Una media de 577 condenados por delitos sexuales pretenden trabajar con niños en España cada año, pero son detectados por el Registro Central de Delincuentes Sexuales del Ministerio de Justicia, que se puso en marcha en marzo de 2016. Así, en los tres últimos años, se ha evitado que 1.730 personas puedan ejercer de profesores o monitores de tiempo libre, entre otros trabajos, según los datos oficiales.

Todos los ciudadanos que quieran desempeñar una tarea profesional que requiera contacto habitual con menores, deben presentar un Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, tal y como establece Ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, así como la Ley de Voluntariado, ambas aprobadas en 2015.

En 2016, se emitieron 1.985.551 certificados, de los que 534 dieron positivo por delitos de naturaleza sexual; en 2017 se expidieron 1.996.658 documentos, 599 de ellos positivos, y en 2018, 1.994.375, de los que 577 se corresponden con personas condenadas. Desde marzo de 2016 se han expedido 5.976.584 certificados y el 0,03% dieron positivo (unos 1.730).

El Registro Central de Delincuentes Sexuales obtiene sus datos del Registro Central de Penados y el de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores sin que los órganos judiciales tengan que realizar ninguna inscripción adicional.

A su vez, facilita la información a jueces, fiscales y Policía Judicial para la investigación y persecución de estos delitos y permite, de manera gratuita y por medios electrónicos, la certificación de los datos inscritos, lo que posibilita al ciudadano acreditar la carencia de delitos de naturaleza sexual o, en su caso, la existencia de los mismos. 

La especialista en políticas de infancia de Unicef Comité Español Almudena Olaguibel señala que esta medida sirve de "filtro" para evitar que las personas condenadas por delitos sexuales trabajen en entornos en los que hay niños, pero advierte de que es "insuficiente".

Sostiene que hay que poner en marcha "entornos protectores para la infancia" a través de la legislación y la puesta en marcha del registro de delincuentes, pero también con políticas públicas, enfocadas en la prevención, detección y actuación rápida ante posibles casos de violencia o abusos a menores, y la formación de los profesionales que trabajan para que asuman