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Nacional

CORONAVIRUS

Las residencias de mayores, de la tragedia a la esperanza

La vacuna aparece como la luz al final del negro túnel para los centros de mayores. En la primera ola, el 6% de los residentes en geriátricos, más de 20.000 ancianos, murieron de covid.

Mayores en residencias celebran Navidad pese a restricciones por covid
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Lavandeira jr

Sólo quienes estaban dentro saben de verdad qué ocurrió en las residencias durante la primavera: 20.268 mayores, el 6% del total de los usuarios de estos centros, fallecieron por covid-19 desde marzo hasta el 23 de junio. Ellos fueron la mitad de los muertos de la primera ola. El coronavirus arrasó buena parte de los geriátricos españoles, que tratan ahora de sacudirse la tragedia con la esperanza de la vacuna. Desde este domingo, aquellos que vieron morir a sus compañeros comenzarán a recibir las primeras dosis del remedio de Pfizer, en una especie de reparación mínima y tardía, pero reparación al fin y al cabo, del drama que sufrieron.

"Es una luz al final del túnel. En la primera ola fuimos los olvidados y ahora se nos coloca en el lugar en el que debíamos estar. Los mayores son los más vulnerables al virus y era lógico que fueran los primeros en ser vacunados", cuenta Ignacio Fernández-Cid, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), que agrupa a más de 2.400 residencias (la mayoría pequeñas) que cuentan con unas 150.000 plazas.

Explica Fernández-Cid que desde el primer azote, muchas cosas han cambiado en los centros de mayores. Ahora se toma la temperatura dos veces al día, hay medicamentos, equipos de protección para los cuidadores, el personal está formado, las residencias se dividen por zonas y en cuanto salta un caso, se aísla al paciente y su contactos, se ventila... "Pero lo más importante es que ahora, cuando llamamos al Sistema Nacional de Salud, nos responden. En la primera ola, estaban colapsados y no nos atendían", rememora el presidente de la FED.

Un estremecedor informe de Médicos sin Fronteras que se hizo público en agosto mostró la dura realidad. "Entre finales de marzo y principios de abril, cientos de residentes vieron denegada la solicitud de acceder a los servicios de urgencias e ingresos hospitalarios, restringiendo su acceso según comunidades autónomas y días de evolución de la epidemia. Sin alternativa, las residencias se vieron obligadas a mantener alojados a pacientes positivos con pronóstico muy grave", explicaba el documento, que había recopilado los testimonios de trabajadores de 500 residencias en todo el país. Por ejemplo, el de Alejandro, enfermero de una residencia.

"Se intentó derivar a dos residentes para los que ya no teníamos medios, pero desde el hospital nos confirmaron que no los admitirían. Me consta que nuestro médico insistió en la urgencia de esas derivaciones, pero le dejaron claro que de las residencias no se estaban haciendo ingresos. Sin más, no importaban los motivos para pedir la derivación. Los dos pacientes se murieron aquí en el plazo de dos días y, francamente, no tenía por qué haber sido así. Los dos eran recuperables", relataba Alejandro.

La Secretaria de Estado de Derechos Sociales, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, con la colaboración de las comunidades autónomas, entidades científicas, sociedades médicas y asociaciones de mayores, publicó a principios de diciembre el 'Informe del grupo de trabajo covid-19 y residencias', que también describía la tormenta perfecta que azotó los geriátricos: tardanza en tomar las primeras medidas (entre el 12 y el 18 de marzo, dependiendo de los territorios, se limitaron las entradas y salidas), uso compartido de espacios, difusión de la infección entre los usuarios cuando un centro se cerraba, ausencia de equipos de protección y de test, falta de planes de contingencia y plantillas cortas y además, diezmadas conforme se extendía la enfermedad.

Pero el verdadero valor de este documento ministerial es que entonaba el 'mea culpa' de las administraciones y reconocía que a muchos mayores se les negó atención médica por motivos de edad. "Se cuestionó en algún momento la adopción de medidas generales respecto a la posible restricción en la hospitalización de personas mayores y personas con discapacidad", lo que no debía haber ocurrido, admite el texto del Ministerio de Servicios Sociales, que dirige Pablo Iglesias, y que también recuerda a las comunidades autónomas, que tienen las competencias sanitarias transferidas, su obligación de atender a los pacientes de los centros de mayores: "Los sistemas sanitarios autonómicos deben establecer con carácter previo y de forma coordinada con los servicios sociales las fórmulas de apoyo concretas a los centros residenciales en los diversos escenarios". "El cuidado integral de las personas mayores y de las personas con discapacidad en residencias ante la covid-19 es una obligación legal, ética, sanitaria y social" porque "no se puede dispensar la asistencia sanitaria sobre criterios de esperanza de vida, ni difuminar la vida de cada persona mayor o con discapacidad en un grupo de iguales homogéneo", subraya el informe.

Poco a poco, las residencias regresan a su precaria normalidad, paradójicamente añorada. "Ahora tenemos los problemas de siempre: nos faltan enfermeras, médicos no nos sobran... Pero tenemos la vacuna y la buena noticia de que se va a inmunizar a todos los residentes, hayan pasado o no la enfermedad", afirma Fernández-Cid. Esa luz al final del negro túnel.

Las primeras dosis ya viajan hacia España por carretera

Un camión con dos contenedores cargados de vacunas (el Ministerio de Sanidad no ha facilitado el número concreto) salió el jueves de la planta de la farmacéutica Pfizer en la localidad belga de Puurs con destino a España. Una vez cruce la frontera, será escoltado por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hasta su estación final, la sede que la multinacional tiene en Guadalajara, donde la llegada está prevista para hoy sábado. Desde allí se repartirán a los 50 puntos de vacunación de todo el país para que este domingo se inicien las vacunaciones.

La primera de ellas tendrá lugar en el centro de mayores Los Olmos, precisamente en Guadalajara. A las 8.30, una residente y una cuidadora recibirán la inyección de la primera dosis de la vacuna. "Es una gran satisfacción porque representamos a todas las residencias de España", afirma Marina Vadillo, máxima responsable de esta residencia pública, dependiente de la Junta de Castilla-La Mancha, que actualmente cuenta con 70 residentes y 120 empleados. Dos equipos sanitarios procedentes del Hospital Universitario de Guadalajara se desplazarán hasta el centro para administrar las inmunizaciones.

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