiente para limitar derechos fundamentales".
El dirigente popular señaló que la tesis esgrimida por Calvo, y también por Pedro Sánchez, no es más que "un intento de justificar la dejadez y la desidia legislativa del Gobierno o a una falta de rigor técnico en el conocimiento de la norma". Sin estado de alarma, y con la legislación existente, insistió, no se pueden adoptar medidas coercitivas de derechos fundamentales y se remitió a dictámenes del Consejo de Estado que "han cuestionado que la Ley de Medidas Especiales (de Salud Pública" de 1986 tenga calidad jurídica suficiente para determinar restricciones sin el estado de alarma y con la misma intensidad".
De hecho, al menos dos comunidades gobernadas por el PP han reclamado por esa razón la prórroga del estado de alarma mientras no haya otro marco legislativo, como una ley de pandemias que ha propuesto Pablo Casado. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, advirtió de que las comunidades autónomas se quedarán "desnudas" para tomar decisiones tras el final del estado de alarma. El pasado martes, el de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, señaló que a falta de otras leyes, la continuidad del estado de alarma es "la solución menos mala".
La dirección nacional del PP, en cambio, no aboga por la prórroga del régimen de excepcionalidad constitucional e insiste en pactar un plan B jurídico, como demandó Pablo Casado este miércoles en el pleno del Congreso sobre la pandemia y el plan de recuperación.
El vicesecretario de Comunicación de los populares, Pablo Montesinos, emplazó al presidente del Gobierno a que "rectifique y llame" al líder de la oposición para acordar un nuevo marco legal que dé "seguridad" a las comunidades autónomas si a partir del 10 de mayo queda sin efecto el estado de alarma.
El PP también volvió a pedir a Sánchez que convoque una Conferencia de Presidentes para escuchar a los gobernantes autonómicos antes de tomar una decisión definitiva.
